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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
¡Los malos merecen morir!
Una de las funciones principales del Estado es garantizar que todas las voces de la sociedad sean escuchadas y proveer los medios para que existan intercambios entre ellas. Así, corresponde a éste establecer (o reestablecer) los medios de comunicación entre victimas y victimarios, no eliminar a una de las partes.
Por Catalina Pérez Correa
6 de septiembre, 2013
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Para los miembros del programa de política de drogas del CIDE

 

Ante un artículo (aquí) que mostraba las empobrecidas condiciones –de hacinamiento, insalubridad, corrupción– de las cárceles de El Salvador, una voz llamaba –como muchas antes lo han hecho– a la revancha: “Es lo mínimo que se merecen los mareros que tienen como rito de iniciación matar a su madre y/o familiares”. El enojo en el reclamo de venganza contra los delincuentes es entendible, pero resulta inaceptable unirse a él por distintas razones, algunas de las cuáles esbozo acá:

 

1. El reclamo parte del presupuesto de que la sociedad debe retribuir a los delincuentes lo que hacen. Bajo ese supuesto, el sistema penal sirve para castigar a los delincuentes.

Tanto las normas internacionales como nuestro ordenamiento jurídico establecen que el propósito de la sanción penal es la disuasión de los delitos y la reinserción de los ofensores. Ambos sistemas rechazan la función retributiva del castigo, que justifica el castigo como pago por haber causado un daño o violado el pacto social. El propósito del castigo penal no es causar dolor o sufrimiento al ofensor, sino garantizar que las normas –y las personas que éstas protegen- no vuelvan a ser violentadas, ya sea por el ofensor o por otros. Numerosos estudios demuestran que son pocos los espacios donde los castigos (por sí mismos) resultan efectivos para disuadir a futuros ofensores de cometer delitos. En cambio, otras estrategias como el fortalecimiento de los lazos comunitarios, la disminución de la desigualdad social, la inclusión social, resultan más efectivos para disuadir a potenciales ofensores.

 

2. Otra versión del argumento afirma que aunque no prevenga delitos, nuestro sistema debe comunicar a los delincuentes nuestro rechazo absoluto, incluso de forma violenta. En esta versión, el sentido de la pena es expresivo. Su propósito es expresar un reproche general y comunicar al infractor la condena social por su conducta. Así, aun cuando el castigo pueda infligir dolor, está moralmente justificado porque cumple con una importante función social.

Para cualquier sociedad democrática, republicana y deliberativa, la comunicación tiene un papel central. La violencia, sin embargo, no es una forma de comunicación válida en la democracia deliberativa. Más bien es una forma de cancelar las posibilidades del diálogo. La interrupción del diálogo por parte de unos, no justifica la misma conducta en otros. Una de las funciones principales del Estado es garantizar que todas las voces en una sociedad sean escuchadas y proveer los medios para que existan intercambios entre ellas. Así, corresponde a éste establecer (o reestablecer) los medios de comunicación entre victimas y victimarios, como se propone en algunos modelos de justicia restaurativa y no eliminar a las voces minoritarias o a aquellas que nos resultan reprobables.

 

3.  El argumento asume que en nuestros países existe un sistema de impartición de justicia penal efectivo, eficiente y libre de corrupción. Los que están en la cárcel, por tanto, son “los malos” y los culpables.

Un vistazo a los muchos estudios que existen en nuestro país (ver aquí o acá) –y en nuestra región (aquí) permite ver que los habitantes de nuestras cárceles suelen compartir características sospechosamente similares. Se trata de hombres y mujeres jóvenes provenientes de los sectores más desprotegidos de la sociedad, de comunidades que carecen de oportunidades económicas y sociales básicas. La gran mayoría abandonó la escuela primaria y comenzó la vida laboral y –sobre todo en el caso de las mujeres- familiar, prematuramente. Además, durante su proceso la enorme mayoría no tuvo una defensa legal apropiada, que garantizara uno de los derechos procesales más básicos: el derecho a un juicio equitativo. Y, además, la mayoría  de las personas fueron violentados durante la detención (en la encuesta de Centros Federales del CIDE de 2012, 57.2% dijo que fue golpeado durante la detención), lo cual también hace cuestionable sus procesos. Por último, vemos que principalmente no se trata de mareros, zetas, o golfos, sino de personas acusadas de robos de poca monta o por delitos contra la salud menores (ver aquí). A muchos de ellos ni siquiera se les ha comprobado su participación en los delitos por los que están presos. Es decir, ignorando el punto sobre la función del castigo así como el del tipo de Estado y sociedad que queremos, resulta que el reclamo de venganza que festeja el sufrimiento de los presos, en los hechos, ni siquiera está correctamente dirigido.

Foto:noticias.lainformacion.com

Foto:noticias.lainformacion.com

 

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