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Nosotrxs es el lugar en donde todxs resolvemos lo que unx no puede. Nos concentramos en la iguald... Nosotrxs es el lugar en donde todxs resolvemos lo que unx no puede. Nos concentramos en la igualdad derivada de los derechos sociales y en el combate a la corrupción, a través de las leyes que protegen la distribución equitativa, el uso transparente y la aplicación honesta de los recursos públicos. Nuestra columna concentrará la atención en reportar, analizar o llamar a la acción en casos donde existan patrones de vulneración de derechos (como el desabasto de medicamentos o el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar). La intención del espacio es debatir y proponer acciones políticas desde la sociedad civil organizada, basados en evidencia. Twitter: @NosotrxsMx (Leer más)
¡Alerta a la ciudadanía a tres años del #19s!
De las 7,223 casas y 370 edificios por intervenir por la Comisión para la Reconstrucción, a julio de este año sólo el 28% se ha reconstruido o rehabilitado y un 27% está en proceso de obra. Es decir, hay un tercio de las viviendas afectadas sin un plan de recuperación o recursos asignados. Estas cifras no consideran las 9,954 casas aún pendientes de revisión.
Por Vania Salgado, Erika García Aller y Amanda Sucar
19 de septiembre, 2020
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A tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017 la tragedia no ha quedado atrás para las cerca de 23,500 familias afectadas en la Ciudad de México, sin olvidar a las 228 personas que fallecieron. De las 7,223 casas y 370 edificios por intervenir por la Comisión para la Reconstrucción, a julio de este año sólo el 28% se ha reconstruido o rehabilitado y un 27% está en proceso de obra. Es decir, hay un tercio de las viviendas afectadas sin un plan de recuperación o recursos asignados. Estas cifras no consideran las 9,954 casas aún pendientes de revisión. Como damnificadas y observadoras del proceso reflexionamos sobre cinco puntos para que la reconstrucción concluya, lo cual tomará, según las autoridades, dos años más. No ponemos en duda que hay avances en la reconstrucción, pero es preocupante la falta de celeridad, a pesar del compromiso del comisionado César Cravioto y su equipo.

En primer lugar, la reconstrucción consiste en erigir una infraestructura física, lo cual requiere acreditar la legítima propiedad. Parece evidente, pero cerca de la mitad de las viviendas dañadas por el sismo no estaban regularizadas, lo cual se ha convertido en uno de los obstáculos más importantes en este proceso. Para solventarlo, el gobierno ha otorgado diversas facilidades. Sin embargo, en muchos casos los afectados prefieren evitarlo, ya sea por ignorancia, por falta de documentos, o incluso por negligencia.

En segundo lugar, tenemos que entender la reconstrucción como un proceso social. Es imprescindible un consenso para establecer un plan de recuperación, además de disposición y respeto entre afectados para transitar eficientemente por todos los procesos legales, técnicos y burocráticos. El éxito requiere de atención, sensibilidad y comunicación constante entre autoridades y damnificados, pero también entre vecinos y familias.

En tercer lugar, ante múltiples evidencias de malversación de recursos ejercidos por la administración anterior, que minimizó los daños y presuntamente cometió peculado, sancionar a los responsables es tarea pendiente. El ex comisionado Edgar Tungüí, el entonces titular de la SEDUVI, Felipe de Jesús Gutiérrez, y el ex director del INVI, Raymundo Collins, cuentan con órdenes de aprehensión, pero se encuentran prófugos. Recordemos dicha evidencia:

  • Sobre el ejercicio fiscal 2017, Nosotrxs expuso que $2,584 mdp, reportados para tareas de reconstrucción, no coincidían en su totalidad con los gastos documentados.
  • Nosotrxs también documentó cómo a inicios de 2018 los entonces asambleístas Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero contaban con atribuciones para asignar recursos para la reconstrucción, que fueron solicitados para servicios personales de algunas dependencias, entre otras irregularidades. Ante ello, renunciaron Ricardo Becerra y Mauricio Merino, primer comisionado para la reconstrucción y subcomisionado para la transparencia respectivamente, desatando un escándalo público que resultó en una enmienda a la ley para que la asignación específica de los recursos para la reconstrucción fuera una atribución del ejecutivo, sin aclarar si esto dejó sin efecto los 47 oficios firmados por los asambleístas.
  • Del ejercicio fiscal 2018 se asignaron $8,772 mdp a tareas de reconstrucción, de los cuales la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) reveló irregularidades por $1,049 mdp, correspondientes al mal manejo del Fideicomiso para la Reconstrucción u otros recursos por parte de la Jefatura de Gobierno, la Comisión para la Reconstrucción, SEDUVI, SOBSE, SEDECO, SIBISO, INVI, SACMEX y las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco. Por ejemplo, no hubo un padrón de beneficiarios, quienes recibieron ayudas no comprobaron requisitos, hubo diferencias entre cantidades ejecutadas y pagadas, se cobraron precios alzados, etc. Esto resultó en nueve denuncias administrativas y penales y en la solicitud de fiscalizar al resto de las entidades, pues la ASCM sólo hizo una selección.

Sin duda, la creación del Fideicomiso para la Reconstrucción ha ayudado a darle un mejor seguimiento a los recursos. Sin embargo, se necesita transparentar su uso. Al Fideicomiso se asignaron inicialmente $5,000 mdp del presupuesto 2018 y otros $2,500 mdp del FONADEN. Sin embargo, la administración pasada nunca rindió cuentas sobre el ejercicio del gasto. El actual comisionado, César Cravioto, comenzó sus labores en diciembre de 2018, con un saldo de $3,715 mdp, de los cuales quedan $679 mdp:

También, la corrupción mata, como lo expuso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se ha avanzado en procesos de investigación a empresas que construyeron edificios que fueron dañados por el sismo (tres por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y siete por la Secretaría de la Contraloría General). No obstante, estas investigaciones son una minoría de los casos existentes y no nos blindan de futuros actos de corrupción.

Por tanto, creemos indispensable: a) exigir máxima transparencia en el uso de los recursos (el nuevo Portal para la Reconstrucción es prometedor, pero dista de ser amigable y no documenta el gasto ejercido); b) presionar para concluir las auditorías de la cuenta pública y solicitar que se ejerzan sanciones administrativas y/o penales procedentes; c) dotar al Fideicomiso de nuevos recursos para concluir la reconstrucción, y d) establecer mecanismos de vigilancia en el ejercicio de recursos y verificación de los trabajos de obra, como el sistema de visorias que el Consejo Consultivo para la Reconstrucción está diseñando con la Contraloría.

En cuarto lugar, a pesar del compromiso de la jefa de Gobierno de una reconstrucción justa y no endeudar a los damnificados, no se ha reconstruido de manera equitativa. Es relevante el avance en viviendas unifamiliares, no obstante, el proceso de intervención para los multifamiliares afectados, que representan cerca de 11 mil familias, es desigual. Existen diferencias indudables entre los esquemas de reconstrucción y los proyectos de obra, y no hay claridad en los criterios para acceder a los recursos o calendarizar las obras.

El esquema de reconstrucción de los edificios en los que interviene la Comisión se basa en redensificar o construir 35% de viviendas adicionales, cuya venta sirve para cubrir el financiamiento público inicial. La viabilidad depende, sin embargo, de la ubicación y valor comercial del inmueble, lo que resulta en que algunos damnificados deban endeudarse para habitar su hogar. Por otro lado, la Fundación Slim (que ha dedicado $1,830 mdp a la reconstrucción, incluyendo $412 millones de donaciones) reconstruye 31 edificios sin redensificar, con superficies superiores a las autorizadas por ley, de manera expedita, y en mejores condiciones de habitabilidad. La fundación pudo haber construido bajo el mismo esquema de redensificación y así financiar a más familias. El gobierno pudo haber regulado tanto lo público como lo privado al generar criterios claros que se apliquen a cualquier responsable de la reconstrucción (empresas con recursos del Fideicomiso, fundaciones, INVI o fondos mixtos) y así garantizar las mismas condiciones de habitabilidad para todos.

En quinto lugar, hemos aprendido que existen formas de organización civil que contribuyen a la democracia en México. Durante las semanas de la emergencia, la organización de la ciudadanía fue esperanzadora. No obstante, la organización vecinal requerida para hacerse escuchar por las anteriores autoridades negligentes ha sido desalentadora. Hay logros de casos aislados de vecinos que consiguieron crear una comunidad sinérgica, pero en general, sólo existen agrupaciones desarticuladas, al interior o entre condominios y damnificados, que no saben representar la pluralidad de voces.

La creación de una ventanilla única de atención para las personas afectadas suponía un mecanismo justo. Sin embargo, el actual comisionado, e incluso la Jefa de Gobierno, aceptaron reuniones semanales con dos agrupaciones mediáticas, ante la presión ejercida por el cierre de vialidades. Como resultado, estos grupos recibieron atención prioritaria, satisfacción a algunas de sus demandas y asignaciones de recursos mayores que otros damnificados. Según una base de datos pública, 38 edificios de rehabilitación tienen asignaciones que exceden entre $308 mil y hasta $35 millones sobre lo que indica la ley, de los cuales, 11 pertenecen a miembros de estos colectivos. En los casos de reconstrucción con recursos del Fideicomiso también se han autorizado montos superiores, pero la redensificación permitirá recuperar todo o gran parte de los recursos, en contraste con los proyectos sin redensificar de la Fundación Slim, donde un tercio pertenece a miembros de los grupos antes mencionados. Reconocemos el compromiso de la Comisión de reconstruir todas las viviendas afectadas, pero parece que la presión informal garantiza una mejor y más expedita atención, pues no todos los casos se atienden con la misma celeridad, ni dedicando de manera equitativa y transparente los mismos recursos humanos, técnicos y financieros.

Nuestra democracia más bien requiere que la sociedad civil participe, vigile y exija mediante mecanismos institucionales, garantizados por la ley. Una reconstrucción justa de la Ciudad de México depende de la sana colaboración entre ciudadanía y gobierno, que requieren reforzar el tejido social y establecer políticas públicas equitativas que combatan los privilegios y la corrupción. Sólo así podemos garantizar el derecho humano a una vivienda digna, en una ciudad que se levante con firmeza y esté preparada para futuras emergencias.

* Vania Salgado, Erika García Aller y Amanda Sucar son damnificadas, miembras del colectivo #ReconstrucciónTransparente de @NosotrxsMX.

 

 

Este artículo no representa las opiniones del colectivo ni del Consejo Consultivo para la Reconstrucción, sólo las de las autoras.

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