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Por Pacto por la Primera Infancia
El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión... El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa de incidencia e impacto colectivo cuya visión es hacer de México un país en el que todas las niñas y niños menores de 6 años alcancen su desarrollo pleno e integral, mediante el goce efectivo de todos sus derechos. El colectivo está integrado por más de 440 miembros en toda la República Mexicana, entre los que se encuentran organizaciones de la sociedad civil, academia, empresas e instituciones. (Leer más)
Las niñas y niños invisibles: vulneración al derecho de identidad
Al menos un millón 750 mil niñas, niños y adolescentes no cuentan hoy con registro de nacimiento ni identidad jurídica, y por lo tanto son invisibles y excluidos de los servicios públicos.
Por Pacto por la Primera Infancia
5 de noviembre, 2020
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El derecho a la identidad es un derecho humano universal, único, irrenunciable, intransferible e indivisible, reconocido no sólo por la Constitución en su artículo 4º, sino también por diversos instrumentos internacionales. Este reconocimiento implica, por un lado, que toda persona en nuestro país tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de manera inmediata a su nacimiento y, por otro lado, a la obligación irrenunciable del Estado de garantizar permanentemente ese derecho.

Significa que, toda persona desde el momento de su nacimiento, tiene el beneficio de obtener una identidad jurídica que lo caracterice y lo distinga de los demás, que incluya su nombre y filiación familiar, la fecha de nacimiento y la nacionalidad. Representa jurídicamente que esa persona es visible, única, que existe y que en consecuencia forma parte activa de una sociedad para poder desarrollarse de manera adecuada.

El ejercicio de este derecho tiene un importantísimo efecto multiplicador en el disfrute de otros derechos, dado que funciona como una especie de llave para la puerta de acceso a otros derechos esenciales como son el derecho a la salud, a la educación, a la protección, así como también a la inclusión en la vida política, económica y cultural del país en su conjunto.

En contraste, la vulneración del derecho a la identidad genera efectos discriminatorios en el acceso equitativo a servicios públicos y a mejores condiciones de vida, y que por tanto profundiza las brechas de desigualdad y genera condiciones de exclusión social para determinados grupos de población, con especial énfasis en niñas y niños en primera infancia. En este sentido, de acuerdo a la evidencia proporcionada por un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el hecho de carecer de un certificado de nacimiento está asociado a un menor logro educativo y a un menor nivel de inmunización.1

Históricamente nuestro país se ha enfrentado a obstáculos para alcanzar la cobertura universal de registros de nacimiento, limitando con ello el derecho a la identidad en la primera infancia: de acuerdo con estimaciones recientes elaboradas por UNICEF, en la región de América Latina y el Caribe, en promedio sólo 94% de niñas y niños menores de 5 años cuentan con registro de nacimiento, lo cual signifi­ca que aproximadamente a 3.2 millones de niñas y niños no se le ha garantizado su derecho a la identidad. De lo anterior se desprende que, de las niñas y niños sin registro en la región, uno de cada 4 vive en nuestro país.2

Pese a lo imprescindible que resulta este derecho, el gobierno no lo ha podido garantizar de manera plena, pues ha enfrentado, de acuerdo con UNICEF, una serie de brechas que se encuentran estrechamente relacionadas con los obstáculos para el cumplimiento de los principios de universalidad, gratuidad y oportunidad. Entre dichos obstáculos se han identificado las barreras del marco legal y estructuras administrativas complejas, la lejanía geográfi­ca de las personas y sus comunidades, la precaria situación económica de las familias, y las prácticas sociales que postergan el registro de nacimiento.3

El saldo de estos obstáculos, previo a la irrupción de la pandemia, es la contabilización de al menos un millón y medio de personas que no cuentan con registro de nacimiento y de ellos 900 mil personas, que representan el 60%, son niñas, niños y adolescentes que hoy no cuentan con identidad jurídica y por lo tanto son invisibles y excluidos de los servicios públicos.

En este contexto resulta relevante el programa “Registro e Identificación de Población” a cargo del Registro Nacional de Población e Identidad de la Secretaría de Gobernación, el cual cuenta con dos componentes: el primero es el registro de nacimiento y tiene la finalidad de acreditar la identidad jurídica de las personas, al registrarse y expedirse las actas de nacimiento, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, a través del fortalecimiento de las oficialías de los Registros Civiles de las 32 Entidades Federativas, para que acerquen los servicios de registro de nacimiento a los municipios y comunidades con mayores niveles de subregistro (población sin registro de nacimiento) y de marginación. En tanto que el segundo componente es la expedición de la Clave Única de Registro de Población (CURP) a partir de los registros de nacimiento reportados por los Registros Civiles de las entidades federativas y que se incorporan a la Base de Datos Nacional del Registro Civil.

Existen muy pocas intervenciones públicas con efectos tan inmediatos y a tan bajo costo para garantizar el disfrute de múltiples derechos como lo es el programa de Registro e Identificación de Población. Sin embargo, al analizar su evolución presupuestal en los últimos tres años, se observa que lejos de consolidarse la obligación del Estado para garantizar el derecho a la identidad y abatir el alto subregistro, ha tendido a debilitarse como consecuencia de una disminución progresiva en sus recursos presupuestales: del 2018 al 2020 padeció una disminución del 38%, al pasar de 414 millones a 255 millones. Esta tendencia se agudizará de aprobarse en sus términos el proyecto de presupuesto para el 2021, como consecuencia de que se proyecta un recorte de más de 38 millones, lo que involucraría que la contracción presupuestal en el periodo 2018-2021 sería de 197 millones, es decir un decrecimiento acumulado del 48%.

Para el caso de la primera infancia la contracción presupuestal será mucho mayor, pues de 18 millones asignados en el 2020 en el Anexo transversal para la atención de niñas y niños menores de 6 años se pretende asignar para el siguiente año únicamente 4 millones, lo que implicaría una dramática reducción del 77%. El recorte presupuestal de los recursos para abatir el subregistro que padece la primera infancia que habita en las zonas aisladas y vulnerables de las Entidades Federativas imposibilita de facto realizar este propósito.

A este escenario alarmante, cabe agregar el efecto negativo que el confinamiento con motivo de la pandemia y el cierre de los módulos hospitalarios del registro civil en el registro oportuno de nacimientos, dado que ha provocado que las familias decidan postergar indefinidamente el registro de nacimiento de sus hijos, que de acuerdo con cifras oficiales, significa un rezago cercano al 40% en lo que va del 2020 respecto al número de actas de nacimiento expedidas,4 lo que implicaría de continuar esta tendencia, sumar este año al subregistro previo, a 850 mil niñas y niños menores de un año.5

Es momento de revertir el grave problema de que hoy existan cientos de miles de niñas y niños de los cuales no hay constancia legal de su existencia y que se ven obligados día a día a enfrentarse a la invisibilidad, exclusión y discriminación, condenados a vivir al margen de la sociedad, sin ninguna oportunidad para integrarse como personas al igual que el resto de los niños. Para que ello ocurra, se requiere de una decisión inmediata del Estado, que dote de recursos suficientes que le permitan cumplir con el deber inalienable de proteger, promover y garantizar el derecho a la identidad.

#LaNiñezImporta

@Pacto1aInfancia

 

1 BRITO, Steve et. al. Banco Interamericano de Desarrollo. El Registro de nacimientos. La llave para la inclusión social en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Mayo de 2013. Disponible aquí.

2 UNICEF. Registro de Nacimiento en América Latina y el Caribe: Cerrando la brecha. Nueva York, 2016.

3 UNICEF-INEGI. Derecho a la identidad. La cobertura del registro de nacimiento en México. México, 2018. Disponible aquí.

4 Cfr. Objetivos, indicadores y metas del programa “Registro e Identificación de Población”. Disponible aquí.

5 De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, se estiman 2 millones 144 mil nacimientos para el 2020.

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