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México SOS
Por Alejandro Martí
Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja p... Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja para construir un México seguro. (Leer más)
La vara sigue alta
Señores funcionarios, la vara está igual o más alta que hace cinco años. Pero en esta ocasión ya no seré yo quien les pida su renuncia, sino la ciudadanía harta de no poder transitar por las calles con tranquilidad.
Por Alejandro Martí
7 de agosto, 2013
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angustia_violencia001“Si la vara es muy alta para atender la inseguridad en México; si no pueden, renuncien, pero que no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada. Eso también es corrupción”.

Con esta frase le reclamé al expresidente Calderón y a los funcionarios responsables de la seguridad pública del país su falta de eficiencia, profesionalismo y compromiso para atender el grave problema de inseguridad y poner fin a la espiral de violencia que desde entonces mostraba señales preocupantes de crecimiento e intensificación.

La semana pasada se cumplieron cinco años del cobarde asesinato de mi hijo Fernando cometido por policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Judicial del Distrito Federal, quienes gracias a las redes de impunidad llevaban casi dos décadas en el jugoso negocio del secuestro y homicidio de inocentes.

En la misma semana, diversos medios nacionales publicaron notas o artículos sobre el caso de mi hijo, las cuales  leí con profunda tristeza y, por qué no decirlo, con un alto grado de indignación porque en estos cincos años de dolor, de invertir tiempo y recursos en darle seguimiento a los juicios sustanciados contra los asesinos y delincuentes de Fernando, no sólo los procesos penales continúan inmersos en una burocracia judicial que impide saber cuándo serán sentenciados de forma definitiva -y con ello darle a mi familia y a la sociedad la certeza de que estos delincuentes estarán recluidos por lo que hicieron- sino que la situación del país en términos de seguridad y violencia ha cambiado muy poco desde que pronuncié dicha frase ante el Presidente de la República.

México sigue siendo un país violento e inseguro, donde lamentablemente las instituciones de seguridad y justicia muestran todavía graves problemas estructurales en su diseño y operación que les impiden evolucionar y profesionalizarse al ritmo que exige la realidad y la constante adaptación del emporio delictivo.

Basta con revisar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para constatar que el secuestro se mantiene en niveles alarmantes y que otros delitos de alto impacto como la extorsión muestran una clara tendencia a la alza.

En este sentido, tanto en el caso de mi hijo como en los miles de casos similares que existen en el país, el Estado mexicano sigue en deuda con sus gobernados y, en especial, con los millones de niños y jóvenes que merecen un futuro mejor.

Siempre he pensado con dolor que si México hubiera tenido gobernantes responsables, nuestra patria no estaría como está. El sufrimiento por la pérdida de nuestro hijo nunca se nos quitará, aunque este dolor se hace más profundo porque fue una muerte como muchas otras que se pudieron haber evitado, si las autoridades en sus tres órdenes de gobierno hubieran cumplido con una de sus principales obligaciones: garantizar la seguridad de su sociedad. Reconociendo que la corresponsabilidad de los ciudadanos que con su silencio o su propia complicidad han alentado la impunidad y corrupción.

Hoy como hace cinco años, invertir en la seguridad de los ciudadanos es poco rentable para los políticos porque a diferencia de las grandes obras, de los “ambiciosos” programas sociales con tintes clientelares o las alianzas corporativas con los sindicatos, esa inversión difícilmente tiene un impacto inmediato en la gente. En la lógica electoral de los políticos, la inversión en seguridad no consigue votos.

En estos cinco años se han multiplicado las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la seguridad y han proliferado los espacios de discusión entre ciudadanía y gobierno. Cada vez son más los activistas, académicos y expertos que participan en proyectos orientados a evaluar las políticas públicas de seguridad y proponer acciones concretas para controlar este problema. También el Congreso ha aprobado reformas fundamentales para transformar el obsoleto sistema penal, garantizar los derechos de las víctimas y dotar a las autoridades de mejores herramientas para combatir al crimen organizado.

Lamentablemente los frutos de estas acciones los veremos en algunos años, mientras tendremos que sobrevivir al complejo entramado de procuradurías, cuerpos policiales, jueces, ministerios públicos que aún operan en el país, cuya transformación transcurre en múltiples velocidades, con avances y desafíos distintos.

Estoy consciente de que varias de las autoridades responsables de la seguridad y procuración de justicia llevan pocos meses en su cargo, pero esto no debe ser un pretexto para dejar de redoblar la marcha, invertir más inteligentemente los recursos y lograr una mejor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Señores funcionarios, la vara está igual o más alta que hace cinco años. Pero en esta ocasión ya no seré yo quien les pida su renuncia, sino la ciudadanía harta de no poder transitar por las calles con tranquilidad, de no poder llevar a sus hijos a jugar en el parque o de no poder invertir en sus negocios por el alto costo de la inseguridad.

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