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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
¿Porqué Apodaca no es Acteal?
Por Catalina Pérez Correa
12 de marzo, 2012
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A casi un mes de la supuesta riña en el penal de Apodaca, Nuevo León, durante la cual se fugaron 30 internos del penal y 44 más fueron asesinados en sus dormitorios,  seguimos sin conocer los detalles del incidente, de los perpetradores de la masacre o de las víctimas.

De la información que se ha ido filtrando a cuentagotas a través de medios impresos y electrónicos –información proveniente principalmente de entrevistas-, se reconstruye que, en algún momento de la madrugada del domingo 19 de febrero, el jefe de seguridad del penal suspendió los rondines de vigilancia en ciertas aéreas. En ese momento, algunos custodios escoltaron a los 30 prófugos a la torre 6 de seguridad para que saltaran al otro lado de la barda, en donde un convoy los esperaba para fugarse. Al mismo tiempo que estos internos están escapando, otros custodios dieron acceso a “otras personas” –no queda claro si eran también internos o parte del convoy que esperaba afuera-  a una de las áreas de dormitorios. Ahí asesinaron, mientras dormían, a 44 internos con palos, fierros y navajas -algunos de ellos al grado de quedar desfigurados e irreconocibles-.  Según estos recuentos, no se trató de una riña -como sostuvieron inicialmente las autoridades de Nuevo León- sino de una masacre planeada y ejecutada con premeditación, alevosía y ventaja.

El número de muertos en Apodaca es casi el mismo que las muertes de la matanza de Acteal –45 personas-. Mientras que hoy un grupo de activistas pretende responsabilizar personalmente al ex­-presidente Zedillo por aquellos eventos, en el caso de Apodaca la matanza pasó durante algunos días como nota roja y hoy pocos exigen al gobierno del estado se que  haga cargo de las vidas perdidas bajo su custodia. ¿Acaso las vidas de quienes están dentro de los penales valen menos que quienes las pasamos fuera? Ciertamente hay importantes diferencias en las circunstancias de estas dos matanzas pero la forma tan distinta de pensar en (y condenar) unas y otras muertes nos habla de la estigmatización de la población carcelaria en nuestro país. Aunque la mitad de nuestros presos no hayan sido condenados ni se les haya probado culpabilidad, son condenables y condenados por la sociedad. Según Sanjuana Martínez, el 40% de los presos del penal de Apodaca esta en proceso, sin sentencia: acusados pero no sentenciados.

De los testimonios que han salido a la luz sobre el penal de Apodaca, se sabe que desde años atrás tanto familiares como reos denunciaban extorsiones, torturas y todo tipo de violaciones por parte de autoridades y por otros internos del penal. Según los testimonios, en el penal se vivía una complicidad absoluta entre autoridades penitenciarias con un grupo delincuencial que controlaba la operación del mismo. Las autoridades estatales, dicen lo entrevistados, nunca atendieron las denuncias (ver, por ejemplo, acá). El director del penal, Andrés Martínez, fue nombrado al cargo, a pesar de serios cuestionamientos sobre su desempeño anterior. De acuerdo con varias fuentes, en 2009 había sido cesado como director del reclusorio de Santa Martha Acatitla por supuestos actos de corrupción. Además, permaneció como director a pesar de que en noviembre de 2012 se fugaron, bajo su dirección, 3 presos del penal.

El evento trágico de Apodaca fue seguido por declaraciones del Gobernador Rodrigo Medina, quien tras insistir en la existencia de una riña entre miembros del Cartel del Golfo y los Zetas procedió a leer los nombres de los 44 reos asesinados -dos de los cuales no pudieron ser identificados(¡¿?!)-. El gobernador leyó los nombres de los 30 reos fugados y especificó que 25 de los 30 reos federales estaban acusados en el fuero federal. En contraste, no se dio más información sobre las víctimas de la masacre. No se dijo de qué delitos estaban acusados, ni sus edades, ni tampoco si habían sido sentenciados o si estaban en proceso, en espera de que se determinara su responsabilidad penal.

Hoy, prevalece en medios electrónicos la versión inicialmente aportada por el Gobernador de Nuevo Leon y el procurador: una riña. Es además explicada como un enfrentamiento (o vendetta) entre miembros del Cartel del Golfo, al que pertenecían los asesinados, y miembros de los Zetas, grupo al que pertenecían los prófugos. Con ello, se cierra la carpeta y se desecha, pareciera, la necesidad de investigar. No se informa a la ciudadanía sobre la identidad de las víctimas, sobre cómo se explica la incapacidad del Estado de resguardar la vida ahí donde supuestamente tiene mayor control, o sobre la complicidad de las autoridades en la matanza. La explicación de que fue venganza entre delincuentes, como bien dice Fernando Escalante, parece suficiente para justificar cualquier grado de violencia. Parece también suficiente para solapar la incompetencia –en el mejor de los casos- de las autoridades y -en el peor- su complicidad en una masacre de las proporciones de la que cimbró al país hace 15 años.

 

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