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Pacto por la Primera Infancia
Por Pacto por la Primera Infancia
El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión... El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante el goce efectivo de todos sus derechos. El colectivo está integrado por más de 440 miembros en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas e instituciones. (Leer más)
La primera infancia no puede esperar, no hay tiempo que perder
Necesitamos un plan de acción que garantice el esquema nacional de vacunación, prevenga y contenga la desnutrición, y ofrezca alternativas de cuidado para proteger a 30 millones de niñas, niños y adolescentes de las devastadoras consecuencias indirectas de la pandemia.
Por Pacto por la Primera Infancia
18 de noviembre, 2020
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El pasado lunes 9 de noviembre sesionó el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creado a partir de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De acuerdo con lo establecido en el articulo 125 de dicho ordenamiento, el Sistema es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Dada la relevancia de su mandato, el Sistema está presidido por el Presidente de la República. La lógica detrás de este diseño institucional es reconocer que el diseño, articulación y promoción de acciones en favor de la población que constituye la tercera parte de la población del país debe ser dirigida por la máxima autoridad de la nación.

Pese a ello, desde que tomó posesión el Presidente no ha presidido una sola de sus sesiones. En su lugar, la Presidenta Suplente, la Secretaria de Gobernación, ha presidido las sesiones del Sistema. Dejando estas preocupantes señales políticas de lado, recordemos también que forman parte del sistema las y los gobernadores, las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y ocho representantes provenientes de la sociedad civil organizada.

En su última sesión, el Sistema tomó un acuerdo fundamental y urgente: definir una serie de acciones extraordinarias tendientes a proteger a 30 millones de niñas, niños y adolescentes de las devastadoras consecuencias indirectas de la pandemia.

¿Cuál debiera ser el contenido de ese acuerdo? Ciertamente, no basta que las dependencias y entidades sigan haciendo lo mismo que hacen, que históricamente ha sido poco, pobre y mal organizado, sino que realmente conduzcan un ejercicio profundo y ágil de reflexión en torno a la catástrofe que estamos viviendo, y las medidas extraordinarias que el gobierno federal debe tomar para evitar que, sumados a los 100 mil muertos por COVID, tengamos que sumar la pérdida de vidas y potencial de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes.

En primer lugar, necesitamos un plan de acción que garantice el esquema nacional de vacunación para las niñas y niños menores de 6 años. Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 indican que solo 3 de cada 10 bebes de 1 año tienen completo el esquema de vacunación. Esos son los datos pre-COVID. Imaginen la cifra al 2020, con el sistema de salud concentrado en la pandemia y las familias con mucho temor de acercarse para inmunizar a sus hijas e hijos. Las consecuencias de un nuevo brote de sarampión, difteria o polio tomarían al país desprevenido y coartarían las oportunidades de desarrollo de miles de niñas y niños. No podemos permitir que enfermedades prevenibles maten o marquen de por vida a nuestra infancia. Es nuestra obligación protegerles. Es imperativo y urgente un plan que, protegiendo de potenciales contagios de COVID a los prestadores de servicios de salud y a las propias familias, garantice la vacunación a los más pequeños.

En segundo lugar, es urgente un programa que prevenga y contenga la desnutrición en menores de 6 años en sustitución del programa PROSPERA. Ya lo advertimos en un artículo previo, la omisión en este sentido será criminal. Los efectos de la desnutrición en los primeros años de vida pueden ser irreversibles. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 ya indica, con toda claridad, que la tendencia decreciente en las prevalencias de desnutrición se ha revertido. Además, muestra una clara relación entre rezagos en el desarrollo y desnutrición crónica. Si el gobierno federal no hace algo de manera urgente, quienes pagaran la facturan serán, como siempre, los más pobres.

En tercer lugar, necesitamos alternativas de cuidado infantil que garanticen a las niñas y niños nutrición y desarrollo pleno al tiempo que permitan a mujeres y hombres (pero principalmente mujeres) la oportunidad de buscar un ingreso. En este país es imposible que las familias salgan de la pobreza con un ingreso único. Hombres, mujeres y la mayoría de personas adultas en el hogar deben buscar oportunidades en el mercado laboral, y eso es imposible si no contamos con alternativas de CALIDAD para el cuidado infantil. Este no es un asunto menor, no es un asunto privado, es un asunto de interés público, y por lo tanto un asunto de Estado.

El cuidado de un niño o niña menor de 3 años no es, como se cree comúnmente, sencillo. Está vinculado a múltiples riesgos que debemos prevenir y a enormes oportunidades que debemos aprovechar. Déjenme mencionar algunos. Está, por un lado, el riesgo inminente de accidentes (quemaduras, caídas, golpes) que ocurren con frecuencia en este rango de edad, y que suceden debido a que niñas y niños en esta edad están en una etapa de exploración y aprendizaje acelerado, pero sus habilidades motoras, percepción del riesgo y capacidad de autocuidado son apenas incipientes. Por el otro lado, no podemos obviar una realidad tristemente normalizada e invisibilizada: el de la violencia psicológica, física y sexual al que están sujetos los niños y niñas en primera infancia.

Del lado de las oportunidades, tenemos en estos primeros años un potencial de aprendizaje que no volverá a repetirse en ningún momento de la vida, pero que, de no ser aprovechado, se perderá irremediablemente. De igual modo, sabemos que en estos primeros años se forman las relaciones de apego que, en muchos sentidos, marcarán nuestra salud mental de por vida.

A la luz de lo anterior, resulta claro que pensar que cualquiera puede estar a cargo del cuidado de un niño o niña de esta edad es un error inadmisible y por tanto uno de los principales fallos de diseño del programa de transferencias que sustituyó a las estancias infantiles de SEDESOL.  Sin formación, acompañamiento y apoyo no podemos asegurar que el cuidado que reciben esas niñas y niños es el que requieren para ver salvaguardada su dignidad, protegidos sus derechos y aprovechado su potencial. Por ello resulta más urgente que nunca que esta administración ponga manos a la obra para hacer realidad la obligatoriedad de la educación inicial.

Estas tres -vacunación, nutrición, cuidados y educación inicial- son algunas materias que deben, sí o sí, incluirse en el acuerdo del Sistema. En cuanto a los procesos, exigimos que se defina con claridad qué se hará, quién lo hará, cómo y con qué recursos. Pero más importante, que se establezca el compromiso de informar al Pleno del Sistema, mes a mes, los avances que cada dependencia o entidad está logrando en la implementación de estos planes de acción y en la resolución de estas problemáticas de nuestra niñez temprana. La primera infancia no puede esperar, no hay tiempo que perder.

#LaNiñezImporta

@Pacto1aInfancia

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