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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
¿A dónde se van los soldados?
Por Catalina Pérez Correa
14 de octubre, 2011
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La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código de Justicia Militar para sancionar, con penas de 30 a 60 años de cárcel, a los militares y marinos que se incorporen o apoyen a la delincuencia organizada. El tema que no se mencionó en las discusiones -pero que está motivando la reforma- es el alto índice de deserciones que tiene el Ejército y la existencia de grupos de delincuencia organizada supuestamente conformados por desertores.

 

En agosto de 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional contaba, (según su página de transparencia) con 198, 510 elementos en activo, sin especificar el número de militares o de personal técnico administrativo. De acuerdo con la SEDENA, durante 2010 el delito de mayor reincidencia en la justicia militar fue el de deserción. Según sus datos, entre 1995 y 2010 el Ejército tuvo un total de 231,848 desertores (en otro documento, la SEDENA informa que del 2006 al 28 de febrero de 2011; 50,053 soldados habían consumado este delito).

 

No sabemos en qué momento, o por qué, estos soldados desertaron. La SEDENA dice no conocer las razones de las deserciones, aunque informa que el mayor número de desertores son cabos y soldados. Es posible que muchos de los soldados hayan desertado durante el entrenamiento, por considerarlo demasiado exigente. Otros, en cambio, han desertado tras recibir un adiestramiento altamente especializado. Tal es el caso de los 1,680 elementos de las unidades de fuerzas especiales que desertaron entre enero de 2000 y febrero de 2011. En cualquier caso, el elevado número nos habla de la alta movilidad que existe en las filas del Ejército, de los recursos que gasta el Estado en entrenamientos improductivos y de los muchos jóvenes que entran en contacto, aunque sea por periodos cortos, con la institución militar.

 

Un estudio de 2010, realizado por Galiani, Rossi & Schargrodsky sobre la participación de hombres jóvenes en el Ejército en la Argentina, demuestra que en ese país existe una relación estadística positiva entre el servicio militar y la probabilidad de cometer conductas ilícitas posteriores, especialmente delitos contra la propiedad. El estudio señala que la relación entre la participación en las fuerzas militares y el subsecuente involucramiento en actividades criminales es mayor si la participación se da durante conflictos armados que si es en tiempos de paz. Asimismo, se advierte que el servicio militar afecta negativamente las oportunidades laborales de quienes sirven en el Ejército y después buscan incorporarse al mercado laboral porque retrasa su entrada al mercado laboral, perdiendo competitividad frente a otros jóvenes en igualdad de circunstancia. Finalmente, el estudio señala una relación estadística entre la participación en el Ejército y la adicción a ciertas sustancias como el alcohol y el tabaco.

No sabemos el paradero de los 231,848 elementos que han desertado, y sería falso sostener que todo desertor se une a las filas de la delincuencia organizada, pero el número es preocupante y las altísimas penas establecidas ahora en el código militar para quien se una o apoye al crimen organizado, nos indican que tanto el Ejército como nuestros legisladores y legisladoras comparten esta preocupación. Muchas veces se argumenta que la participación de jóvenes en el Ejército es positiva, sobre todo para los que tienen escasas oportunidades, porque les da disciplina, alternativas laborales y educativas, además de mantenerlos lejos de la calle. Sin embargo, es posible que en nuestro país, como en otros, su incorporación tenga efectos negativos. Como señalan Galiani et al., la participación de jóvenes en el Ejército los entrena en el uso de las armas (reduciendo los costos de entrada a actividades que impliquen el uso de la mismas), disminuye la resistencia hacia ambientes sociales violentos y los familiariza con contextos de organización tipo cuadrillas.

Más allá de la pregunta inevitable sobre si el aumento de penas servirá para desincentivar la incorporación de militares a las filas de la delincuencia (sobre todo en contextos de poca capacidad de sanción), parece necesario preguntar si podemos entrenar a miles de jóvenes en el uso de las armas y a la vez esperar un resultado diferente. Necesitamos comenzar a estudiar los efectos sociales que está produciendo el creciente volumen de jóvenes que pasa por las filas de la milicia.

 

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