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¿Qué han hecho los estados frente al COVID?: La respuesta federalista
Ante la falta de coordinación entre órdenes de gobierno, restricciones institucionales y fiscales de los estados, y ausencia de transparencia en las medidas anunciadas, la respuesta de los gobernadores frente al COVID ha sido por demás limitada y opaca.
Por David Gómez-Álvarez
11 de agosto, 2020
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La respuesta de México frente a la crisis del COVID-19 ha evidenciado nuestro maltrecho arreglo federal: cada orden de gobierno ha actuado de forma desarticulada y hasta contrapuesta, ahondando la descoordinación entre autoridades del país. Desde el inicio de la pandemia con la inacción del Ejecutivo Federal, hasta el polémico semáforo de la Secretaría de Salud Federal -que ha causado más confusión que certeza en las entidades del país- lo cierto es que los gobernadores han tenido que arreglárselas solos. Esta evidente descoordinación ha provocado que cada gobierno estatal haya tenido que tomar decisiones, basados en sus propios datos y en función de su situación particular, que han impedido articular una estrategia nacional coordinada para hacer frente a la pandemia.

Las primeras medidas anunciadas por los gobiernos estatales fueron decisiones sanitarias y de confinamiento, que básicamente buscaban fortalecer las capacidades de los sistemas estatales de salud y reducir la movilidad de las personas para evitar la saturación de los servicios hospitalarios. De mediados de marzo a finales del julio, los gobierno estatales anunciaron en conjunto 553 medidas frente al COVID-19, en su mayoría estímulos fiscales y administrativos (134), apoyos económicos (131) y apoyos alimentarios (103), y en menor medida, créditos (90) o apoyos de otro tipo, sobre todo en especie (95). De acuerdo con la plataforma Federalismo en COVID: cómo responden los estados a la pandemia, una iniciativa del CIDE, Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, Universidad de Guadalajara y Transversal, casi la totalidad de los estados (97%) han anunciado, al menos, un instrumento de apoyo alimentario; 91% dispone de estímulos fiscales o administrativos; 90% otorga algún tipo de crédito; 78% ofrece apoyos económicos, y 75% entrega algún otro tipo de apoyos, sobre todo en especie. De estos 553 instrumentos, casi la mitad (49%) son de naturaleza fiscal o financiera, una tercera parte (35%) son de asistencia social.

Si se hace una revisión exhaustiva de las medidas implementadas por los gobiernos estatales, más de la mitad (62%) son nuevas, 16% son adaptaciones a programas ya existentes y para el resto no es posible identificar su modalidad con la información disponible. Esto muestra que efectivamente los estados del país reaccionaron frente a la pandemia con nuevas medidas, aunque todas de alcance limitado. Sin embargo, menos de la mitad de los instrumentos (44%) están publicados en los periódicos o gacetas oficiales estatales. Apenas el 80% de las entidades han publicado al menos un instrumento en sus publicaciones oficiales; el resto de las medidas han quedado en anuncios hechos vía redes sociales, ruedas de prensa, sitios de Internet o pautas publicitarias, lo cual le resta carácter oficial a los instrumentos, que en su mayoría están incompletos en términos de la información fundamental.

La falta de apoyos fiscales de la Federación a los estados ha obligado a los gobiernos estatales a reasignar partidas presupuestales para hacer frente a la pandemia. Casi la mitad (47%) de los instrumentos se financian con recursos completamente estatales, apenas uno de cada diez (10%) es financiado con recursos compartidos con otros ámbitos de gobierno, el sector privado e incluso con organizaciones de la sociedad civil, y solo el 3% son con financiamiento federal. Con la información disponible no fue posible identificar el origen de los recursos para el resto de los instrumentos anunciados. Lo que es más preocupante es que para el 88% de las medidas anunciadas no es posible conocer su presupuesto, lo cual impide saber con qué recursos cuentan.

La opacidad en la información de las medidas anunciadas por los gobernadores es una constante en la República. Ningún estado del país cuenta con información completa sobre los apoyos que ofrece frente a la crisis. Más de una tercera parte (36%) de las medidas no cuentan con información fundamental, en términos de frecuencia, duración, montos y requisitos para recibir los apoyos. Esta falta de transparencia hace altamente discrecionales los apoyos, pues al no contar con reglas de operación ni información fundamental, no es posible saber quiénes califican para obtenerlos.

Frente a este escenario de falta de coordinación entre órdenes de gobierno, restricciones institucionales y fiscales de los estados, y ausencia de transparencia en las medidas anunciadas, la respuesta de los gobernadores frente al COVID ha sido por demás limitada y opaca. Si bien es cierto que los gobernadores han hecho un esfuerzo para responder a la pandemia, su respuesta ha sido insuficiente: apenas se trata de un paliativo que no alcanzará para cubrir las necesidades derivadas de la crisis. Aunque en algunos estados se ha planteado la posibilidad de crear un ingreso único a nivel estatal, lo cierto es que en ningún estado del país hay condiciones factibles para lograrlo. Por tanto, la iniciativa del ingreso vital que ha promovido Nosotrxs solo podría ser realidad a nivel federal, pues los estados no están dotados con los recursos ni la capacidad para lograrlo. Seguimos a expensas de que el Congreso de la Unión haga suya esta urgente iniciativa para paliar los efectos devastadores de la mayor crisis en la historia del país.

* David Gómez-Álvarez es representante de Nosotrxs en Jalisco y académico de la Universidad de Guadalajara.

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