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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
Por qué decir "no" a las cárceles privadas
Por Catalina Pérez Correa
28 de mayo, 2012
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Las idea de tener cárceles privadas ha sido sugerida varias veces en el debate público como solución al problema de gestión  (costos, administración, corrupción) de los centros penitenciarios. Por ejemplo, ésta es una parte fundamental de la propuesta de Gabriel Quadri en materia de seguridad pública y también es una propuesta en que ha insistido el Partido Verde, y su candidato Enrique Peña.

Las cárceles privadas consisten en permitir a particulares su construcción y manejo.  El estado paga un mantenimiento mensual por cada preso a la empresa dueña. Como señalaba el candidato del PANAL durante el ultimo debate entre los candidatos presidenciales, este es un modelo que se ha adoptado en algunos países en Europa y en Estados Unidos. En este último caso, la privatización ha  tenido resultados nefastos que han sido repetidamente denunciados por reporteros y académicos por igual (y defendidos por empresarios y sindicados de guardias de prisión). Inclusive promotores tempranos de la idea, como Mark Kleiman, hoy abogan en contra de ella.

Existen dos problemas centrales con la  privatización de cárceles. La primera tienen que ver con los incentivos que se generan para tener a siempre más personas en reclusión.  Todo oferente en un mercado busca crecer. Precisamente, en Estados Unidos,  los medios de comunicación han mostrado el poder de esta industria -que se comporta como cualquier otra, haciendo cabildeo en los congresos y campañas políticas- para lograr la aprobación de leyes  o reformas por las cuales se aumentan las causas de detención, los años de sentencia por diversos delitos y se minimiza el uso de penas alternativas de prisión (como el uso de brazaletes). El año pasado,  el National Public Radio, reportaba los colosales montos de dinero que la Corrections Coorporation of America (CCA), la más grande operadora de prisiones privadas en aquel país, había dado a diversas campañas de personajes que después votaron por la aprobación en Arizona de la tristemente célebre ley anti-inmigrantes SB1070 (en adelante, Ley Arizona) que ordena la detención de toda persona que las autoridades sospechen de ser inmigrantes ilegales. (Acá el reporte completo). La medida genera un negocio redondo para los empresarios de la prisión: representa un flujo abundante y constante de “clientes”, que no pasan el suficiente tiempo en la prisión como para aclimatarse y, en consecuencia, son mas fáciles de manejar. En otras palabras, representan mucho volumen por poco tiempo. De acuerdo con Reporte Índigo, “CCA era la mayor contratista del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), pues contaba con 14 instalaciones contratadas por el ICE, 7 mil 183 camas en total. (…) En 2010, CCA reportó unos ingresos de mil 690 millones de dólares.” Leyes semejantes a la Ley Arizona hoy han sido aprobadas en al menos 5 Estados de la Unión Americana, impulsadas por una industria que tiene mucho que ganar. Hoy, además, según el Huffington Post,  frente a los problemas presupuestales que enfrentan los estados, la CCA ha enviado cartas a 48 entidades ofreciendo comprar las prisiones en manos del estado a cambio de 20 años de concesión y la promesa de que los estados las mantendrán, por lo menos, al 90% de su capacidad (!!).

Imaginemos ahora por 2 minutos el escenario de una industria con la capacidad de cabildeo que tienen estas empresas operando en México. ¿Cómo reaccionarían nuestros diputados, senadores y otros funcionarios públicos ante la presión (o tentación) de estos “empresarios”? Parte del problema, además, está en lo fácilmente vendible que, electoralmente, resulta el discurso punitivo (sólo tenemos que ver el éxito del Partido Verde basado en gran parte en su llamado a la legalización de la pena de muerte o la cadena perpetua).

En el esquema de prisiones privadas, cada “cliente” “paga” lo mismo -sea culpable o no, sea un presunto culpable o un multi-homicida-. Así, el “negocio” produce incentivos para convencer a las autoridades a meter a más y más personas, en prisión. Pero esas personas, como sabemos, serán, igual que hoy, las más vulnerables, no las más peligrosas. (El sistema de impartición de justicia será el mismo, independientemente de que se privaticen o no las cárceles).  Hoy las prisiones están llenas de gente que robó un artículo que valía unos pesos o de consumidores de drogas. El grueso de la “clientela” de las prisiones privadas vendrá de los mismos que hoy alimentan las prisiones estatales. Así, el proyecto de prisiones privadas, se convierte muy fácilmente en  un negocio por mantener a más y más personas en prisión, con beneficio sólo para la industria que se beneficiaría.  Aunque pueda ser el caso que el sector privado sea más eficiente y menos corrupto que el sector público en la administración de recursos, esto no ha sido la experiencia mexicana –piense Telmex o la industria azucarera-, y difícilmente lo será en un sector que a la sociedad le produce antipatía y desprecio.

La segunda crítica tiene que ver con lo que son las funciones propias del Estado. La seguridad pública no es una función de los particulares sino del Estado. Esto es una de las transformaciones fundamentales entre el estado medieval y el estado moderno.  La sanción de delitos y la imposición de penas, es una parte de la seguridad pública y ésta no puede ser delegada a particulares. Delegarla es el equivalente a privatizar el Estado. Mucho se alarman los mismos que hoy proponen cárceles privadas –y con razón- de que el crimen organizado cobre impuestos en los territorios que controla; pero a la vez, proponen que sean otro tipo de empresarios privados los que controle otra función elemental del estado, la seguridad pública.

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