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El mínimo vital, la base de un Estado de Derecho
Si estuviera establecido el derecho a un mínimo vital, quienes tienen afectaciones que llegan a niveles críticos, podrían exigir al Estado un mínimo para asegurar su subsistencia.
Por José Mario de la Garza Marroquín
28 de julio, 2020
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Es verdad que la contingencia sanitaria que detonó a nivel global el COVID 19 no solo se ha manifestado en una histórica crisis de salud, económica, política e incluso cultural, sino que, además, es previsible que los hábitos sociales cotidianos de las personas cambien de forma definitiva e irremediable. Un parteaguas en la historia de la civilización, ni más, ni menos.

Frente a ese escenario, ¿no debería también el Estado, especialmente el de Derecho que descansa sobre una base constitucional y democrática, reinventar sus propios principios fundacionales y redefinir sus fines a partir de la recomposición de los mismos cimientos de la sociedad a la que regula?

Uno de los asuntos que ha cobrado un papel muy relevante en la discusión pública es la posibilidad de que el Estado mexicano, en conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconozca constitucionalmente el derecho de los mexicanos a un mínimo vital, lo cual significa el derecho a una vida con las condiciones mínimas que permitan su realización.

Este derecho cobra especial relevancia en contextos como el que estamos viviendo de contingencia sanitaria, que ha significado el cese de actividades económicas y la pérdida o disminución de ingresos para millones de personas, más aún cuando ni siquiera existe certeza de la fecha en que se normalizará la situación. Si estuviera establecido este derecho, quienes tienen afectaciones que llegan a niveles críticos, podrían exigir al Estado un mínimo para asegurar su subsistencia.

Hay quienes sostienen que el mínimo vital se instrumentaliza en proveer a las personas de insumos alimentarios o materiales mínimos para que puedan acceder a la subsistencia física, lo cual desde nuestro punto de vista no es suficiente, por lo que nos pronunciamos por la otra postura que le da al mínimo vital una proyección mucho más amplia que incluye garantizar los insumos mínimos necesarios indispensables para desarrollar una vida digna y en un contexto de progresividad en la que el mínimo vital solo es el piso base que debe asegurarse, aún en casos extraordinarios como la actual contingencia sanitaria, pero que se debe desplegar hacia el mejor escenario posible.

Establecer la disposición en la Constitución es fundamental porque permitirá que este debate, con las eventuales implicaciones vinculatorias que pueda generar, sería materia de exigibilidad ante las autoridades jurisdiccionales, quienes por cierto ya han fijado algunos criterios, como el de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien respecto del Amparo en Revisión 1780/2006del 31 de enero de 2007, sostuvo:

DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente (…).

En el Congreso de la Unión hay distintas iniciativas promovidas por diferentes grupos parlamentarios (de los partidos que ganaron el gobierno y de la oposición) con diferentes alcances y denominaciones que, en el fondo proponen, ya sea como medida de emergencia o permanente, el mínimo vital para los mexicanos.

Luego de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos y amparo, y después de la experiencia que nos han dejado casi 10 años de litigación estratégica, consideramos que es indispensable abrir una discusión nacional lo más amplia y sincera, sobre el alcance del mínimo vital, cuya incorporación al texto constitucional es indispensable e impostergable.

Una de las proclamas políticas que inspiraron el inédito proceso electoral de 2018 y, como consecuencia, ha sido uno de los rasgos identitarios del gobierno que resultó depositario de ese mandato popular que creyó en su propuesta de cambio fue: “primero los pobres”. Si esa premisa es genuina, este es el momento de impulsar el mínimo vital como una respuesta con toda la fuerza del Estado a quienes menos tienen y a quienes más padecen en tiempos difíciles como los que estamos viviendo.

El mínimo vital, no obstante, no debe confundirse con una prebenda asistencialista, va mucho más allá. Es comprometer la acción estatal con la generación de las condiciones que permiten el desarrollo humano de las personas y abren la auténtica y verdadera posibilidad de que puedan luchar por alcanzar su felicidad y sus sueños.

De lo que hablamos es que ese mínimo vital debe proyectarse en el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la energía eléctrica, al agua, a los servicios públicos, a la alimentación adecuada, a la seguridad social y por supuesto a un ingreso base universal, que puede considerarse de forma permanente, dependiendo de la disponibilidad de recursos o de forma transitoria para quienes más lo necesiten en condiciones de crisis.

Para quienes consideran que lo que se propone es irrealizable o abstracto, es suficiente poner como ejemplo la regulación constitucional y legal del salario mínimo, el cual es “la retribución que establece el punto de partida irreductible que, por lo menos deberá pagar diariamente el patrón al trabajador por prestar sus servicios, y como ya se mencionó, debe ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, para la trabajadora o el trabajador, y para su familia”. Lo anterior demuestra que es posible una intervención clara y suficiente del Estado para establecer una base indispensable para satisfacer exigencias esenciales y que puede admitir variaciones para mejorar, pero en ningún caso para menguarse o extinguirse.

Decir sí al mínimo vital en la Constitución, sería una auténtica transformación jurídica, para responder de forma sensible y empática a la ingente necesidad de quienes han sido más golpeados por la pandemia, por la crisis y por la enorme desigualdad de nuestra sociedad.

Concluyo: el mínimo vital es un asunto de vida o muerte para millones de mexicanos, seamos responsables con ellos y respondamos patrióticamente a la exigencia histórica del difícil momento que vivimos.

@NosotrxsMx

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