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Pacto por la Primera Infancia
Por Pacto por la Primera Infancia
El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión... El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante el goce efectivo de todos sus derechos. El colectivo está integrado por más de 440 miembros en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas e instituciones. (Leer más)
Estrategia Nacional de Atención a Primera Infancia, ¿política de Estado?
El Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños su pleno desarrollo, pero es necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan seriamente el pleno ejercicio de sus derechos.
Por Alberto Sotomayor
27 de febrero, 2020
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Antes de abordar la relevancia y características de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia recientemente diseñada, es conveniente realizar un breve atisbo al complejo y largo proceso para que ello ocurriera. En las últimas décadas la protección de los derechos de la infancia ha sido motivo de especial preocupación para el Estado, lo que se ha traducido en el reconocimiento y ampliación de los derechos inherentes a este sector de la población. En este sentido, destaca la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, con lo cual se obligó a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier índole para dar efectividad al respeto, protección y garantía de todos los derechos humanos de los niñas y niños.

Por otra parte, la Constitución incorpora el derecho que tiene la infancia, de ver satisfechas sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. A efecto de garantizar lo anterior, a través de la reforma al Artículo 4o constitucional, publicada el 7 de abril del año 2000, se estableció la obligación del Estado para proveer lo necesario a fin de propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.Tal disposición permitió que, el 29 de mayo de ese mismo año fuera promulgado un ordenamiento reglamentario del citado artículo constitucional, es decir, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de la cual se busca asegurar a los niños un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarlos física, mental, emocional y socialmente, en condiciones de equidad.

Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, se publicaron dos reformas constitucionales trascendentes para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, es decir, una, al Artículo 4o que adicionó el principio del interés superior de la niñez y, la segunda, al Artículo 73, que facultó al Congreso de la Unión a expedir leyes en la materia. Esas reformas constituyeron un avance importante en el reconocimiento y abordaje de los temas de niñez y adolescencia, al tiempo de permitir la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, cuyo objetivo de acuerdo a su artículo 1º es reconocerles como titulares de derechos y garantizar su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción.

Como es posible advertir, el Estado mexicano ha plasmado su compromiso de garantizar a las niñas y niños su pleno desarrollo, creando un marco jurídico y un andamiaje institucional, como lo es el propio Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que tiene por objetivo el diseño e instrumentación de políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, con el objetivo de que todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos. Ello impulsó sin lugar a dudas, un cambio de paradigma para articular las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia mexicanas.

Sin embargo, es necesario reconocer que persisten profundas brechas y desigualdades que limitan seriamente el pleno ejercicio de sus derechos. En este sentido, se reconoce la necesidad de que la atención a la Primera Infancia demanda un trabajo intersectorial que, desde la perspectiva de derechos, articule el desarrollo de planes, programas y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada Niña y Niño, de acuerdo a su edad, contexto y condición.

Es por ello que en la reciente reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo del 2019, entre sus diversos contenidos incorporó a la educación inicial como derecho de la primera infancia y encomendó al Ejecutivo Federal integrar una Estrategia Nacional para la Atención de la Primera Infancia. En el artículo transitorio décimo segundo de dicha reforma se estableció que para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, definiría dicha Estrategia.

En esta tesitura, después de un arduo trabajo de colaboración y coordinación entre diversas dependencias de la administración pública federal y con la valiosa experiencia y aportaciones del sector social y privado, el pasado 13 de noviembre de 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) remitió a las Presidencias de las Mesas Directivas, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados, la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) que fue mandatada por la reforma constitucional referida, la cual representa el punto de partida para el diseño, ejecución y seguimiento de diversas políticas públicas que el Estado mexicano deberá implementar para atender las realidades y necesidades que requiere nuestras niñas y niños desde los cero a los seis años.

Su objetivo es garantizar a niñas y niños de menores de 6 años el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo y prosperidad, educación, protección, participación y vida libre de violencia; atendiendo las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, etnias y géneros, así como a la diversidad inherente a cada persona.

Por lo anterior, se considera que la Estrategia Nacional es una oportunidad histórica para avanzar hacia una Política Integral para el Desarrollo de la Primera Infancia y que se consolide como una política de Estado que materialice la realización efectiva del conjunto integral de derechos de Niñas y Niños en esta etapa tan importante de su vida para su desarrollo:

1.- Por primera vez se reconoce a la Primera Infancia como un asunto de Estado, lo cual implica el cambio de rumbo en las políticas actuales para lograr la integralidad y la atención multisectorial: la niñez al centro de todas las acciones.

2.- Se nutre con robusta evidencia científica y en las mejores prácticas sobre la relevancia de la primera infancia, como es el Marco Conceptual del Cuidado Cariñoso y Sensible y la Ruta Integral de Atenciones.

3.- Sienta las bases para el ejercicio de las políticas sectoriales bajo una lógica colaborativa, sin prescindir de un elemento fundamental: la corresponsabilidad de madres, padres, tutores y cuidadores.

4.- Se cuenta con un andamiaje normativo e institucional relativamente robusto en materia de primera infancia.

5.-La existencia de un elemento novedoso de la Estrategia, que le imprime un sello particular y distintivo de otros esfuerzos gubernamentales, y es el reconocimiento a la importancia de la territorialidad, es decir a la articulación para la implementación en el territorio de las políticas, programas y servicios tanto nacionales como locales, mediante la participación y contribución proactiva de actores locales. Es decir, se trata de garantizar que, en cada colonia, comunidad y poblado del país, por remoto que se encuentre, se garanticen las atenciones integrales a la población de primera infancia que ahí habita.

Sin embargo, es necesario reconocer que la Estrategia es piedra de toque para efectivamente arribar a una política de Estado, pues se identifica todavía un conjunto de importantes retos para que ello ocurra, entre los que destacan el consolidar los mecanismos de coordinación entre los diversos órdenes de gobierno; avanzar en la asignación de recursos presupuestales que traduzcan las buenas intenciones plasmadas en el papel en hechos concretos que transformen la realidad; así como el diseño de sistemas de información y seguimiento que permitan monitorear y evaluar de manera puntual los avances pero también los obstáculos.

Por lo tanto, como ciudadanía habrá que estar pendientes de los primeros resultados de la implementación de la ENAPI a nivel territorial y de las capacidades de los gobiernos estatales y municipales en la atención efectiva de los problemas que aquejan a la primera infancia a partir de un enfoque integral que tome en cuenta los derechos y el desarrollo pleno de las niñas y niños del país.

#LaNiñezImporta

* Alberto Sotomayor es licenciado en Ciencias Políticas, maestro y doctor en Administración Pública y con estudios de postdoctorado en Ciencias del Estado y de Gobierno.  Actualmente, es Coordinador de Investigación del Pacto por la Primera Infancia.

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