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COVID 19 y el olvidado derecho humano al trabajo
La respuesta económica del gobierno a la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 es, por omisión e inacción, violatoria del bloque constitucional al no proteger el derecho humano al trabajo.
Por Jaime Araiza Hernández
8 de junio, 2020
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“Hay que recordar, además, que, sin el concurso decidido de los trabajadores organizados, ni es posible el éxito de un gobierno por esforzado que éste sea, ni la aplicación de leyes tendría fuerza moral”.

General Lázaro Cárdenas del Río

 

El pasado 16 de mayo la Presidencia de la República dio a conocer un documento al que intitula “La Nueva Política Económica en los Tiempos del Coronavirus”,1 cuyo autor es el propio Andrés Manuel López Obrador. Aún cuando el documento realiza una aguda crítica al neoliberalismo y anuncia una alternativa basada en el bienestar social, la respuesta económica del gobierno a la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19 es, por omisión e inacción, violatoria del bloque constitucional al no proteger el derecho humano al trabajo. Esta situación se posibilita por el debilitamiento del movimiento obrero organizado, circunstancia que aprovecha el gobierno para imponer su modelo de respuesta, sin el concurso de los factores de la producción.

I. El derecho al trabajo como derecho social 

El primer derecho social es, precisamente, el derecho al trabajo: es a través del trabajo que, en principio, se deben de satisfacer las necesidades de una persona y/o familia para una vida digna.

El emblemático artículo 123 de nuestra Constitución, inicia de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, dice en su artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo (…) y a la protección contra el desempleo”.

Por su parte, El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone, en sus artículos 2 y 6, que los estados parte se comprometen a adoptar medidas económicas y técnicas “hasta el máximo de los recursos de que disponga (…) para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos” y “tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno (…) la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva…”.

Al tratarse de un derecho humano, es un derecho subjetivo que se ejerce frente al Estado. Pero a qué se obliga el Estado ¿A ser empleador? ¿A garantizar trabajo para todos? La respuesta a ambas preguntas es no; sin embargo, la acción que corresponde al Estado está en los propios artículos citados: se obliga a tomar las medidas apropiadas y realizar las acciones necesarias para crear un entorno propicio para que existan oportunidades de empleo productivo, así como protección contra el desempleo.

Por su parte, en el artículo 25 de la propia Constitución Federal, se establecen como principios la rectoría económica del Estado, el fomento al crecimiento económico y al empleo, y la justa distribución de la riqueza; y que en el desarrollo económico de la nación concurrirán los sectores público, social y privado siempre con responsabilidad social.

Por lo que los referidos artículos constitucionales (25 y 123) perfilan al Estado social y de derecho como un agente económico, no sólo para la producción, sino para la equidad y justicia social, como parte del fenómeno económico, pero con potestades y mandatos que le permiten y obligan a influir e intervenir en la actividad económica con responsabilidad social.

En este sentido, el Estado como agente económico, tiene el deber constitucional y convencional de realizar las políticas públicas necesarias para que se generen y mantengan fuentes de trabajo. En esta concepción y óptica, el centro, corazón o bien jurídico tutelado es la fuente de trabajo, no la empresa y mucho menos el empresario o patrón; es la fuente de trabajo, como único vehículo para la realización del derecho humano al trabajo, el bien jurídicamente tutelado.

II. Perspectiva histórica

Este papel del Estado es producto de la lucha de millones de trabajadores alrededor del mundo por más de doscientos años. En nuestro país, nace como un acuerdo entre el movimiento obrero organizado y los gobiernos posrevolucionarios.

Este acuerdo se utilizó y aprovechó en forma singular durante el gobierno del General Cárdenas; pero, aún en gobiernos considerados menos progresistas, como los de Ávila Camacho y Miguel Alemán, la presencia de la organización sindical dotó de instrumentos al Estado que en gran medida permitieron impulsar tanto el crecimiento económico como la justicia social a través de instituciones de derecho social tales como el salario mínimo, prestaciones sociales y pensiones en sus distintas vertientes.

No pasa inadvertido que el abuso en este pacto condujo al corporativismo, cooptación a intereses políticos personales y muchas veces espurios, falta de democracia sindical, corrupción y demás perversiones. Circunstancias que generaron las condiciones para que el neoliberalismo se impusiera, minando, si no es que, anulando la capacidad de organización, negociación y presión por parte de los trabajadores, provocando un desequilibro entre los factores de la producción que ha permitido tanto la depreciación del salario, como la injusta y desigual repartición de la riqueza.

III. Covid y desempleo

La pandemia de Covid-19 tendrá, a nivel mundial, efectos desastrosos sobre el trabajo. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, hasta la fecha se han perdido aproximadamente el 10% de los empleos en todo el mundo.2

En nuestro país, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta mediados de mayo, se han perdido 753 mil empleos en el sector formal3, que equivalen a todos los creados en los años 2018 y 2019, a este número habrá que sumar los correspondientes al sector informal, en el único dato aproximado con el que a la fecha se cuenta, se calcula que son alrededor de 12 millones de empleos los perdidos4.

Otro dato de singular significación es que en nuestro país 7 de cada 10 empleos formales provienen de las micro, pequeña y mediana empresas, la precariedad financiera de este sector, que entre otras cosas se traduce en su imposibilidad para generar reservas y su falta de acceso a créditos, impactarán en la vulnerabilidad laboral. 5

1. Respuesta gubernamental, omisión y violación de derechos

El presidente de la República ha dicho que “las empresas deberán de asumir el costo de la quiebra”; sin embargo, el problema es que la quiebra de las empresas no daña igual a los factores de la producción. No es factible suponer que la quiebra es igual para el empleador que para el asalariado, que va al día para cubrir las necesidades primordiales.

El problema es que el discurso del presidente y su enfrentamiento con los empresarios se ha centrado en la convicción de que se pretende proteger a la empresa; esto es un problema conceptual, porque como se ha explicado el bien jurídico tutelado de acuerdo con el bloque constitucional es la fuente de trabajo, no la empresa.

La ausencia de políticas públicas para proteger al empleo resulta violatorios de los derechos humanos y del bloque constitucional; pero, ¿cuál es el mecanismo jurídico para impedirlo o corregirlo? Como es común en este tipo de normas, los mecanismos procesales constitucionales tales como juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, son insuficientes o poco prácticas para su realización; no así, el tradicional, legítimo y legal medio de negociación y de presión histórico de los movimientos sociales (autotutela permitida).

El titular del ejecutivo federal se ha negado a discutir el plan para atender las consecuencias económicas del Covid-19 y toma como único interlocutor (adversario más bien) posible a las organizaciones patronales; por otra parte, el 14 de mayo, el Senador Monreal anunció un foro de discusión sobre el tema, pero igualmente se plantea entre las organizaciones patronales y el Senado de la República, excluyéndose a los trabajadores.

México es de los países que menos ha gastado o invertido en salvar fuentes de trabajo; la inversión pública ante la emergencia es apenas superior al medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, según datos del Fondo Monetario Internacional, sólo por encima de Bahamas, pero por debajo de Belice.6 Se podría argumentar que la apuesta o estrategia es a no transferir a otra generación el problema o a no prolongar en el tiempo los efectos de la crisis económica ocasionada por la pandemia (pobreza endémica por la carga financiera); pero, aún en esa respuesta o en esa ecuación del gobierno de López Obrador, faltan dos variables fundamentales: el derecho al trabajo y la participación de los trabajadores organizados en la conducción económica del país.

El gobierno de López Obrador plantea como única alternativa, la transferencia directa a los grupos vulnerables, que sin duda serán afectados por la pandemia; pero deja en el desamparo a quienes saltarán, en menos de un año, a la pobreza por falta de empleo. Como el estudio recientemente publicado por el CONEVAL demuestra, los programas sociales emprendidos y en marcha, no contemplan a esos trabajadores que no tendrán medios para cubrir sus necesidades básicas.

El ingreso vital es una de las propuestas que pueden ayudar a la subsistencia de estos millones de personas que pasaron a una condición de vulnerabilidad extrema sin posibilidades de ingreso y, de esta forma, permitir que la población económicamente activa obtenga recursos para necesidades esenciales. Esperemos que la iniciativa de ley al respecto, impulsada, entre otras organizaciones sociales, por Nosotrxs obtenga los consensos necesarios.

En conclusión, al mediano plazo, en la llamada “Nueva Política Económica en Tiempos del Coronavirus” no se desarrolla una política pública que, en cumplimiento a los preceptos convencionales y constitucionales en cita, permita a los trabajadores vivir y mantener a su familia dignamente con el producto de su esfuerzo. Así pues, los trabajadores mexicanos se enfrentan solos y desunidos a la peor crisis desde 1932, a su suerte en los tiempos del Coronavirus.

* Jaime Araiza Hernández es Abogado e integrante de @NosotrxsMx.

 

1Presenta AMLO ensayo”, 16 de mayo de 2020.

2 Disponible aquí.

3 El Financiero “Se perdieron 753 mil empleos en mes y medio” ,13 de mayo de 2020.

4 El Financiero “ Covid-19 deja si trabajo a 12.5 millones de personas en México”, 1 de junio de 2020.

5Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Mipymes”.

6 Vitor GasparW. Raphael Lam y Mehdi Raissi, “Políticas fiscales para contener el daño de la Covid”.

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