Amnistía ¿para qué? - Animal Político
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Nuestras voces
Por Nosotrxs
Nosotrxs es el lugar en donde todxs resolvemos lo que unx no puede. Nos concentramos en la iguald... Nosotrxs es el lugar en donde todxs resolvemos lo que unx no puede. Nos concentramos en la igualdad derivada de los derechos sociales y en el combate a la corrupción, a través de las leyes que protegen la distribución equitativa, el uso transparente y la aplicación honesta de los recursos públicos. Nuestra columna concentrará la atención en reportar, analizar o llamar a la acción en casos donde existan patrones de vulneración de derechos (como el desabasto de medicamentos o el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar). La intención del espacio es debatir y proponer acciones políticas desde la sociedad civil organizada, basados en evidencia. Twitter: @NosotrxsMx (Leer más)
Amnistía ¿para qué?
Se trata de una medida muy limitada, que beneficia a un número muy pequeño de personas, que solo tiene alcance federal y que, desde luego, no sacará de la cárcel a ningún criminal sanguinario o depredador, como se ha caricaturizado, además de que no extingue las responsabilidades civiles derivadas de los delitos amnistiados y se garantizan los derechos de las víctimas.
Por Jorge Javier Romero Vadillo
28 de abril, 2020
Comparte

Las cárceles mexicanas son un reflejo del fracaso de la procuración y la impartición de justicia en México y del llamado populismo penal, que cree que los delitos se van a detener atiborrando las prisiones. Las leyes penales mexicanas están plagadas de delitos inicuos, que criminalizan la pobreza y que son especialmente injustos con las mujeres, como ocurre con la aberración de mantener el delito de aborto en la inmensa mayoría de los códigos penales. Los consumidores de sustancias psicotrópicas -que son encarcelados por posesión simple, sin que se acredite la intención de comercio-, los campesinos que no tienen otro mercado para su producción que el controlado por el crimen organizado, las mujeres que transportan coaccionadas o engañadas alijos de drogas, los ladronzuelos no violentos que no tienen otra forma de subsistencia, son parte de quienes pueblan las cárceles del país en condiciones de hacinamiento absolutamente inhumanas, sin que con ello se reduzca la delincuencia que realmente daña a la sociedad y sin posibilidad alguna de reinserción social. Un gran porcentaje de quienes atiborran las cárceles mexicanas, más de una tercera parte, están en prisión preventiva y han estado ahí, sin sentencia, por varios años, enfrentados a poderes judiciales ineptos, corruptos y saturados de casos, en la medida en la que carecen de recursos para contar con una defensa apropiada.

En esas circunstancias, el gobierno federal actual propuso desde su comienzo una ley de amnistía, supuestamente parte de un paquete de medidas para revertir los males que la guerra de los últimos trece años le ha causado a la sociedad mexicana. Enmarañada en un tortuoso proceso legislativo, y enfrentada a la incomprensión y a la demagogia de los partidarios de la mano dura y el populismo punitivo, finalmente fue aprobada con el argumento de que resultaba urgente para ayudar a contener el desastre humanitario en el que casi con toda seguridad se convertirán las cárceles mexicanas en medio de la epidemia.

La amnistía aprobada es una medida muy limitada, que beneficiará a una pequeña parte de las personas que se encuentran en la cárcel de manera injusta. Sin embargo, ha desatado la indignación de la derecha de talante vengativo y autoritario. Legisladores del PAN y el PRI o comunicadores incapaces de entender las motivaciones humanitarias de la ley y que azuzan al público con zarandajas como que el gobierno quiere dejar libres a asesinos y secuestradores no han hecho otra cosa que tratar de llevar agua a su molino, en medio de la crispación social en la que estamos inmersos, incitando a la santa indignación de la población azotada por la incapacidad estatal para contener la delincuencia y la violencia.

¿A quienes beneficia realmente esta medida? ¿De verdad está diseñada para sacar de la prisión a delincuentes terroríficos? O, por el otro lado, ¿es una medida suficiente para reducir la sobrepoblación de las cárceles y contener el contagio de la epidemia?

Como lo explicó en un artículo de hace unos días José Ramón Cossío, integrante del Consejo Asesor de Nosotrxs, la amnistía incluye solo a las madres que hubieran abortado, a quienes hayan producido, transportado, traficado, comercializado, suministrado o prescrito drogas ilícitas encontrándose en situación de pobreza, vulnerabilidad, sometimiento familiar, temor fundado o coacción por la delincuencia organizada, es decir, los campesinos pobres que producían amapola o mariguana o las llamadas peyorativamente “mulas”, en su mayoría mujeres que trasportan alijos muchas veces sin saberlo o coaccionadas por un familiar o conocido. También incluye a los consumidores de sustancias, a los que supuestamente no se criminaliza, pero que acaban en prisión por el delito de posesión simple, aunque en este caso solo se liberará a quienes se les haya acreditado apenas dos tantos de la dosis establecida en la tabla de umbrales de la ley general de salud, es decir, solos saldrán libres quienes hayan sido detenidos y procesados hasta por diez gramos de mariguana o un gramo de cocaína. Se liberará también a los indígenas acusados de cometer cualquier delito que no hayan contado con intérprete o defensa conocedora de su lengua y cultura; a los acusados de robo simple y sin violencia sancionados hasta con cuatro años de prisión, y a los procesados por sedición o que por razones políticas buscaron alterar la vida institucional del país.

Quedan expresamente excluidos de la ley cualquiera que haya atentado contra la vida y la integridad corporal, secuestrado, utilizado armas de fuego, o cometido delitos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo de transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, desaparición forzada o por particulares.

Se trata de una medida muy limitada, que beneficia a un número muy pequeño de personas, que solo tiene alcance federal y que, desde luego, no sacará de la cárcel a ningún criminal sanguinario o depredador, como se ha caricaturizado, además de que no extingue las responsabilidades civiles derivadas de los delitos amnistiados y se garantizan los derechos de las víctimas. De hecho, ni siquiera es seguro que llegue a tener efecto para reducir el impacto de la epidemia, pues para que se den las liberaciones debe ser analizado caso por caso por la comisión que, de acuerdo con la ley, establezca el Presidente de la República para verificar, a solicitud de parte, supuestos y excepciones. Esa comisión se debería instalar ya esta misma semana si se quiere que la amnistía tenga efectos sanitarios.

Pero, además, se debe echar a andar todo un programa para que la liberación no cause un daño mayor a las personas excarceladas. Se trata de que puedan obtener una identificación, cosa complicada cuando los módulos del INE se encuentran cerrados, que no queden en situación de calle y que al menos cuenten con un apoyo de subsistencia. Echar a la gente a la calle sin medidas básicas de reinserción puede acabar siendo contraproducente.

Para despresurizar las cárceles se requiere mucho más: la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión, de acuerdo con la Ley de Ejecución Penal, amnistías e indultos estatales, que liberen a muchos más de las, aproximadamente, seis mil personas potencialmente beneficiarias de la ley aprobada, de un total de más de doscientas mil personas en prisión, a las que urge proteger de los efectos devastadores que la epidemia puede tener en condiciones de hacinamiento. Sería prudente que las policías dejaran de detener a las personas por los delitos amnistiados, como a los pequeños consumidores o traficantes, que cometen, en todo caso, delitos sin víctimas.

Se necesita mucho más que esta ley minimalista de amnistía, concebida con otros propósitos, aunque se ha vuelto oportuna. Qué bueno que fue aprobada, pero debe ser implementada con medidas ejecutivas adecuadas y con recursos, que el gobierno no parece muy dispuesto a proporcionar, en su obsesión de austeridad a rajatabla.

Esta crisis nos debe obligar a repensar, como sociedad, el uso de la prisión como mecanismo para contener la delincuencia. La idea de castigo, por encima de la prevención y la reparación del daño; la idea de venganza, por encima de la de protección de la sociedad. Las sociedades más seguras no son las que tienen más gente en la cárcel, sino las que administran adecuadamente los delitos y sus sanciones, y reservan la prisión para los crímenes especialmente horrendos o depredadores, incluidos los de corrupción, pero que no las atiborran de ladrones de poca monta, consumidores de sustancias, de personas que delinquieron por pobreza o por ignorancia, y de mujeres que en realidad han sido ellas las víctimas.

* Jorge Javier Romero Vadillo es integrante de la comisión ejecutiva de Nosotrxs.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.