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Por Catalina Pérez Correa
Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estu... Abogada, socióloga y antropóloga del derecho. Profesora - Investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Preocupada por las formas en que las normas, las estructuras y los procesos legales discriminan. En contra de los fundamentalismos. A favor de una sociedad más equitativa, libre, y sustentable. Contacto: [email protected] (Leer más)
¿Quiénes son los detenidos de la guerra contra las drogas?
Por Catalina Pérez Correa
24 de enero, 2012
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“Los logros de los hombres son más admirables cuando uno contempla las limitaciones bajo las cuales laboran”

Julio Cesar a Lucio Mamilus Turnius,

Los idus de marzo, Thornton Wilder

Lo siguiente es parte de una entrevista realizada a una chica (de 20 años) sentenciada a 10 meses de prisión por el delito de posesión (de mariguana), con fines de comercio. Admite dedicarse al narcomenudeo y es la segunda vez que está en prisión.

“Ahí dónde vivo, la gente esta amenitas. Yo me juntaba con puros cholos. Siempre me gustaba. Me corrieron de la primaria por agarrarme a patadas con una chava. Faltaban 2 meses para que terminara.

Mi mamá trabaja en casa. Hace el quehacer y la comida. Gana $700 a la semana. Los fines de semana lava y plancha. Mi papá se fue. Se fue cuando yo era chica. Tengo tres hermanos.

Cuando me preguntaron que si quería vender pensé: ¿quién me va a dar trabajo? Si no tengo primaria ni se hacer nada.”

– “¿Quienes son tus clientes?”

– “Me compran humildillos, que trabajan de albañil. También muchachas que se prostituyen. Esos son los que me compran.”

 

Mucho se ha escrito, en éste y otros espacios, sobre los costos de la política prohibicionista en materia de control de sustancias ilícitas. Costos que van desde los gastos presupuestales necesarios para detener, procesar, enjuiciar y encarcelar a los infractores de las normas en materia de control de sustancias ilícitas; los costos sociales que representan la violencia y corrupción generados por la política prohibicionista; los prejuicios a la salud para consumidores que consumen productos de calidad dudosa (por tener que recurrir a un mercado clandestino) y los que conlleva su estigmatización por realizar una conducta que, en la mayor parte de los casos, no llega a ser problemática; hasta los costos legales para los ciudadanos que vemos, año con año, más derechos restringidos en aras de una “guerra contra las drogas” que no da resultados.

Otro tanto se ha escrito sobre los peligros de despenalizar. Frecuentemente se señala que la despenalización aumentaría el número de consumidores, que desestabilizaría las relaciones internacionales del país y que además no resolvería el problema de la violencia ni de los mercados negros.

En el intento por justificar la política en uno u otro sentido, sin embargo, se pierden de vista a las personas directamente afectadas por la política prohibicionista. ¿Quiénes son las personas detenidas, procesadas y encarceladas por delitos contra la salud? ¿Quiénes son las 72,460 personas detenidas en 2010 por delitos en materia de narcóticos que reporta la PGR en su quinto informe? ¿Quiénes son los 9,137 detenidos por la SEDENA ese año por los mismos delitos?  ¿Cómo afecta sus vidas y la de sus familias el simple hecho de ser detenidos, aunque después no sean condenados? ¿Quiénes los 20,989 condenados en 2010 por tribunales federales del país por delitos contra la salud?  ¿De qué contextos provienen?

Tenemos muy pocas respuestas. Algo sabemos sobre sus delitos: se trata principalmente de personas acusadas de posesión simple  de mariguana y cocaína (muchos de ellos son de hecho consumidores que la autoridad trata como narcomenudistas, acá incluyo más datos sobre el perfil de los acusados y sentenciados, pero de las personas y sus circunstancias poco sabemos.

Mi suposición, apoyada –por falta de otra información- en estudios cualitativos y en encuestas generales de población en reclusión, es que muchos comparten el perfil de la chica cuyo fragmento de entrevista aquí reproduzco: se trata de personas con historias sociales o personales de desventaja, con educación deficiente, con pocos recursos y oportunidades; jóvenes frente a las cuales el estado y la sociedad mexicana debería de asumir, antes que nada, obligaciones. Decimos que es una guerra contra las drogas, pero las drogas no están en la cárcel sino las personas. Las más de las veces –la enorme mayoría- esas personas no son sicarios, secuestradores, ni gente violenta. Son gente pobre en un país desigual.

La actual politica para resolver el problema de las drogas –la prohibición absoluta- es una respuesta sumamente violenta no solo a un problema social, sino a un sector social. Más que una cuestión de cálculos económicos que ponen en la balanza la vida o los beneficios de unos frente a los de otros, la reflexión que obliga la política prohibicionista es una sobre la relación que planteamos unos ciudadanos frente a otros, sobre la forma de dirigimos a otras personas con quienes compartimos un país y un presente. La pregunta no es insustancial. Es una sobre el modelo de estado que vivimos y de la relación que aceptamos vivir con el poder.

 

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