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Migraciones
Por Pedro Gerson
Pedro Gerson es abogado migratorio y penal en el Bronx, Nueva York. Trabajó en el IMCO, el gobie... Pedro Gerson es abogado migratorio y penal en el Bronx, Nueva York. Trabajó en el IMCO, el gobierno federal y fue profesor universitario en México antes de irse a trabajar en pro de los migrantes en Estados Unidos. Extraña a México todos los días, así que si lo van a ver llévenle tortillas y queso Oaxaca. (Leer más)
Alejandro y la criminalización de la pobreza
Un inmigrante se enfrenta a un sistema que lo obliga a proteger su estatus migratorio dejando por un lado sus derechos. Una fiscalía que persigue delitos aún cuando las víctimas se declaran responsables de lo que pasó. Un sistema que criminaliza las acciones de un niño como si fuese un adulto.
Por Pedro Gerson
13 de febrero, 2019
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Hace dos semanas Alejandro* estaba en la corte criminal del Bronx a punto de empezar un juicio por homicidio. Uno de sus abogados le había conseguido un traje que le quedaba como le quedan los trajes a los niños en los bautizos: guango, con mangas que llegan a la mitad de las palmas y pantalones que se amontonan al encontrarse con los zapatos. El traje era el más chico que el abogado encontró en una tienda departamental, pero para el promedio estadounidense Alejandro es diminuto: mide aproximadamente 1.58 y pesa no más de 50 kilos. Alejandro se había amarrado el pelo negro largo y obediente en una cola de caballo con la que jugaba nerviosamente.

El día anterior habíamos perdido una batalla para impedir el uso de cierta evidencia en el juicio y así que ahora Alejandro tenía que tomar una decisión: irnos a juicio sabiendo que iba a ser más difícil ganar, arriesgándose a pasar mínimo 8 años en la cárcel y una deportación asegurada, o declararse culpable de intento de homicidio y pasar un año en la cárcel con la oportunidad de evadir la deportación. Pero, ¿cómo es que llegó ahí?

Hace poco más de un año, mientras Alejandro estaba durmiendo en su cama, su mamá y su novio Jaime* llegaron borrachos y empezaron a tener relaciones a su lado. Alejandro se despertó y confundido pensó que alguien estaba violando a su mamá así que fue a la cocina por un cuchillo y apuñaló a Jaime. Esa madrugada Alejandro acabó en la cárcel y Jaime en el hospital.

Rápidamente, la mamá de Alejandro y Jaime contactaron a la fiscalía para pedirle que soltaran a Alejandro. Ellos sabían que ellos tenían la culpa de lo sucedido y no querían que Alejandro acabara en la cárcel por su culpa. Sin embargo,  el fiscal no hizo caso y siguió con la persecución. Eventualmente la mamá de Alejandro y su novio (las “víctimas”) cortaron comunicación con la fiscalía porque esta insistía en enjuiciar a Alejandro.

Las consecuencias del caso para Alejandro eran tremendas. Una sentencia por intento de homicidio no solo significaría mucho tiempo en la cárcel, sino la deportación asegurada. Esto es particularmente grave porque Alejandro, aunque no lo sea en forma, en el fondo es estadounidense. Apenas y mastica el español, no sabe qué familia tiene en México y no sabe siquiera cómo se llama el municipio de donde emigraron sus padres. Por otro lado, habla inglés perfecto, se sabe el mapa del Metro de Nueva York a la perfección, y está formando su familia aquí (su novia está embarazada). Y es que los padres de Alejandro lo trajeron a Estados Unidos a los 6 meses.

De regreso en el tribunal nos reunimos una vez más en una pequeña sala privada: Alejandro, su novia (ambos de 19 años) y sus tres abogados. Le explicamos a Alejandro su situación por enésima vez. Claramente podíamos ganar el caso de intento de homicidio. Sin embargo, era probable que el jurado lo declarara culpable de uno de los otro cuatro delitos de los cuales se le acusaba. De perder, cualquiera de esas sentencias llevarían a la deportación. Por otro lado, el juez -ignorando la objeción de la fiscalía- ofreció una sentencia como un menor a intento de homicidio. Al ser juzgado como menor, la sentencia no implicaría la deportación automática. Así que entre la espada y la pared proverbiales, Alejandro optó declararse culpable y al día siguiente entró a la cárcel.

Cuento esta historia no porque sea especial sino porque es común. Un inmigrante se enfrenta a un sistema que lo obliga a proteger su estatus migratorio dejando por un lado sus derechos (en este caso su derecho a un juicio). Una fiscalía que persigue delitos aún cuando las víctimas se declaran responsables de lo que pasó (¿en este caso podemos llamarlas víctimas siquiera?). Un sistema que criminaliza las acciones de un niño como si fuese un adulto (Alejandro tenía 17 cuando esto pasó). Y, más que nada, la criminalización de una tragedia familiar ocasionada por la marginación y el hacinamiento. Al fin y al cabo, las causas del “delito” de Alejandro son profundas y de poco sirve el sistema penal para atenderlas. Y, sin embargo, la cárcel nos mueve.

@elpgerson

* Uso este nombre para proteger la verdadera identidad de mi cliente.

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