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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
10 años de guerra: breve recuento
Peña inició su sexenio con más de 50 mil muertos y un número incontado de personas desaparecidas y desplazadas. Hoy el número de muertos se ha duplicado y sabemos que hay cerca de 30 mil desaparecidos —incluidos los 43— de los que no se sabe nada.
Por Luis González Placencia
29 de noviembre, 2016
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La llamada Guerra contra el Narcotráfico se enmarca en tres décadas de violencia de distintos niveles e intensidades que comenzó en la década de los noventa, cuando a las primeras manifestaciones de visibilidad del tráfico internacional de drogas de una década antes le siguió el desbordamiento del crimen organizado hacia los contextos urbanos, manifestado en asaltos, robos de distinta índole y, principalmente, en secuestros.

Entonces, las clases medias y altas -nunca antes vistas en las calles- salieron para manifestarse al menos en dos ocasiones en aquellas llamadas marchas blancas, exigiendo al Estado en su conjunto mayor seguridad.

Los noventa fueron el escenario de dos importantes transiciones en nuestro país: una de carácter económico, de origen exógeno y alcance global; la otra, en buena medida provocada por la primera, de carácter político y de dimensiones internas. La primera de estas transiciones tuvo como resultado, igual que en el resto del mundo, la inversión de las relaciones entre el Estado y el Mercado a favor de éste último, lo que supuso abrirse a la economía transnacional, el comienzo de las privatizaciones y paulatinamente la subordinación de la clase política al empresariado, dando forma a una suerte de Estado Gerente, gestor de lo publico para los fines de la inversión privada.

La segunda transición supuso la descentralización del poder vertical del viejo Estado priista y la transferencia de poderes hacia los gobernadores y los liderazgos locales.

Sin embargo, en el cruce de estas transiciones, el resultado favoreció notablemente el desarrollo de una nueva clase político-empresarial —y empresarial-política— basada en la acumulación de grandes cantidades de dinero que, sin importar si su procedencia fuera legal o ilegal, dieron lugar a eso que Genaro Borrego llamara la dinerocracia.

En ese contexto, el florecimiento de los cárteles no tuvo precedente. El resultado de la errática política criminal de Vicente Fox multiplicó los grupos criminales y diversificó sus negocios. Algunos de estos grupos se radicalizaron hacia el terror y pusieron su inversión en el secuestro y la extorsión basados en el miedo provocado a la población y en la debilidad de autoridades y policías locales a las que con frecuencia utilizaron —y utilizan— para recaudar sus impuestos.

Con medio país en manos del crimen organizado, Felipe Calderón optó por la peor de las soluciones: declarar la guerra a los cárteles, lo que escaló notablemente la violencia, no resolvió el problema del tráfico de drogas, la extorsión ni el secuestro, y sí añadió, como un componente más, la violencia ocasionada por los cuerpos de seguridad —Policía Federal, Ejército y Marina—con motivo del combate a la delincuencia. A Felipe Calderón, la crisis de seguridad se le convirtió poco a poco en una crisis de derechos humanos.

El presidente Peña inició su sexenio con más de 50 mil muertos, un número incontado de personas desaparecidas y desplazadas, así como con un movimiento nacional de víctimas divido, entre aquellas surgidas frente a la violencia criminal —México Unido contra la Delincuencia, Alto al Secuestro, México SOS, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, entre otras— y el de las víctimas de Estado, encabezadas por el poeta Javier Sicilia. Pero a pesar de un prometedor comienzo que enmarcó la promulgación de la Ley General de Víctimas y la creación de la Comisión Ejecutiva que esta preveía, Ayotzinapa descubrió que los lazos entre la criminalidad organizada y el Estado permanecían intactos, por debajo de la política de silencio mediático que su gobierno planteó como estrategia para abatir la inseguridad.

Hoy el número de muertos se ha duplicado, las ejecuciones son noticia cotidiana, sabemos que hay cerca de 30 mil desaparecidos —incluidos los 43— de los que no se sabe nada, 25 mil restos de personas no identificadas, 60 mil secuestros a migrantes y más de 44 mil víctimas indirectas de toda esta violencia. Para colmo, seguimos sin tener una policía confiable y tenemos unas fuerzas armadas enojadas porque su indebida inclusión en todo este galimatías no sólo les ha costado vidas, sino que les ha expuesto al descrédito y a la corrupción.

En The Lancet, hace unos meses, un grupo de epidemiólogos sentenció que el principal riesgo para la vida en el país era, precisamente, el combate al crimen organizado. ¿Será que alguien pueda acercarle este interesante artículo a las autoridades que se empeñan en combatir la violencia con más violencia? Aunque la verdad, dudo mucho que lo entiendan.

 

@LGlzPlacencia

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