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El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión... El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante el goce efectivo de todos sus derechos. El colectivo está integrado por más de 440 miembros en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas e instituciones. (Leer más)
Crisis y deterioro del bienestar infantil: la ecuación ineludible
La evidencia disponible confirma la estrecha relación entre las recesiones económicas y el deterioro del bienestar infantil, al ser el sector que padece de manera más inmediata, desproporcionada, creciente y durante un lapso mayor frente a otros grupos poblacionales.
Por Alberto Sotomayor
29 de abril, 2020
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Hoy nos enfrentamos a una situación inédita y extraordinaria como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, que vendrá aparejada de una severa crisis económica global nombrada ya como el “Gran Confinamiento” y, que de acuerdo a diversos especialistas y organismos internacionales, se pronostica que será más fuerte que la Gran Depresión de 1929: el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta, en su escenario menos adverso, que el crecimiento mundial en 2020 descenderá a -3% y un -6.6% para nuestro país,1 en tanto que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) prevé una contracción de -5.3% para la región y de -6.5% para México.2

Esta crisis mundial infortunadamente agravará las brechas de desigualdad, agudizará las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad en su conjunto e incrementará en número y magnitud los problemas públicos, con especial énfasis en las niñas y niños, si los gobiernos no deciden y actúan con la rapidez y pertinencia que el escenario nacional y global impone para intentar mitigar la incertidumbre respecto del impacto de la crisis en las vidas cotidianas de millones de personas.

La evidencia disponible confirma la estrecha relación entre las recesiones económicas y el deterioro del bienestar infantil, al ser el sector que padece de manera más inmediata, desproporcionada, creciente y durante un lapso mayor frente a otros grupos poblacionales. Son quienes sufren de manera más directa y dramática la vulneración de sus derechos más básicos. No hay país en el mundo, sin importar su nivel de desarrollo, que eluda a la ecuación crisis y deterioro en el bienestar infantil. Lo que sí existe es la diferencia respecto a la solidez, oportunidad y eficacia de las intervenciones públicas que garantiza mayores probabilidades de éxito para frenar e incluso revertir en el mediano plazo el detrimento en las condiciones de vida de niñas y niños a través del fortalecimiento institucional de los sistemas de protección y de programas públicos orientados al bienestar de la infancia.3

Lo anterior, es pertinente ante el escenario moldeado por las recientes medidas anunciadas por el Presidente como parte del plan gubernamental para enfrentar la crisis económica que afecta al país por el coronavirus, entre las que se destaca la intensificación de la rigurosa política de austeridad, es decir, mayores recortes a las asignaciones presupuestales de la administración pública federal, como es la reducción del 75% de recursos correspondientes a las partidas de servicios generales y materiales y suministros, así como posponer en general las acciones y el gasto de gobierno, salvo en aquellos programas caracterizados como “prioritarios” desde la óptica presidencial.4

Si bien es cierto, es incuestionable la necesidad de los gobiernos para efectuar recortes presupuestales, para poder reorientar recursos para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social, también lo es que en esa compleja decisión debe considerarse en la forzosa ecuación el deterioro del bienestar infantil. En otras palabras, el interés superior de la niñez y en el enfoque de derechos debe orientar y robustecer la toma de decisiones del gobierno.

En este sentido, los actuales apoyos de los programas de bienestar sin duda son importantes y necesarios, sin embargo, no son suficientes para apoyar a las familias más vulnerables en momentos de crisis por la reducción de su ingreso familiar.

Como ejemplo baste mencionar uno de los pocos programas sociales orientados a la primera infancia e identificado como prioritario en el decreto presidencial: se trata del “Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras”, que consiste en proporcionar una trasferencia monetaria no condicionada para el cuidado y atención infantil de las niñas y niños de 1 a 4 años (en caso de niños con discapacidad se amplía hasta los 6 años) a cargo de las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y que no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. Sin embargo, actualmente tiene una limitada cobertura de su población objetivo, además de que inexplicablemente excluye del beneficio a las niñas y niños de 0 a 1 año de edad, los invisibles de la primera infancia y quienes serán de los más afectados por la crisis.

En el presente ejercicio fiscal, previo a la irrupción de la pandemia, se observa una disminución de casi 2,260 millones de pesos en los recursos destinados a la primera infancia, al pasar de 82,176 millones de pesos en 2019 a 79,916 millones en 2020. Reducción significativa que podría ser aún mayor por los efectos económicos y presupuestales por la epidemia en el país.

El costo de no invertir en la población de primera infancia, sobre todo la que se encuentra en las familias más vulnerables, generará un detrimento significativo en su bienestar en el corto y en el largo plazo, inclusive haciendo más profundas las condiciones de pobreza del país. En nuestro país, el 52% de niñas y niños de 0 a 5 años viven en pobreza y podrían correr el riesgo de sufrir un drástico incremento en su condición de vulnerabilidad.

De disminuir los recursos presupuestales en los servicios públicos básicos dirigidos a la primera infancia se amenaza su supervivencia y salud, pues se incrementarán los índices en la mortalidad, desnutrición y anemia, revirtiendo los logros alcanzados en los años recientes. También están en riesgo los avances en la cobertura de inmunización y que se produzcan brotes de enfermedades prevenibles mediante la vacunación. Impactaría negativamente su aprendizaje, tanto por el cierre de Centros de Educación inicial o Estancias Infantiles, como por la falta de acceso a programas de educación inicial y de herramientas para apoyar el aprendizaje de niñas y niños.

Sin programas que proporcionen apoyo práctico a los padres y cuidadores sobre las atenciones apropiadas para los niños, así como manejar su propia salud mental, se pone en riesgo su seguridad, pues los crecientes cierres de las fuentes de trabajo y las medidas de confinamiento implican un mayor peligro de que los niños presencien o sean víctimas de violencia y abusos, provocado por el estrés, el hacinamiento y la incertidumbre económica de las familias.

Por ello, es imprescindible continuar y redoblar los esfuerzos orientados tanto a priorizar la continuidad de los servicios públicos centrados en las niñas y niños, como a mantener visible en la agenda pública a la primera infancia en estos tiempos de crisis, pues ellos serán los más afectados por la inacción o débiles respuestas en oportunidad, calidad y cobertura de los gobiernos. Se trata de decisiones que sin duda serán clave para asegurar el futuro de las siguientes generaciones o condenarlas a la invisibilidad y a graves riesgos de largo plazo: ese es el ingente reto.

#LaNiñezImporta

 

1 Véase “Perspectivas de la economía mundial”. FMI, abril 2020. Disponible aquí.

2 Véase “Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”. CEPAL, abril 2020. Disponible aquí.

3 Véase “Los niños de la recesión. El impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos”. UNICEF, octubre 2014. Disponible aquí.

4 Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican. Diario Oficial de la Federación del jueves 23 de abril de 2020. Disponible aquí.

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