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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
Medina Mora y el (des)equilibrio constitucional
La decisión que tome el Senado este martes sobre la candidatura de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte no sólo pone en juego uno de once lugares en la SCJN, sino también el tipo de Estado que se está construyendo.
Por Catalina Pérez Correa
9 de marzo, 2015
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A lo largo de la última semana los medios han publicado extensamente sobre el pasado de Eduardo Medina Mora, hoy candidato para Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre está ligado a casos tan indignantes como la fabricación de culpables de la masacre en Villas de Salvárcar; el encubrimiento del desastre minero de Pasta de Conchos; la ilegal detención y encarcelamiento de las tres indígenas otomíes Jacinta, Teresa y Alberta; la violación de mujeres detenidas tras los enfrentamientos violentos en San Salvador Atenco; el infame Michoacanazo; la trágica e impune guardería ABC y, el más reciente, sobre el trasiego “vigilado” de armas ilícitas en territorio mexicano (que implica, por cierto, que el señor mintió al Senado de la República durante su reciente comparecencia).

Todos estos casos, que en su momento indignaron profundamente a la sociedad mexicana, hoy vuelven a la luz pública, recordando la impunidad y la falta de responsabilidad pública que prevalece en nuestro país, especialmente entre los encargados de procurar justicia. Recuerdan también que en nuestro país, las personas encargadas de velar por el bien público pocas veces cumplen con su mandato, pero aun así –o quizás por eso- son premiados por el sistema.

No pretendo revisitar los detalles de los casos desenterrados que demuestran que Medina Mora no ha cumplido sus encargos ni con honorabilidad ni con probidad, como lo exige el artículo 95 de la Constitución de todo aspirante a Ministro de la Corte. Lo que quisiera subrayar en este espacio es que en la decisión que tome el Senado este martes no sólo está en juego uno de once lugares en la Corte, sino también el tipo de Estado que se está construyendo.

Comienzo con unos datos: cuando Medina Mora fue Procurador General de la República presentó 236 acciones de inconstitucionalidad, un promedio de 7.15 acciones al mes. Como contraste, su antecesor, Daniel Cabeza de Vaca, presentó 41 acciones de inconstitucionalidad equivalente a 2.15 acciones mensuales. A la vez, su sucesor, Arturo Chávez Chávez, presentó 22 acciones de inconstitucionalidad, equivalentes a 1.2 acciones por mes en promedio. Las acciones presentadas por el entonces procurador tuvieron una orientación marcada: todas, menos una, se presentaron en contra de congresos locales, es decir en contra de las legislaturas de los Estados.

Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo mediante el cual ciertos órganos del Estado pueden cuestionar la constitucionalidad de leyes y así impugnar los excesos de las legislaturas locales o federales. Dado que se trata de un mecanismo contra-mayoritario -por el cual el poder menos representativo de todos (el poder judicial) resuelve sobre decisiones que ha tomado el poder más representantivo y electoralmente legitimado (el legislativo)- debe usarse sólo en circunstancias extraordinarias. Por eso la Constitución exige que se reúnan 8 votos (de 11) en el Pleno de la Suprema Corte para echar abajo una ley. Se trata de un mecanismo potente y delicado. Pero, durante la gestión del entonces procurador Medina Mora se hizo uso de esta facultad para -en promedio 2 veces por semana- intentar restringir por la vía judicial y desde el Gobierno Federal, los procesos democráticos locales que se daban a los largo y ancho del país. Para un congreso local, estar constantemente teniendo que defenderse de la Federación ante la Suprema Corte implica una carga política -y económica- no menor.

De estos datos podemos desprender que Medina Mora entiende a la Corte Suprema como un órgano fundamentalmente político, activista, que puede ser incitado, una y otra vez, a usar facultades formales con fines políticos, a ocupar espacios que corresponden a órganos de representación popular.

México vive un claro periodo centralizador. Del federalismo revitalizado que inició en los tempranos 80 y que dio pie al escalonado y exitoso proceso de apertura democrática y pluralidad política que culminó con la alternancia por vía electoral, queda poco. Un amplio número de leyes y reformas federales han centralizado las decisiones del país en los último ocho años. Las elecciones, la educación y hasta las decisiones más básicas de seguridad local son sólo algunos de los temas que han quedado -cada vez más- bajo el control de la federación.

El nombramiento de Medina Mora debe entenderse como un paso más en esta dirección. No sólo estamos a punto de presenciar el nombramiento como garante de la justicia a un personaje ligado a graves violaciones de derechos humanos sino también de alguien con una clara visión antifederalista y antidemocrática. Lo que está en juego con este nombramiento es el sistema de pesos y contra pesos del gobierno: el mecanismo mediante el cual cada poder tiene su lugar dentro del sistema y la capacidad de limitar los excesos de otros. Lo que esta en juego, en breve, es nuestro frágil equilibrio constitucional.

Firma la petición para que no nombren a Medina Mora ministro de la Suprema Corte.

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