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Pacto por la Primera Infancia
Por Pacto por la Primera Infancia
El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión... El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante el goce efectivo de todos sus derechos. El colectivo está integrado por más de 440 miembros en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas e instituciones. (Leer más)
¿Con qué criterios, presidente?
La población más afectada con las medida de austeridad serán las niñas y niños de 0 a 5 años, en virtud de que son estas las partidas que serán reducidas, sin criterios adicionales, en 75% conforme al decreto del 23 de abril.
Por Magdalena de Luna
29 de mayo, 2020
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Hace apenas un mes y días, en estas mismas páginas, advertíamos el enorme riesgo que se asomaba en las posibles o seguras decisiones presupuestales que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría de tomar de cara a la emergencia sanitaria que, claramente, se acompañaba de una tremenda emergencia económica.

En esa ocasión dimos cuenta de la importancia de asegurar bienes y servicios vitales para el desarrollo de las niñas y los niños en sus primeros años de vida, ya que las circunstancias en que se desarrollan en esta etapa determinarán en el futuro sus condiciones de salud, habilidades cognitivas, afectivas y sociales. Hablamos también del importante avance que representa contar ya con una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia1, como un acuerdo político de primer orden entre sectores y órdenes de gobierno para proveer de estos bienes y servicios de forma articulada a las niñas y los niños en sus primeros años y, sobretodo, hicimos un llamado al Poder Ejecutivo para que, en el marco de las decisiones que habría de tomar, no cometiera el error de recortar los recursos que se destinan a este sector de la población. 2

Así pues, el pasado 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican”,3 el cual establece instrucciones directas pero que precisamente carece de criterios para la aplicación de tales medidas.

Para un mejor entendimiento resaltaré solo tres puntos de la disposición del 23 de abril:

  1. Se refiere que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros (partidas 2000 y 3000). Sin embargo, surgen las siguientes preguntas: ¿Todos los suministros y servicios? o ¿bajo qué criterios se decide que prevalece en el 25% restante que sí se ejercerá?
  2. Se expresa que se cancelan 10 subsecretarías, pero nuevamente las interrogantes son: ¿cuáles? y ¿bajo qué criterios se cancelan?
  3. Se menciona que se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los llamados “programas prioritarios”, empero ¿con que criterios se estableció que sean esos específicamente los programas prioritarios?

Pues bien, aunque el decreto no tiene criterios explícitos, sí tiene uno que parece sustentarlo: de las 38 prioridades señaladas en el Decreto, 22 corresponden explícitamente a aquellos 25 proyectos prioritarios del entonces gobierno electo, anunciados en agosto de 2018 y 8 más se relacionan directamente con el desarrollo de los mismos proyectos prioritarios.4 Es decir, con el pretexto de la pandemia, ha sido posible minimizar o en su caso desechar en el gobierno, todo aquello que no se relaciona con los proyectos originarios, ahora denominados “prioritarios”. Aquí adquiere sentido aquella controvertida frase presidencial de que “la pandemia cayó como anillo al dedo”.

Sin embargo, es nuestra responsabilidad como sociedad y como ciudadanía recordarle al ejecutivo que los criterios de prioridad del gasto están establecidos en nuestros marcos legales. Por ejemplo, el párrafo III del artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que, ante un escenario de disminución de la recaudación, los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:

i) Los gastos de comunicación social;

ii) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias, y

iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

Si bien es cierto que no se actualiza el supuesto de disminución de la recaudación (hasta marzo de 2020), 5 es verdad que el escenario de recursos insuficientes era previsible y, por lo tanto, era aplicable el criterio que esa ley establece. Aun así, huelga decir que hay otros criterios de orden jurídico superior como los plasmados en la propia Constitución y en los Tratados Internacionales que tienen el mismo rango de constitucionales.

Por citar un caso, de acuerdo al artículo 4° de la Constitución Política y el artículo 6° de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Presidente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados están obligados a incorporar el interés superior de la niñez y adolescencia en el proceso de planeación, programación y presupuestación del gasto público, de tal manera que la asignación de recursos permita dar cumplimiento a las acciones para la protección de sus derechos.

Está también lo que dicen los tratados internacionales de los que México forma parte. Por ejemplo, el artículo 3o. de la Convención de los Derechos del Niño establece que, en todas las medidas concernientes a la niñez, una consideración primordial que deberá atenderse será el interés superior de los niños y las niñas; o bien, la misma Convención señala en el artículo 4º que los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en dicha Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, indica que los Estados Parte adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

De forma más específica, la Observación General No. 19 del Comité de los Derechos del Niño, que versa sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos sus derechos, señala textualmente que el interés superior del niño deberá considerarse como primordial en cada fase del proceso presupuestario y en todas sus decisiones y que esa obligación es crucial cuando los Estados sopesan prioridades concurrentes de asignación y gasto presupuestarios.6 Claramente, las decisiones de asignación y reasignación de gasto en medio de esta contingencia representan un momento para sopesar tales prioridades concurrentes. La Observación General además advierte que los Estados parte han de ser capaces de demostrar que se ha cumplido con esa premisa frente a otras consideraciones.7

Y, por si hiciera falta un razonamiento de orden económico para reforzar lo anterior, el profesor James J. Heckman, Premio Nobel de Economía, logró demostrar que invertir en los primeros años genera un retorno social del 7 al 10% anual, gracias a mejores resultados en educación, salud, sociabilidad, productividad y menor actividad criminal a lo largo de toda la vida. Esta evidencia económica indica y recomienda que los gobiernos deben invertir prioritariamente en esta etapa de la vida, máxime en contextos de escasez de recursos públicos como en el que nos encontramos.

Pero ¿qué ocurre hoy en México?

Del total de recursos que se destinan a la atención de la niñez y la adolescencia, solo el 10.45% son para la primera infancia. Para colmo, mientras en la agenda de niñez en general (0 a 17 años), los recursos, que corresponden a servicios generales y materiales y suministros representan solo el 5.27%, estos capítulos alcanzan el 26% de los recursos destinados para la primera infancia. Es decir, la población más afectada con esta medida de austeridad serán las niñas y niños de 0 a 5 años, en virtud de que son estas las partidas que serán reducidas, sin criterios adicionales, en 75% conforme al decreto del 23 de abril. No conocemos aún los detalles del impacto de las otras disposiciones referidas.

Por fortuna ya hay voces dentro y fuera de propia administración pública que señalan que la aplicación del decreto del 23 de abril es violatorio los derechos de las personas8, las leyes, la constitución y los tratados internacionales.

Considerando la contundencia y solidez de los argumentos aquí vertidos, no nos queda otra cosa que exhortar a una reconsideración respecto del decreto publicado el 23 de abril y que, no obstante la ya conocida obstinación del Ejecutivo Federal, tenga la sensibilidad política suficiente para reconocer no solo la prevalencia del marco normativo, sino la conveniencia que la niñez, aun dentro del estado de emergencia que nos asedia, tenga y disfrute de las mejores condiciones en su desarrollo, particularmente en la primera infancia.

Aquí hay otros criterios.

#LaNiñezImporta

 

 

1 Disponible aquí.

2 Disponible aquí.

3 Disponible aquí.

4 Por cierto, no están en el decreto las acciones relacionadas con la provisión de una canasta básica de alimentos ni el apoyo a las PYMES, que si están en las 25 prioridades del 2018 y que vendrían muy bien en el decreto emitido en el marco de la pandemia.

5 Conforme el análisis del Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados de marzo 2020

6 En el presente año 2020 México tiene la obligación de presentar su 6 y 7 informe consolidado ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

7 Disponible aquí.

8 Sin abundar aquí sobre la violación de los derechos laborales de los servidores públicos consignados en el mismo Decreto.

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