Memoria impuesta
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Por Jacobo Dayán
Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Hu... Jacobo Dayán es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Se desarrolla como docente, investigador, conferencista, activista, analista, columnista y consultor tanto en México como en el extranjero. (Leer más)
Memoria impuesta
La Ley General de la Memoria Pública sobre las Violaciones de Derechos Humanos y Violencias del Pasado es un texto desaseado y mal redactado, que pretende que el gobierno mantenga el control de la memoria, como lo han hecho con la verdad y la justicia.
Por Jacobo Dayán
23 de noviembre, 2022
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Comenzó a circular un texto que pretende ser la Ley General de la Memoria Pública sobre las Violaciones de Derechos Humanos y Violencias del Pasado. El texto fue criticado por colectivos de víctimas que con toda razón argumentan que se trata de una propuesta realizada de espalda a las víctimas al tiempo que se abandona la verdad y la justicia.

Se trata de un texto desaseado y mal redactado, realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que lleva su sello: mantener el control de la memoria como lo han hecho con la verdad y la justicia. El actual gobierno ha creado comisiones de la verdad sin independencia política alguna y mantienen a las fiscalías del país atadas al control político.

Promover una ley de memoria es perverso mientras se niega el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Comenzando por el principio, qué es y qué no es la memoria. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM hemos publicado un texto que busca explicar esto. Van algunos fragmentos.

“No hay una sola memoria, hay memorias colectivas y plurales… las memorias son un proceso de co-construcción permanente… Los trabajos de la memoria son parte de procesos de sanación, de darle sentido al pasado y traerlo al presente, de darle forma a las ausencias, miedos, anhelos, culpas, dolores, vergüenzas, rabias y demás preocupaciones… No le pertenece al Estado, ni a los gobiernos porque es de pertenencia colectiva. Su pertenencia inicia desde las víctimas que han sufrido violencia directa e indirecta y desde allí se colectiviza… El control de la memoria por gobiernos, corporaciones e incluso grupos criminales reconfiguran la memoria en un arma que disuelve la vida… Monopolizar la memoria desde el Estado rompe con la rebeldía propia de los procesos de memoria, la entrena para seguir visiones y no cuestionarlas, busca controlar imaginarios y narrativas, desplegarla con una sintaxis que da muerte a las memorias rebeldes, diversas y emancipadoras”.

La memoria es resistencia. Claro ejemplo son los anti monumentos o toma de espacio público por parte de colectivos de víctimas en todo el país. La memoria no es un ejercicio vertical desde el Estado y menos desde el gobierno.

Destacando asuntos generales de la propuesta de ley, esta reconoce la obligación del Estado por esclarecer la verdad, pero se abroga la facultad de “elaborar investigaciones de carácter histórico imparciales y competentes”. Esto no basta; el esclarecimiento histórico debe ser independiente del gobierno. Las Comisiones de la Verdad y las investigaciones que abonen a ella no pueden ser generadas por la autoridad que es cómplice de los crímenes y que no garantiza la justicia. La memoria y la verdad no le pertenecen a gobierno alguno.

La ley contempla un Centro Nacional de Memoria que “será el encargado de dar seguimiento a la política pública en materia de memoria pública y establecer los criterios para su evaluación”. Considera a la memoria un asunto de gobierno dejando marginalmente el trabajo de víctimas, colectivos de familiares de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia, que deben subordinarse a dicho Centro controlado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Revisando leyes similares en la región, se puede citar la del Centro de la Memoria Histórica colombiana. En ella se le da las facultades de fortalecer la memoria colectiva “procurando conjugar esfuerzos del sector privado, la sociedad civil, la cooperación internacional y el Estado”, además de fungir “como espacio de apoyo a las entidades públicas y privadas en el marco de las iniciativas ciudadanas en temas de memoria histórica.” Así como “promover y motivar, a nivel territorial, la participación de las víctimas, las organizaciones sociales y la academia, en el diseño, desarrollo y difusión de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, con el apoyo de las entidades territoriales, a través de sus instituciones y programas”.

Gran diferencia. Mientras una pretende mantener el control, la otra se asume como articuladora y soporte.

Si el gobierno pretende crear una ley de memoria, no lo puede hacer mientras abandona la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Su obligación es integral. La deuda es de Estado. Como lo ha reiterado Sergio Beltrán: La memoria impuesta sin verdad es mentira, sin justicia es impunidad, sin reparación es daño y sin no repetición es olvido.

Ojalá hubiera un espacio y voluntad política para discutir a detalle los temas de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Hasta ahora ha habido simulación e imposición. Mientras tanto, el país se hunde en la violencia, el olvido y la impunidad.

@dayan_jacobo

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