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Por Jacobo Dayán
Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Hu... Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero. (Leer más)
Comisión de la verdad ¿gubernamental?
La actual administración decidió mantener el control de la comisión de la verdad para investigar los crímenes de Estado cometidos de 1965 a 1990, convirtiéndose en juez y parte en una investigación que abandona a las víctimas del presente.
Por Jacobo Dayán
13 de octubre, 2021
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Después del tremendo fracaso del sexenio de Vicente Fox para garantizar verdad y justicia por la “Guerra Sucia”, por fin se tomó la decisión de abordar ese violento pasado de nuestra historia. Las víctimas y sus familiares continuaron con esta demanda por décadas.

En días recientes el presidente emitió un decreto para la creación de la “Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos de 1965 a 1990”.

Muy sintomático ha sido que el anuncio de la creación de esta comisión haya pasado casi desapercibido para los medios y la opinocracia. Un ejercicio de este tipo debe detonar una pedagogía social importante. La conformación de estos órganos extraordinarios debe ser entendida y discutida, inicialmente con las víctimas. Lo primero que habría que decir es que hay división de opiniones entre víctimas, familiares y colectivos.

Largamente esperada, esta comisión queda corta y genera dudas sobre su viabilidad e independencia. Para garantizar procesos sólidos y confiables, las comisiones de la verdad deben contar con absoluta independencia. En este caso, seis de los siete votos recaen en funcionarias y funcionarios de gobierno: Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Archivo General de la Nación, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. A este grupo se suman “cinco personas expertas de reconocida calidad moral o prestigio profesional” que solo contarán con un voto. El gobierno decidirá qué, cómo y cuándo. El gobierno investigará los crímenes de Estado. La actual administración decidió mantener el control de la comisión convirtiéndose en juez y parte. La comisión terminará su trabajo a más tardar en septiembre de 2024. Con esta conformación, las y los funcionarios podrían decidir emitir el informe final previo a las elecciones presidenciales de ese año dándole un uso político a este proceso.

También preocupa el tema presupuestal. Las cinco personas independientes “ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su participación”. Estos trabajos requieren involucramiento permanente por largo tiempo. Imposible realizarlo en estas condiciones con la dedicación requerida. Tampoco queda claro cómo se financiará la comisión, ya que no hay presupuesto asignado. Estos procesos requieren de la participación de cientos de personas que analicen documentos, realicen cientos y cientos de entrevistas para recolectar testimonios, equipos sólidos periciales y de procesamiento de grandes cantidades de información y equipos de redacción y revisión, entre otros.

Sobre la justicia también preocupa que se mantenga la vinculación con la FGR y las Fiscalías locales. Los resultados de estas han estado a la vista. Lo ideal sería la creación de un mecanismo extraordinario de justicia y no una fiscalía especializada. Pero el gobierno tampoco quiere perder el control político de la justicia.

Sobre buena parte de la información requerida y las garantías de no repetición se dependerá de la voluntad de las Fuerzas Armadas. Nada que agregar, será casi imposible. Cualquier recomendación irá en el sentido de transparentar, supervisar y llevar a cuentas a los miembros del ejército. La realidad actual apunta exactamente en el sentido opuesto. La búsqueda de personas requerirá de mucho mayor presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda que solo tiene una persona dedicada a la “Guerra Sucia”. De la reparación hay que recordar que la CEAV no tiene titular desde hace más de un año y su fideicomiso de reparaciones ha sido eliminado. ¿Cómo se resolverá todo esto? No queda claro. Estos procesos deben garantizarse de manera transexenal. Son mucho más que emitir un informe. Deben venir acompañados de largos procesos de pedagogía y asimilación social.

Otro elemento que preocupa es la temporalidad. El decreto estipula “que el Ejecutivo Federal a mi cargo tiene el compromiso con la sociedad en general y con las víctimas afectadas en sus derechos humanos dentro del periodo de violencia política comprendida de 1965 a 1990, de proveer dentro del marco de la legalidad, elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos ocurridos en dicho periodo”. De inmediato surge la pregunta de si este gobierno no tiene ese mismo compromiso con las víctimas del presente o con las víctimas de los 90. El Estado tiene la obligación de garantizar la verdad y la justicia a todas las víctimas. Es irresponsable abandonar a las víctimas del presente. Cómo hablar de garantías de no repetición en un México con más de 92 mil personas desaparecidas, 350 mil asesinadas y más de 30 mil casos de tortura.

Esta comisión gubernamental no es lo que esperaban varias de las víctimas, familiares y colectivos de la Guerra Sucia a los que consulté. Tampoco lo es para algunos funcionarios. Las víctimas del presente siguen en el desamparo.

@dayan_jacobo

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