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México SOS
Por Alejandro Martí
Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja p... Presidente y Fundador de la organización México SOS que lucha contra la inseguridad y trabaja para construir un México seguro. (Leer más)
Por qué sí debe aprobarse la Ley de Seguridad Nacional
Por Alejandro Martí
16 de agosto, 2011
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En las últimas semanas se ha incrementado el interés de la ciudadanía en la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Nacional. Algunas voces se han pronunciado en contra del proyecto, otros hemos manifestado la urgente necesidad de contar con un marco legal que regule la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública.

En México SOS como en la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil organizada estamos a favor de que se dé este debate en las instancias legislativas, porque ésta es la vía democrática más efectiva para enriquecer o corregir el proyecto de Ley de Seguridad Nacional.

Es urgente e indispensable que nuestro país cuente con una Ley de Seguridad Nacional que fortalezca el Estado de Derecho y garantice la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos. Por ello exigimos a nuestros legisladores que tomen cartas en el asunto y aprueben cuanto antes una legislación que regule a las instituciones para que éstas salvaguarden y realmente sirvan a la ciudadanía.

Como están las cosas, lo peor que nos podría suceder a los ciudadanos es que el Estado tenga un uso discrecional de la fuerza, particularmente la militar. Por ello, necesitamos tener un marco legal que genere los protocolos de actuación y regule la actuación de las Fuerzas Armadas necesarios para garantizar la seguridad interior.

Quienes se oponen a ultranza a este proyecto legislativo no están sopesando adecuadamente. Como está la ley actualmente existen más probabilidades de que ocurran abusos en el uso de la fuerza y justamente una de las cosas que buscamos es ordenar la actuación de las instituciones de seguridad y justicia, así como acotar y definir con claridad sus áreas de influencia, temporalidad y jurisdicción.

Otro punto fundamental tiene que ver con que podamos establecer los criterios necesarios para identificar cuando una autoridad municipal o estatal se encuentra rebasada por la criminalidad y la forma en que puede presentar una declaratoria de afectación para que el Ejecutivo haga usos de recursos y medidas extraordinarias a fin de garantizar la seguridad interior de la Nación.

Estamos ciertos de que la correcta regulación de las instituciones de justicia contribuirá a fortalecer la seguridad pública, ya que una actuación de las fuerzas armadas regulada y con criterios bien definidos aumentará la certidumbre de los ciudadanos sobre su intervención.

Estamos ante un lamentable ejemplo –como hay otros en el país–  en el que la realidad ha rebasado la velocidad de reacción de las autoridades porque, de hecho, el Ejército ya actúa en distintas regiones de México debido a que ciertas  instituciones de seguridad pública se encuentran rebasadas. Sin embargo, lo hace sin un marco legal que delimite su participación y establezca los criterios para su intervención.

Establecer los lineamientos de su actuación y regular su operación dará certidumbre y confianza a la ciudadanía.

Contrario a lo que muchos piensan, esta ley abonará a la transparencia en el uso de las Fuerzas Armadas para situaciones que afecten la seguridad interior ya que su participación deberá estar justificada por una declaratoria de afectación por parte de las autoridades locales y esta declaratoria deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser conocida por toda la sociedad.

Sabemos que hacer uso de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad pública debe ser un recurso extraordinario, pero justamente por ello su intervención debe estar regulada y acotada a una situación y una temporalidad determinada. Desde la sociedad civil organizada pedimos a los legisladores que actúen con seriedad y responsabilidad, que escuchen todas las posiciones sobre este tema y aprueben una legislación integral y clara.

México lo necesita.

 

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