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Nosotrxs es el lugar en donde todxs resolvemos lo que unx no puede. Nos concentramos en la iguald... Nosotrxs es el lugar en donde todxs resolvemos lo que unx no puede. Nos concentramos en la igualdad derivada de los derechos sociales y en el combate a la corrupción, a través de las leyes que protegen la distribución equitativa, el uso transparente y la aplicación honesta de los recursos públicos. Nuestra columna concentrará la atención en reportar, analizar o llamar a la acción en casos donde existan patrones de vulneración de derechos (como el desabasto de medicamentos o el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar). La intención del espacio es debatir y proponer acciones políticas desde la sociedad civil organizada, basados en evidencia. Twitter: @NosotrxsMx (Leer más)
Pendientes, retos y tropiezos del Sistema Nacional Anticorrupción
Para que el SNA se acerque lo más posible a la expectativa que generó, conviene reflexionar no solamente sobre los logros que efectivamente tiene, sino sobre las batallas que no prosperaron y los retos que enfrentamos, tanto desde el Comité de Participación Ciudadana, como del Comité Coordinador.
Por Jorge Alatorre
20 de septiembre, 2021
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Pocos problemas son tan persistentes en la memoria y en la cotidianeidad mexicana como la corrupción; no puede ubicarse periodo en nuestra historia donde no haya mención a la misma de una u otra forma, no existe familia intocada de manera directa o indirecta; sin embargo, aún mas importante que reflexionar sobre el daño histórico que como gobierno y sociedad nos hemos autoinfligido a lo largo de los siglos, es esencial explorar las vías que nos pueden llevar pasos hacia afuera de esta centenaria normalidad que de normal nada tiene.

Entre las iniciativas generadas en México para hacer frente a la corrupción podemos distinguir las generadas eminentemente desde el gobierno y las que surgen desde la sociedad para atender con políticas públicas lo que es una cuestión de Estado. En las primeras sobresale la renovación moral del sexenio de Miguel de la Madrid, surgida a partir de dos premisas equivocadas, aunque muy populares: que la corrupción es una cuestión de moral y, más delicado aun, que desde el gobierno se debe incidir sobre la moral pública (concepto intrínsecamente autoritario, excluyente y peligroso). No toca al gobierno, ni siquiera al Estado, dictar el contenido y orientación moral de su sociedad, ni entonces, ni ahora, ni nunca.

En caso contrario, cuando las iniciativas para combatir este flagelo surgen de una exigencia social que reclama participación y resultados, nos encontramos con las reformas en materia de transparencia y acceso a la información y las recientes reformas anticorrupción. La primera de estas reformas, cristalizada en 2002 y perfeccionada en 2007 y 2014, ha implicado un cambio trascendental e indispensable para la vida democrática en México; el acceso a la información pública hoy día en nuestro país es digno de orgullo y ejemplo para otros más, incluso plenamente desarrollados. Por supuesto persisten algunas imperfecciones y frecuentes sabotajes, pero ello no obsta para reconocer que este derecho es una realidad que se fortalece con los años.

Otra reforma que se abrió paso en medio de un sexenio caracterizado por una corrupción escandalosa fue la anticorrupción. Los cambios necesarios implicaron cambios constitucionales de gran calado y la posterior promulgación o modificación de siete leyes esenciales en la prevención, fiscalización y castigo a la corrupción. Esta reforma generó un Sistema Nacional fundado en la premisa de la necesidad de incrementar por una parte la coordinación y comunicación entre las instancias de gobierno y Estado al cargo de diferentes tareas anticorrupción, así como en poner a la ciudadanía adentro y al centro de su cuerpo neurálgico, el Comité Coordinador del Sistema. Esta preponderancia no fue una concesión sino una exigencia de una sociedad civil activa y activada como pocas veces, que demandó un espacio significativo en la toma de decisiones ante un problema que compromete nuestra viabilidad como país.

Se ha cumplido ya un lustro de la instalación del Comité Coordinador de este Sistema y con el objeto de que honre -en la medida de lo posible- la expectativa que generó, conviene reflexionar no solamente sobre los logros que efectivamente tiene, sino sobre las batallas que no prosperaron y los retos que enfrentamos, tanto desde el Comité de Participación Ciudadana (CPC) como del Comité Coordinador (CC). Existe una resistencia natural a hablar de los tropiezos, pero esto es importante para evitar que se pierdan las costosas lecciones aprendidas. A final de cuentas, la única manera de no tropezar nunca es no caminar, en tal espíritu, reflexionemos.

En materia de litigio estratégico, el CPC ha logrado repeler con éxito los intentos por enviar candidatos sin el perfil y fundamentación requerida para la sección anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, así como para combatir la estrategia de sabotaje de quorum en el Senado para nombrar comisión de selección.

Sin embargo, al interior del pleno del Comité Coordinador, el CPC no logró que prosperara una solicitud de exhorto a la Presidencia de la República en el caso del software Pegasus, empleado para espiar a periodistas y activistas incómodos al régimen; sobre el particular se pedían los contratos, la justificación jurídica de su empleo y vista a la visitaduría de la PGR para determinar si se configuró un uso de recursos públicos para fines ajenos a su fin, ergo corrupción. Dicha petición fue rechazada por el resto de la mesa bajo el argumento de que la investigación estaba en curso y por tanto no estaba probado el acto de corrupción.

Meses después, el exhorto para se pudiera dar seguimiento desde el Sistema al caso Odebrecht logró la aprobación del Comité Coordinador, pero no ha fue atendida aun por la PGR ni su sucesora. En el fondo encontramos que peticiones legitimas y razonables encontrarán resistencia por parte de autoridades con lealtades en conflicto o con razones para temer represalias desde el poder.

El adecuado funcionamiento del Sistema se basa sobre dos herramientas esenciales, la Política Nacional Anticorrupción y la Plataforma Digital Nacional (PDN). La Política ha sido aprobada y se trabaja ya en los protocolos de implementación que deberán traducir intenciones en resultados, sin embargo la colaboración en torno de la Plataforma Digital no ha contado con igual disposición que con la Política, aunque son varias instituciones que en los hechos han demostrado su rechazo al patrimonialismo informativo, eventualmente se deberá hacer algo respecto ante las omisas o remisas.

Otro reto del Sistema consiste en ser soslayado en comparación con instituciones bajo control formal o real del ejecutivo. Sin demérito de lo que aportan o pudieran aportar a la causa anticorrupción la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, está claro que esta lucha requiere de todo el poderío del estado mexicano, desaprovechar al Sistema es tan grave como sabotearlo.

Nunca se pensó que un esfuerzo de coordinación interinstitucional sería sencillo, pero la magnitud de la resistencia a su funcionamiento cabal ha superado los pronósticos más pesimistas. Ante ello podemos plantear apostar al fatalismo o a la resistencia, una resistencia estructurada, socialmente legitimada y colaborativa con funcionarios e instituciones que muestren genuina disposición de diálogo y trabajo. No hemos llegado hasta aquí para regresar al principio, es mucho el esfuerzo invertido y los costos de abandonar la causa son prohibitivos. Siempre habrá obstáculos; que nunca falte voluntad para superarlos.

* Jorge Alatorre (@jalatorregdl) es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

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