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El Ingreso Vital es cuestión de derechos
Las personas que están perdiendo su trabajo son las que eventualmente ayudarán a que el país salga adelante al ser nuevamente contratadas y seguir produciendo, sólo necesitan una ayuda para cubrir sus necesidades mínimas hasta el día que vuelvan a ser empleadas.
Por Rodrigo Sánchez Castellanos
28 de mayo, 2020
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La pandemia de COVID-19 tiene efectos en diferentes ámbitos de nuestras vidas privadas, sociales y económicas. Los gobiernos del mundo han puesto todos sus conocimientos y gran parte de sus recursos económicos en la solución del problema más inmediato y devastador: los efectos en la salud de sus ciudadanos.

Algunos países han tenido mejores resultados que otros. Unos tuvieron los recursos necesarios para financiar la compra de millones de pruebas; otros, contaban con un sistema de desempleo que permitió que sus ciudadanos se quedaran en casa sin preocuparse por sus ingresos personales.

Desafortunadamente, muchos otros países han tenido que afrontar esta situación con sus pocos recursos disponibles y con una estructura de desarrollo social no planeada para problemas de esta magnitud. Lo anterior pone en riesgo la siguiente a etapa a resolver de la pandemia: la reactivación económica.

Hoy, hemos visto que en México se han perdido 700 mil empleos formales en marzo y abril (de acuerdo con el IMSS) por la contracción económica provocada por las medidas de distanciamiento social, necesarias para disminuir el riesgo de contagio. El gobierno prevé que la cifra aumente a 1 millón de empleos perdidos. Ante este escenario surge una pregunta muy obvia: ¿de qué vivirán las personas que perdieron su empleo?

Generalmente, las personas que perdieron o perderán su empleo por la pandemia de COVID-19 no son elegibles para enlistarse en algún programa social que les permita sobrellevar este contratiempo, mientras la actividad económica se estabiliza y puedan ser empleados nuevamente. Es decir, no son adultos mayores, no son jóvenes, no son estudiantes, no son madres solteras, es más, no son pobres -aún-.

Las personas que están perdiendo su trabajo son las que eventualmente ayudarán a que el país salga adelante al ser nuevamente contratadas y seguir produciendo, sólo necesitan una ayuda para cubrir sus necesidades mínimas hasta el día que vuelvan a ser empleadas. Estas personas son las que deben contar con una protección temporal por parte del gobierno que les asegura un ingreso mínimo de subsistencia en este tipo de emergencias.

¿Los gobiernos tienen la obligación de asegurar un ingreso mínimo a sus ciudadanos? Esta pregunta ha sido ampliamente debatida por muchos economistas a largo de los años. Unos de izquierda, otros de derecha. Se han valorado los efectos que esto puede tener en las tasas de desempleo, en las finanzas estatales y en la perspectiva política de los ciudadanos. No se ha llegado a respuesta unánime, como todo en economía, pero después de hacer un estudio profundo en la materia me atrevo a hacer las siguientes afirmaciones.

1. Es una idea de la izquierda y de la derecha. No importa con que espectro político te identifiques, de una forma u otra esta idea forma parte de los principales ideólogos de ambas corrientes.

a)La izquierda históricamente ha empujado la idea de un Ingreso Básico Universal, es decir, asegurar a todos los ciudadanos sin importar sus características sociodemográficas o económicas, un ingreso mínimo para subsistir.

b)Uno de los principales ideólogos del libre mercado, Milton Friedman, propuso el Impuesto Negativo sobre la Renta, que consiste en que el gobierno complementa en forma de subsidio el ingreso de las personas que ganan por debajo de un nivel mínimo de subsistencia.

2. Fomenta la actividad económica. Sobre este tema existe una amplia diversidad de argumentos. A continuación expongo los más relevantes según mi punto de vista:

a) Aumenta la demanda agregada. Al poner dinero de manera directa en las personas, las actividades de venta a consumidores finales se fortalecen, ya que más personas podrán comprar los productos y servicios que ofrecen.

b) Fortalece a la clase obrera. Contar con un ingreso asegurado genera que las personas de manera individual u organizada, como un sindicato, tengan mayor poder de negociación. También permiten que las personas puedan tener una mayor facilidad para la movilidad laboral, evitando que se queden en empleos que no les gustan.

c) Apoyo al emprendimiento. Las personas que deseen emprender alguna empresa no tienen que preocuparse por tener los ingresos mínimos para subsistir. Alarga la vida de los proyectos de emprendimiento al reducir los riesgos de quiebre por falta de recursos para pagar a los emprendedores.

3. Usa de manera eficientes los recursos públicos. Uno de los grandes problemas de los programas sociales, son los recursos humanos y materiales que son utilizados para poder operarlos. Las propuestas de ingreso mínimo asegurado tienen las siguientes ventajas.

a) La burocracia es mínima, ya que se trata de una transferencia directa y en la mayoría de las propuestas se plantea como un programa universal.

b) Elimina la corrupción y el clientelismo. Al ser un programa universal no depende de los cambios políticos, de igual manera al ser automático no hay intermediarios que entreguen el dinero a los beneficiarios. Ni existen padrones que generalmente son cuestionados.

La implementación de cambio de esta magnitud en la política de desarrollo social, que incluye de manera permanente alguna de las variantes del ingreso mínimo garantizado, requiere de un amplio debate entre las fuerzas políticas y el sector académico.

Sin embargo, una emergencia como la que vivimos actualmente, en donde miles de personas perdieron o perderán su empleo, requiere de soluciones urgentes que beneficien a la población más afectada, sobre todo en este momento que se encuentra más desprotegida.

Por lo anterior, se hace un llamado a todos los actores políticos, económicos y sociales del país para que consideren la propuesta de un Ingreso Vital, temporal y no condicionado, por las siguientes razones:

  1. Es temporal, es decir, será aplicado únicamente durante el periodo de reactivación económica posterior a la pandemia de COVID-19.
  2. No es universal. Se propone que, como primer acercamiento, se otorgue a trabajadores y trabajadoras que perdieron su fuente de ingreso -formal o informal- durante la pandemia de COVID-19.
  3. Población desprotegida. Los beneficiarios de este programa serán personas que actualmente NO cuentan con alguna ayuda del gobierno, es decir, no se contempla a los beneficiarios de otros programas sociales.
  4. Ingreso mínimo. Se propone una renta mensual de $3,745 pesos durante tres meses, monto suficiente para garantizar una canasta alimentaria y no alimentaria, vinculada a un salario mínimo general mensual.
  5. Gasto responsable. Se ha calculado que se erogaría un máximo de 130 mil millones de pesos mensuales, monto que puede ser absorbido, sin aumentar la deuda, por el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, a cargo del Instituto Nacional de Bienestar.

Es momento que México apoye a todos los ciudadanos que fueron responsables y se quedaron en casa, a pesar de las pérdidas económicas que implicaba para ellos y sus familias. Es momento de que los mexicanos nos unamos y nos aseguremos que todas las personas tengan un ingreso mínimo para vivir, de ahí su nombre, un ingreso vital.

Es tan deplorable un Estado que permite que sus ciudadanos mueran por una enfermedad, como aquel Estado que permite que sus ciudadanos mueran por no tener empleo y un ingreso para cubrir sus necesidades más básicas como la alimentación. Es una cuestión de derechos.

@NosotrxsMx

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