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La encrucijada de la revocación de mandato
Hoy por hoy no sabemos aún si la revocación tendrá lugar. Falta que se junten y se validen las firmas, y que el INE cuente con los 3,800 millones de pesos para organizarla.
Por Rubén Álvarez Mendiola
16 de noviembre, 2021
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¿Qué se busca con la puesta en marcha de un proceso de revocación de mandato del presidente de la República? En principio, permitir que la ciudadanía haga valer su derecho constitucional a remover de la Presidencia a quien, en opinión de una mayoría participante, no merece continuar en el cargo. Ese, y no otro, es el sustrato de la Ley Federal de Revocación de Mandato, sin importar que, en México, hoy por hoy, ninguna fuerza social relevante, grupo ciudadano, central sindical u organización de la sociedad civil ha expresado que es hora de relevar al titular del Poder Ejecutivo porque ya le perdieron la confianza.

¿Cuánto cuesta llevar a cabo un procedimiento de revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo en México? La respuesta corta, con cifras del Instituto Nacional Electoral, responsable por mandato constitucional de llevarla a cabo, es de 3,800 millones de pesos.

Para que tenga lugar el proceso revocatorio será necesario instalar en todo el país poco más de 160 mil casillas con sus respectivos funcionarios encargados de facilitar a los y las ciudadanas la emisión de su voto porque a fin de cuentas eso será, es decir, un proceso electoral en sentido inverso: quitar del cargo, eventualmente, a un presidente que fue democrática y mayoritariamente electo en 2018.

La figura de la revocación de mandato, que la Ley Federal en la materia condiciona a la pérdida ciudadana de la confianza en el presidente, está plenamente garantizada. Debe llevarse a cabo si al menos el tres por ciento de las y los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores -alrededor de 2.7 millones de personas-, así lo solicitan, con su credencial para votar con fotografía en la mano al momento de estampar su firma en la aplicación desarrollada por el INE -que agiliza la captura y digitalización de los datos de los y las electoras-, o en las solicitudes en papel -que deberán ser digitalizadas y verificadas posteriormente. En anteriores ejercicios, el INE ha detectado que, en promedio, una de cada cuatro firmas recabadas en papel, fue falsa.

Una revocación de mandato requiere, entonces, el despliegue de bastos recursos en todo el país para garantizar que todos los inscritos en el listado nominal de electores (92.4 millones de personas), puedan eventualmente emitir su opinión.

Por estas razones, el INE solicitó un presupuesto adicional de 3,800 millones de pesos, pues la revocación de mandato es un procedimiento adicional a las actividades ordinarias del instituto en 2022. El monto toma en cuenta que deberán visitarse los hogares de 12 millones de personas, escoger 487 mil funcionarios de mesa directiva de casilla y convocar a 32 mil capacitadores para que la jornada pueda tener lugar en condiciones equiparables a la elección por la cual, hace tres años, se eligió al actual presidente de la República.

Sin embargo, la mayoría en la Cámara de Diputados estimó el sábado pasado que el INE no requiere de un monto presupuestal específico para organizar la revocación de mandato. Con argumentos repetidos al cansancio, se dijo que el instituto debe apegarse a los principios de austeridad hoy en boga, apretarse el cinturón, reducir salarios o tomar recursos de donde no los hay (tres fideicomisos establecidos para propósitos específicos y cuyo monto no puede ser desviado), para que eventualmente cumpla con esta obligación constitucional.

Hoy por hoy no sabemos aún si la revocación tendrá lugar. El INE estableció el 25 de diciembre como fecha límite para recabar los apoyos ciudadanos a la iniciativa revocatoria y el 10 de abril como fecha para su realización. Falta que se junten y se validen las firmas. Si esto ocurre, el INE debe contar con los recursos suficientes para llevar a cabo semejante empresa. Pero no los tiene y las y los diputados establecieron que no los tendrá. Se verá en los próximos días cuales son los caminos que el Consejo General del instituto adopte para que sea dotado de los recursos necesarios. Si fuera así y a final de cuentas no se lleva a cabo el proceso de revocación, el INE devolverá los recursos a la Tesorería de la Federación.

En un mensaje reciente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo que no es el instituto el que “obstaculiza la ampliación y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”. El recorte presupuestal, agregó, “pone en riesgo la organización” del proceso de revocación de mandato. Pero hay quien no lo entiende así.

Parece ser que estamos frente a una distorsión interesada: es posible que no se busque llevar a cabo un verdadero proceso de revocación por pérdida de confianza, como dice la ley, sino un simple procedimiento de ratificación de mandato, para lo cual, en efecto, no se requeriría ni un centavo: el titular del Ejecutivo fue electo por un periodo de seis años que, por lo que se ve, nadie regatea.

* Rubén Álvarez Mendiola (@rubenalvarezm) es periodista y coordinador nacional de Comunicación Social del INE. Redes sociales de Nosotrxs: TwitterFacebookInstagram.

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