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México SOS
Por Alejandro Martí
Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja p... Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja para construir un México seguro. (Leer más)
Las marchas a consulta pública
Una consulta ciudadana sobre las marchas es el mejor mecanismo democrático para darse cuenta que miles de capitalinos estamos hartos de ser moneda de cambio dentro de las negociaciones políticas.
Por Alejandro Martí
2 de octubre, 2013
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En este mismo espacio hace quince días escribí sobre la necesidad de armonizar la libertad de manifestación con todos los derechos de los capitalinos que se ven afectados cuando se bloquean calles o se invaden los espacios públicos como el Zócalo. Mi propuesta en esa ocasión, como ahora, es muy simple: que la Asamblea Legislativa defina las reglas básicas de convivencia entre la libertad de manifestación y los derechos de los capitalinos.

En estas dos semanas, varios líderes políticos y empresariales han retomado este tema y su postura es básicamente la misma: regular las marchas para definir en qué supuestos la autoridad debe actuar con el fin de evitar daños a terceros, inhibir conductas delictivas o mantener el orden público. Nadie propone prohibir la libertad de manifestación, por el contrario, hay un amplio consenso en que debemos darle una solución al caos que provocan las manifestaciones. La ciudadanía está harta de ser rehén de los grupos que toman las principales avenidas y plazas por días y semanas, cuyas demandas sociales vienen acompañadas de intereses políticos muy concretos.

En este contexto, yo no veo ningún tipo de acción colectiva espontánea detrás de un bloqueo o de un plantón, siempre hay una estrategia bien definida con personas organizadas y experimentadas en el manejo de contingentes masivos; sin que haya claridad respecto de quiénes financian los gastos de alimentación y transporte (autobuses), quiénes compran o rentan las lonas y casas de campaña, quiénes participan de manera voluntaria o quiénes se ven obligados a manifestarse para no recibir una sanción o perder su posición gremial al interior de la organización.

Dentro de la propuesta de crear el “Fondo de Capitalidad”, los medios de comunicación han retomado las declaraciones de autoridades para plantear la idea de que los recursos de este fondo serán destinados para pagar los daños causados por  las manifestaciones y, con ello, dar respuesta al caos que vive nuestra ciudad cada vez que se bloquean calles o se invaden nuestros espacios públicos.

En principio, coincido plenamente con la propuesta de crear un fondo de capitalidad, similar al que existe en otras ciudades como Berlín, Madrid, París o Roma, donde los poderes federales o nacionales asignan recursos adicionales a las autoridades metropolitanas para garantizar su adecuada operación, así como compensar los costos políticos y económicos de residir en la capital de país.

En el caso del Distrito Federal, la presencia de los poderes federales le exige a las autoridades locales reforzar los servicios públicos a cargo de la ciudad: seguridad (cámaras de vigilancia, escoltas, cuerpos policiales especializados), alumbrado público, alcantarillado, limpia o mantenimiento de edificios, además de otorgarles ciertos privilegios fiscales como la exención del pago del predial que merman las finanzas del Distrito Federal.

Si en las próximas semanas el Congreso aprueba este fondo de capitalidad, sus recursos deberían servir para invertir en obras y servicios urbanos que compensen a la ciudad de México el costo de albergar a los poderes  federales, por lo que sólo en casos muy específicos se justificaría destinarlos para cubrir los daños causados por manifestaciones, pues de lo contrario lo que terminará pasando es que este fondo será insuficiente para pagar la reparación del daño generado por todas las marchas registradas anualmente en el Distrito Federal.

Hasta antes del desalojo del Zócalo realizado por la Policía Federal, las marchas y el plantón de la CNTE habían producido a las empresas ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad cerca de mil setecientos millones de pesos en pérdidas (CANACO: 760 millones, CANACOPE: 650 millones; CANIRAC: 300 millones), esto sin contar las demás afectaciones económicas y ambientales que sufre la ciudad por el tráfico y los congestionamientos viales.

Desde mi perspectiva, un fondo de capitalidad no debe financiar los daños que pudieron haberse evitado si las autoridades tuvieran un marco jurídico que defina claramente su actuación y, al mismo tiempo, los manifestantes supieran con claridad cuáles son las consecuencias de sus conductas si traspasan los límites impuestos por la legislación.

Si al aprobarse este fondo quedara abierta la posibilidad de que sus recursos se destinen a pagar la reparación del daño causado por marchas y plantones, se generará un incentivo perverso para quienes se manifiestan violando abiertamente la Constitución porque los “supuestos manifestantes” ya no sólo podrán salir bajo fianza cuando humillan a nuestros cuerpos policiales y cometen flagrantemente todo tipo de delitos, sino que tendrían la tranquilidad de saber que la reparación del daño será cubierta con nuestros impuestos. Es por ello que se deben establecer candados y mecanismos de control para que este fondo cumpla con su finalidad.

En este sentido, ¿por qué en lugar de arriesgarnos que el fondo de capitalidad se desvíe para reparar los daños causados por los manifestantes, no buscamos una salida que sea aprobada por nuestras instituciones soberanas?

En diciembre de 2012, nuestros representantes en la Asamblea Legislativa redujeron las penas a las conductas que alteren la paz pública, con lo cual abarataron el costo procesal para quienes abiertamente violan la ley y cometen actos de vandalismo protegidos con capuchas y bombas molotov, pues ahora con el pago de una fianza pueden salir en pocos días y disfrutar de una libertad que no merecen. Todos tenemos derechos y obligaciones consagrados en nuestra Constitución. ¿Por qué privilegiar a quienes impunemente agreden a nuestros policías y aplastan los derechos de los capitalinos?

Señores diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dejen de darle largas al asunto y pónganse a trabajar para endurecer las penas a quienes cometan actos vandálicos en una manifestación y para reglamentar un derecho cuyo ejercicio se ha tergiversado y, en la vida cotidiana, nos ha convertido en rehenes de grupos políticos bien organizados, que responden a una lógica clientelar y corporativa totalmente indiferente hacia los habitantes de esta gran ciudad.

Si le tienen miedo a sus grupos de presión o a perder sus clientelas electorales, convoquen a una consulta ciudadana. Es el mejor mecanismo democrático para darse cuenta que miles de capitalinos estamos hartos de ser moneda de cambio dentro de las negociaciones políticas. Hace apenas unas semanas eran los más entusiastas por apoyar la consulta pública sobre la reforma energética organizada por Alianza Cívica, ¿por qué no muestran ese mismo entusiasmo por defender nuestra ciudad y a quienes vivimos en ella?

 

@Alejandro_Marti

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