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No hay derecho
Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
Corrupción para las élites
Queremos mantener el sistema de prebendas, corrupción e impunidad, pero no queremos que éste sea usado por los grupos de narcotráfico o delincuencia organizada. Lo cierto es que es imposible controlar que el sistema se corrompa para unos –una minera, cierta televisora o una constructora contratista del gobierno- pero no para otros –los Abarca o los Zetas-. No hay legalidad a medias.
Por Catalina Pérez Correa
6 de abril, 2015
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La historia es para todos conocida: el 26 de septiembre de 2014, policías municipales desaparecieron a 43 estudiantes y acribillaron a media decena más en las calles de Iguala. A 6 meses de los eventos es imposible seguir negando lo que muchos activistas, periodistas y académicos habían antes advertido: la infiltración del narcotráfico en diversas esferas del poder y la participación –activa o pasiva- de todos los niveles de las autoridades en el negocio de las drogas y del crimen organizado. El caso de los normalistas mostró a todos la culminación del proceso de captura del Estado: policías uniformados, en ejercicio de sus funciones y siguiendo la cadena de mando, actuaron abierta y desvergonzadamente al servicio del crimen organizado.

Según Humberto Padgett, hoy Guerrero produce 60% de la amapola mexicana cuya producción parece ir a la alza. Hoy México ha sobrepasado a Colombia en la producción de adormidera. Aunque siempre se ha sembrado amapola en la región, la producción ha cobrado relevancia –entre otras cosas- por la legalización de mariguana en los Estados Unidos y la erradicación de cultivos en medio oriente. Los testimonios que ofrece Padgett son reveladores: hay que plantar mucha mariguana para que deje poco y la amapola resulta entonces una mejor opción comercial. Un kilo de goma en Guerrero se vende en cerca de mil dólares. Ya convertida en heroína blanca, puede venderse en 6 mil dólares en las montañas.

Guerrero, junto con Chipas y Oaxaca, son los tres estados más pobres de México. En algunos municipios de Guerrero se calcula que 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, sin acceso a agua, educación o servicios de salud adecuados. Pero estos estados son sólo una muestra de la desigualdad y marginación prevaleciente en el país. En México viven cerca de 120 millones de personas. Según Ricardo Raphael, el 46% de los ingresos que produce el país se distribuyen entre el 10% de la sociedad (el sector más privilegiado). A la vez, al 10% más pobre le corresponde apenas el 0.3% de la riqueza del país. Las familias mas ricas de México ganan 200 veces más que la media de ingresos percibida por los mexicanos y 1086 veces más que el sector más bajo.

Podríamos decir que en estos contextos la participación de nuestras autoridades –cuyos integrantes, como los policías municipales, con frecuencia pertenecen a los últimos escalafones de la sociedad mexicana- y de nuestros campesinos en el negocio de las drogas, es inevitable. Pero la concentración de la riqueza y la marginación social llevan años existiendo. No existían, sin embargo, los niveles de violencia ni la cooptación plena de la instituciones del estado. ¿Qué ha pasado?

La administración pública mexicana es hoy un sistema en el que la separación entre intereses públicos y privados está colapsada. Como señala Ricardo Raphael, los cargos públicos se usan, las más de las veces, como una extensión del patrimonio personal para beneficiar empresas propias, a amigos o familiares o para obtener prebendas. Se usan también como una especie de fuero informal, para violar impunemente la ley o aplicarla a modo. Es un sistema en el que es difícil distinguir entre autoridades y empresarios: cada autoridad es un micro (o macro) empresario en potencia, gracias a las prerrogativas propias de su cargo.

¿Qué sucede cuando introducimos al narcotráfico en este sistema de prebendas, en el que la corrupción y la impunidad son la norma? El sistema se comporta como siempre: el interés público toma la forma del interés privado y la maquinaria funciona para favorecer y proteger al privado porque las estructuras legales e institucionales están sujetas a ser cooptadas por cualquiera, llámese Arellano Félix, Hilario Ramírez (el infame alcalde de San Blas) o David Korenfeld. El narcotráfico, en este escenario, es un interés más con posibilidad de capturar al sistema político y jurídico. Sin embargo, se trata de uno que está fortalecido por el hecho de que las drogas y sus mercados permanecen en la ilegalidad y sus empresarios tienen mayores incentivos y necesidades para cooptar los espacios de autoridad.

La encrucijada en que nos encontramos es esta: parece que queremos mantener el sistema de prebendas, corrupción e impunidad pero no queremos que éste sea usado por los grupos de narcotráfico o delincuencia organizada. Lo cierto es que es imposible controlar que el sistema se corrompa para unos –para favorecer a una minera, a cierta televisora o a una constructora contratista del gobierno- pero no para otros –los Abarca o los Zetas-. No hay legalidad a medias. La decisión que –como generación- tenemos delante es entre continuar permitiendo que el poder público sirva para aprovechamiento de los intereses personales en turno –sea quien sea – o reclamarlo como un espacio que sirva para procurar el interés común. Así de sencillo; así de difícil.

 

@cataperezcorrea

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