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Por Jacobo Dayán
Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Hu... Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero. (Leer más)
Justicia: la perversión de la autonomía
Cada que un gobierno, estatal o federal, se ve obligado a pronunciarse sobre alguno de los tantos actos de barbarie o corrupción que ahogan al país, sacan a relucir “el respeto por la autonomía” de las fiscalías. Se muestran “preocupados” por la situación y esperan que se haga justicia. Con los niveles de impunidad casi absolutos que hay en México, decir “se investigará” es equivalente a “no sigan molestando, olviden este asunto”.
Por Jacobo Dayán
25 de enero, 2022
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La impunidad se encuentra en el corazón de los graves problemas nacionales. La violencia y la corrupción seguirán creciendo mientras la impunidad sea la norma. No importa cuánto ni cómo se pretenda acabar con ellas, sin justicia no se resolverán. La defensa de derechos y libertades seguirán siendo una utopía en un país sin aplicación de las normas. Nunca habrá una democracia sólida sin Estado de derecho. Buena parte del problema recae en la falta de voluntad política para revertir esta situación.

La justicia está controlada desde los poderes político, económico y criminal. Con razón se pensó que era necesaria la autonomía de las fiscalías del país para romper con el control político. Después de grandes esfuerzos esto se logró. Sin embargo, en los hechos esto ha operado en contra dado el cinismo político y la falta de articulación social. Si en gobiernos anteriores quedaba claro que ante la inoperancia de las fiscalías se debía presionar al poder ejecutivo, la autonomía ha hecho difusa la ventanilla de queja.

A pesar de la autonomía reconocida en la ley seguimos presenciando que tanto las fiscalías de los estados como la Fiscalía General de la República obedecen a los intereses y prioridades de gobernadores y del presidente.

Cuando conviene a la narrativa, gobernadores y presidente se recargan en la autonomía y se deslindan de la exigencia de justicia. Cuando conviene otra cosa, ordenan a las fiscalías dar cauce a sus exigencias. Si resulta útil emiten opiniones antes de tiempo asignando responsabilidad a grupos criminales, a gobiernos anteriores o al neoliberalismo para descargar su responsabilidad de Estado con la justicia. En los casos en que se presume la culpabilidad de alguien cercano al poder se despliega una defensa política que desestima las acusaciones prejuzgando los hechos, anteponiendo la lectura política al Estado de derecho. Es decir, la autonomía es usada con fines políticos. A veces fiscalías autónomas, otras veces no.

Cada que un gobierno, estatal o federal, se ve obligado a pronunciarse sobre alguno de los tantos actos de barbarie o corrupción que ahogan al país, sacan a relucir “el respeto por la autonomía” de las fiscalías. Se muestran “preocupados” por la situación y esperan que se haga justicia. Con los niveles de impunidad casi absolutos que hay en México, decir “se investigará” es equivalente a “no sigan molestando, olviden este asunto”.

No importa de qué partido político hablemos. El control de la justicia es el centro del régimen político mexicano. Primero pervirtieron la justicia, ahora lo hacen con la autonomía. La violencia continuará, la corrupción seguirá gozando de buena salud al igual que la opacidad. La democracia se seguirá debilitando. Sin Estado de derecho no hay futuro.

Revertir esta situación resulta complejo ante un sistema colapsado y una clase política sin compromiso con la justicia. México requiere de un mecanismo extraordinario de justicia. Seguir apostando a las fiscalías del país es ingenuo, criminal y perverso.

@dayan_jacobo

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