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Por Pacto por la Primera Infancia
El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión... El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante el goce efectivo de todos sus derechos. El colectivo está integrado por más de 440 miembros en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas e instituciones. (Leer más)
El desmantelamiento de la educación comunitaria para la primera infancia
Hoy la primera infancia cuenta con menos de la mitad de los recursos que hace un par de años. De ratificarse la asignación presupuestal prevista en el proyecto de presupuesto 2021, el recorte al programa de educación comunitaria para la primera infancia llegaría a casi 500 millones, lo que implicaría una baja acumulada del 57%.
Por Alberto Sotomayor
28 de octubre, 2020
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Este año se cumplió casi medio siglo de la creación del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en 1971, como organismo descentralizado de la SEP, a partir de la consideración presidencial de hacer llegar la educación al mayor número de mexicanos y del reconocimiento de que resultaban insuficientes los entonces esfuerzos gubernamentales para que ello ocurriera. Sobre todo en aquellos sectores históricamente desprotegidos, como eran y siguen siendo las poblaciones migrantes y las que habitan en localidades marginadas, dispersas y apartadas del país con escasa o nula infraestructura educativa.

De ahí que el CONAFE a lo largo de su historia se erigió como el encargado de generar modelos educativos alternativos al modelo de enseñanza tradicional, tendientes a abatir el rezago en materia de educación, en particular de la niñez y adolescencia que habita en localidades en pobreza y con mayor rezago educativo, así como garantizar la educación en aquellos lugares donde no es posible contar con un servicio educativo regular y permanente, bajo un novedoso modelo de aprendizaje que promueve la participación y organización de las propias comunidades mediante recursos y prácticas educativas acordes a sus necesidades y características específicas.

Actualmente, la columna vertebral y razón de ser de CONAFE es la operación del programa “Educación Inicial y Básica Comunitaria”, que absorbe el 95% del presupuesto del organismo, el cual tiene como propósito disminuir el rezago educativo de niñas, niños y adolescentes que viven en localidades rurales de alta y muy alta marginación donde no llega la televisión ni la radio ni el internet, a fin de lograr una menor tasa de abandono escolar en esos niveles de educación.

Para ello contempla dos enfoques: educación inicial orientada a mujeres embarazadas, niñas y niños de 0 a 3 años, madres, padres y cuidadores, y educación básica dirigida a niñas, niños y adolescentes de 4 a 16 años, ambos brindados por figuras docentes denominadas líderes y/o promotoras para la educación comunitaria, que por lo general son también originarios de zonas rurales.

Pese al noble propósito social de CONAFE y de su programa de educación comunitaria, hoy en vísperas de su 50 aniversario tiene pocos motivos para celebrar, pues se encuentra ante un gravísimo escenario que pareciera apuntalar hacia su desmantelamiento. Al analizar su reciente evolución presupuestal se advierte como preludio infortunado una acción intencionada para que ello ocurra con al menos tres manifestaciones concretas.

En primer lugar, se observa una reducción creciente y sistemática en los recursos asignados a la educación inicial y básica comunitaria: del 2018 al 2020 padeció una disminución de más de 355 millones, al pasar de 4 mil 858 millones a 4 mil 503 millones. Esta tendencia se agudizará de aprobarse en sus términos el proyecto de presupuesto para el 2021, como consecuencia de que se proyecta un drástico recorte de casi 700 millones, lo que involucraría que la contracción presupuestal en el periodo 2018-2021 sería de más de mil millones, es decir un decrecimiento acumulado del 21%.

En segundo lugar, el deterioro presupuestal en la educación comunitaria es mucho más profundo y dramático para la primera infancia, pues del total de los recursos presupuestarios del programa asignados en el Anexo transversal para la atención de niñas y niños menores de 6 años, en el periodo 2018-2020 se observa una disminución de 477 millones, que representa una caída del 54%, al pasar de 882 millones en 2018 a 405 millones en 2020: hoy la primera infancia cuenta con menos de la mitad de los recursos que hace un par de años. De ratificarse la asignación presupuestal prevista en el proyecto de presupuesto 2021, la disminución del programa llegaría a casi 500 millones, lo que implicaría una baja acumulada del 57%.

En tercer lugar, ante este escenario presupuestal adverso para CONAFE moldeado en los últimos años, cabe agregar, por si fuera poco, los efectos negativos de la pandemia en el gasto público durante el presente año, que ha obligado a gran parte del aparato administrativo a realizar recortes a sus partidas presupuestales, dejando como saldo programas anémicos sin capacidad para operar de manera adecuada y cumplir con las metas programáticas y los compromisos de atención a los ingentes problemas públicos.

Para el caso del programa de “Educación Inicial y Básica Comunitaria”, que desde la óptica presidencial no es prioritario, estos recortes le han significado ya una reducción de 773 millones, que representan el 17% de su presupuesto para este año. Pero más allá de montos y cifras duras, significaría no sólo no tener capacidad para el necesario incremento en la cobertura de atención, sino el riesgo de una disminución considerable en la misma, que ya de por sí es muy baja: para este año se planteó atender a través de los servicios de Educación Inicial Comunitaria a 407 mil niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses de edad de un total de 2 millones 280 mil niños susceptibles de ser atendidos, de tal manera que hoy tan sólo cubre al 17% del total de la población potencial, dejando a un millón 873 mil niños sin posibilidad de garantizarles el derecho a la educación bajo esta modalidad.

Con estas decisiones y acciones presupuestales el Estado incumple su obligación de garantizar la educación inicial al limitar gravemente a la primera infancia en condiciones de pobreza, aislamiento y rezago social el acceso a las escasas oportunidades que existen actualmente en el país para disfrutar el derecho constitucional a la educación inicial y que encuentran en CONAFE su única vía para acceder a ella, con lo que se estará condenando a una generación de cientos de miles de niñas y niños a recrear el nefasto círculo de la pobreza.

Ante este escenario tan adverso, es imprescindible que la Cámara de Diputados que actualmente examina el proyecto de presupuesto, reconsidere la propuesta elaborada por el Ejecutivo para revertir esta tendencia en la asignación presupuestal que limita el derecho a la educación de la niñez más vulnerable del país. Por ello, desde el Pacto por la Primera Infancia hacemos un llamado urgente para eliminar el recorte al programa de “Educación Inicial y Básica Comunitaria” y asignar al menos el mismo monto que se asignó en 2020, lo que permitiría mantener la cobertura de atención para la niñez más vulnerable. Poco, pero aún hay tiempo.

* Alberto Sotomayor, Coordinación del Pacto por la Primera Infancia (@Pacto1aInfancia).

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