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Matrimonio civil igualitario, ¡sí, acepto!
Actualmente solo trece estados han reformado sus códigos civiles para reconocer y establecer el matrimonio igualitario y en otros seis la Suprema Corte lo ha tenido que ordenar.
Por Eréndira Jiménez Montiel
27 de agosto, 2020
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El matrimonio civil igualitario es entendido como el que debe realizarse entre dos personas, independientemente del sexo o género al que pertenezcan o al que se asuman, y tiene que ver con la libertad de estas para decidir su propia vida con igualdad bajo el principio de no discriminación como elementos clave del desarrollo actual de los derechos humanos.

Las reformas de 2011 al Artículo 1º de la Constitución, acordes con los tratados internacionales suscritos por nuestro país que establecen los principios pro persona, de protección amplia y progresiva de los derechos humanos, han venido cambiando la percepción de la convivencia privada entre personas del mismo género, vista antes como un hecho contra natura, enfermizo, promiscuo, pero sobre todo, antisocial, antirreligioso, amoral.

La prohibición constitucional de discriminar a cualquier persona por su preferencia sexual es contundente y determinante para establecer el matrimonio igualitario. Las tesis de la Suprema Corte, emitidas desde 2015 y fundadas en dicha disposición constitucional, determinan que el matrimonio civil no es exclusivo entre un hombre y una mujer, y tampoco tiene como fin el de la procreación. Prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio, consecuentemente, es una figura funcional a la libertad y a la igualdad de las personas con plena validez jurídica.

Sin embargo, pese a lo tajante de las interpretaciones jurisprudenciales, aún sigue habiendo renuencia a reconocer y establecer el matrimonio igualitario, pues actualmente solo trece estados han reformado en ese sentido sus códigos civiles y en otros seis la Suprema Corte lo ha tenido que ordenar. Esto implica que en las restantes trece entidades, por omisión, existe una violación flagrante a la Constitución y, por lo tanto, a los derechos humanos de las personas.

Independientemente de las oposiciones que genera el matrimonio igualitario, fundadas en prejuicios moralistas o religiosos, lo cierto es que la Constitución, ordenamiento secular, mundano, fruto de un pacto social, renovable y perfectible como lo es la condición humana, ya que de ésta surge, otorga al Estado el poder para imponer las reglas que previene para la convivencia social, imponiéndole la obligatoriedad de impulsar las reformas que permitan generalizar al matrimonio igualitario y dar plenitud a la no discriminación y al trato igualitario entre las personas.

Obstaculizar la validez del matrimonio igualitario limita la autodeterminación de las personas y el desarrollo de su personalidad, como lo precisan la Corte y los tratados internacionales, pues la orientación sexual es un asunto privado que no tiene por qué impedirse, antes bien, se trata de una nueva concepción de la relación entre personas que genera una connotación distinta de la familia, donde los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio no varían sustancialmente pues la figura del matrimonio mantiene sus propias consecuencias legales, dejando de tener el elemento discriminatorio de solo ser entre mujer y hombre.

En los estados donde aún no se hacen las reformas legales para establecer el matrimonio simplemente entre personas, sin importar el género, los prejuicios siguen ligados a los tiempos políticos, a la homofobia y discriminación estructural, donde el predominio de determinado partido o grupo político piensa que establecer el matrimonio igualitario puede tener repercusiones en el resultado electoral, en la aprobación gubernamental o sencillamente el odio a lo diverso conlleva a obstruir cualquier reforma legal. Esto pudo haber sido en otro momento, antes de las reformas constitucionales de 2011, pero precisamente el carácter garantista hacia los derechos humanos, entre los que se encuentra el del pleno desarrollo de la personalidad, busca remontar prejuicios, odios, intereses particulares o manipulación política y social bajo estricto apego a la laicidad.

Aún se sigue negando una realidad de discriminación histórica, porque históricamente han existido las relaciones privadas entre personas del mismo sexo. Reivindicar el derecho a la igualdad es un asunto de interés social, por lo que si es preciso darle mayor claridad al texto constitucional, permitiendo establecer desde ahí el matrimonio igualitario, impulsemos entonces desde nuestros ámbitos particulares la reforma constitucional que así lo establezca, de otro modo seguiremos estando a merced de los odios y los prejuicios, de las actitudes moralistas y voluntaristas que no tienen cabida en un Estado de derecho.

* Eréndira Jiménez Montiel es representante de Nosotrxs A. C. en Tlaxcala.

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