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No hay derecho
Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
El poder transformador del sistema penal
Los vicios del sistema penal son bien conocidos, pero igual se insiste en el uso de esa herramienta como clave para resolver los problemas de violencia social que hoy vivimos. Lo cierto es que el derecho penal y las cárceles tiene una capacidad transformadora escasa y muchas veces su uso tiene el efecto opuesto al deseado.
Por Catalina Pérez Correa
21 de agosto, 2015
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Leía ayer en alguna red social una nota sobre mascotas abandonadas. Los comentarios indignados de los lectores proponían la cárcel como solución al problema. “Sólo así aprenderán”, escribió un lector. Leo diario notas que denuncian la tala indebida de árboles en zonas urbanas, el maltrato de mascotas, las infracciones viales, la violencia doméstica. Las solución común para erradicar estas conductas es la cárcel. ¿Se insulta en Internet?: cárcel. ¿El señor no paga la pensión alimenticia?: cárcel. ¿Discriminación?: cárcel. ¿Drogas? ¿Aborto? ¿Homofobia? ¿Violencia de género? La solución es simple: cárcel. ¿No sirve la amenaza de cárcel para disminuir la violencia? Fácil: fijemos más años de cárcel.

El sistema penal siempre ha sido injusto, violento y suele trabajar para proteger el interés de los que tienen. A los jóvenes –sobre todo los que provienen de colonias marginadas- los acosan diariamente las policías en las calles. Las mujeres son discriminadas una y otra vez cuando acuden a las agencias de los ministerios públicos a denunciar violencia en su contra. A las personas con pocos recursos económicos se les da un servicio paupérrimo y se desestiman sus denuncias. Una y otra vez leemos estudios que muestran que en las cárceles acaban personas con los mismos perfiles: jóvenes pobres y marginados que comparten características sociales –y raciales- sospechosamente homogéneas. Las mujeres en prisión también son jóvenes y pobres, pero además casi siempre son madres. Vemos el enorme costo que tiene para las familias (principalmente mujeres sin recursos) el uso del sistema penitenciario. Ellas pagan no sólo la manutención de los hombres y mujeres en reclusión sino que además son extorsionadas de forma infame por el personal de los centros de readaptación social. Todo esto es bien conocido pero igual se insiste en el uso de esa herramienta como clave de la transformación social, como si poner a muchos en prisión pudiera resolver los problemas de violencia social que hoy vivimos.

Quienes claman el uso del derecho penal y el mayor uso de cárceles parecen obviar la naturaleza violenta y selectiva del derecho penal. Parecen olvidar también quiénes son los aplicadores del derecho penal: las policías, los militares, los custodios de las prisiones que ponen en marcha a ese sistema. La realidad es que el derecho penal y las cárceles tiene una capacidad transformadora escasa y muchas veces su uso tiene el efecto opuesto al deseado. La imposición de penas de cárcel sirve poco para disminuir los secuestros, la violencia o la discriminación, y no sirve para disminuir el consumo de drogas o los abortos. En cambio, implica la inversión de grandes cantidades de recursos a un sector muy poco productivo y a través del cual se cometen grandes injusticias.

No propongo aquí que el derecho penal nunca sea usado o que no se sancionen a homicidas y violadores. Sin duda, toda persona adulta responsable de causar un daño a los derechos de otros debe responder por sus acciones. Pero la respuesta debe ser proporcional al daño y servir para resarcir. Hoy el derecho penal parece ocupar toda nuestra imaginación y ser la principal herramienta para lograr algún cambio social. Buscamos el derecho penal para prevenir, castigar y expresar rabia e indignación, pero al hacerlo contribuimos a agravar las realidades que queremos cambiar. Si el objetivo es empoderar a las mujeres para que vivan libres de violencia parece más importante lograr salarios iguales por trabajo igual, escuelas de tiempo completo y paridad en las instituciones, que más años de cárcel para los agresores. Si el objetivo es evitar el consumo de sustancias riesgosas, es más útil dar información a los consumidores o potenciales consumidores. Si se quiere prevenir discriminación, incluyamos y normalicemos lo diferente. La energía investida hacia el mayor uso del sistema penal difícilmente logrará grandes cambios. En palabras de Laureen Snider: es cuestionable que el oprimido pueda exitosamente convertir la herramienta de opresión en una de liberación.

 

@cataperezcorrea

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