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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
Contra el machismo: paternalismo
Por Catalina Pérez Correa
8 de diciembre, 2011
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Hace unos meses, el estado de Oaxaca reformó su Código Penal para clasificar a la violencia intrafamiliar como delito grave. Esto implica dos cambios importantes. Primero, se obliga al Estado a perseguir el delito de oficio (esto es, con independencia de que la víctima quiera que se persiga o no). Segundo, la prisión preventiva se vuelve obligatoria; esto es, antes de ser declarado culpable, el acusado enfrentará el proceso tras las rejas, sin posibilidad de salir bajo fianza hasta ser declarado inocente o culpable.

Estas reformas se adoptaron en un contexto en el que se reconoce y visibiliza, cada día más, el problema endémico de la violencia intra-familair en México; violencia que se ejerce, principalmente, en contra de mujeres. Según el INEGI (ENDIREH, 2006), cerca de 50% de las mujeres mexicanas afirman sufrir violencia por parte de sus parejas, casi el 25% asegura que esa violencia fue física y cerca del 10% dijo haber sido víctima de violencia sexual dentro de su relación.

Los datos del INEGI sobre homicidios, confirman la gravedad del problema de la violencia intra-familiar: en 2009 hubieron 19,804 homicidios en el país (17,838 hombres frente a 1,902 mujeres). Llama la atención el papel de la violencia familiar en estas cifras. Mientras que 0.5% de los hombres víctimas de homicidio murieron en un contexto de violencia familiar, 5.8% de las mujeres víctimas de homicidio en el país murieron en este contexto. Es decir,  las mujeres mueren por esas razones diez veces más que los hombres.

A pesar de la gravedad del problema, pocas son las mujeres que denuncian los abusos cuando  constituyen un delito penal. En la ENDIREH, se les preguntó a las mujeres víctimas si acudieron a alguna autoridad para denunciar los hechos violentos. El 81.6% dijo no haberlo hecho. De éstas, 38.5% dijo no haber denunciado porque se trató de algo sin importancia; 23% no denunció por sus hijos; 18.6% no denunció por vergüenza; 17.3% no denunció por miedo y 13.7% no lo hizo para que su familia no se enterara. Para muchas mujeres, además, el proceso de denuncia es en sí un problema. Como dice Alejandra Vela Garza, directora de Alternativas Pacíficas, una ONG dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia: “el proceso de denuncia es un proceso muy doloroso en el que las víctimas tienen que revivir el abuso. El proceso las revictimiza.”

Lo poco frecuente que es el uso del derecho penal por parte de víctimas habla de lo inapropiado que es nuestro sistema de justicia penal para resolver el problema de la violencia familiar. El panorama se agrava cuando vemos que solo un mínimo porcentaje de los casos que sí se denuncian resultan en una sentencia. Por ejemplo, en 2010, de las 10,370 Averiguaciones Previas (APs) iniciadas en el Distrito Federal por violencia intrafamiliar, menos del 1% concluyó con una sentencia condenatoria (PGJDF). En todo el país, en 2010, hubo sólo 1,894 sentencias condenatorias por estos delitos en el fuero común. En otras palabras, en las pocas instancias en que las mujeres deciden acudir al sistema de justicia penal, la respuesta estatal es casi nula.

Las razones por las que las APs no resultaron en sentencias son diversas: la víctima perdona al ofensor, las autoridades no investigan o, si lo hacen, no logran aportar pruebas, etc. No quiero aquí ahondar en las deficiencias de la procuración de justicia, más bien me pregunto sobre la pertinencia de buscar en el derecho penal la solución al problema de la violencia familiar. Sin duda, para los políticos es redituable reportar a sus electores que tomaron medidas duras ante un problema de interés social. Pero la pregunta es si las medidas sirven de algo o si, por el contrario, perjudican o agravan el problema.

En su forma ideal, la intervención del derecho penal implica el arresto y encarcelamiento de la persona violenta; pero ello implica también la perdida, para el núcleo familiar, de su apoyo en el cuidado de los hijos y de su ingreso económico. Muchas mujeres prefieren no encarcelar a sus parejas ni tener que explicarles a sus hijos, vecinos o parientes que ésta está en prisión. Lo que quieren es detener los golpes y vejaciones en su contra y temen, quizá correctamente, que el sistema penal actual no lo logrará y si, por el contrario, generará otros problemas.

No quiero decir que el derecho penal no debe nunca intervenir en los casos de violencia intrafamiliar, ésta tiene muchas formas y su gravedad varía enormemente. Sin duda, en ciertos casos es justificado y deseable la intervención punitiva del Estado para alejar de tajo a la persona violenta de quienes le rodean. También es cierto que criminalizar la violencia familiar tiene una dimensión simbólica y manda un mensaje claro de que es una conducta inaceptable. Pero la respuesta del Estado de Oaxaca (y otros) no parece ayudar en la mayor parte de los casos. No previene los eventos violentos ni anima a más mujeres a denunciar. Más bien, parece una respuesta paternalista que quita a las mujeres su parte en el proceso.

La iniciativa de Oaxaca parece ignorar lo complejo que es el fenómeno de la violencia dentro de la familia y las razones iniciales por las que las mujeres no denuncian. Más aun, al hacer imposible el otorgamiento del perdón, es posible que empuje a que menos mujeres denuncien. Las agentes del MP ahora previenen a las víctimas de que una vez presentada la denuncia, no hay vuelta atrás. En cualquier caso, debe ser la víctima quien decida si se continúa o no con el proceso penal. Difícilmente va ser el paternalismo lo que libere a las mujeres de la violencia familiar.

 

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