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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
CDMX. Una constitución para el siglo XXI
En la Ciudad de México tenemos la oportunidad de redactar un documento constitucional que no solo armonice con la Constitución General de la República sino que incluso la rebase —la potencie, es decir— por el carril de los derechos humanos.
Por Luis González Placencia
25 de enero, 2016
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La semana pasada se dio a conocer que la reforma que planteaba hacer del Distrito Federal el estado 32 de la federación se aprobó en los congresos locales —luego de haberlo sido en el Congreso Federal— y con ello dio lugar a una nueva entidad cuyo nombre oficial será Ciudad de México. Más allá de los alcances que tendrá la reforma en términos administrativos y presupuestales, la buena noticia radica en la posibilidad de que, por primera vez en nuestra historia, quienes nacimos y habitamos el territorio del otrora DF podremos redactar nuestra propia Constitución, lo que sin duda significa mucho más que simplemente sentarse a escribir su articulado. Y es que, previo al trabajo de redacción, será necesario discutir el diseño político que queremos que ese documento fundacional represente, el tipo de estado, es decir, al que aspira ser la nueva Ciudad de México.

Sin duda es importante saber que ese tipo de estado no puede rebasar los límites de la Constitución General de la República (CPEUM), sino en todo caso desarrollar mediante su potencial jurídico, las virtudes en ella contenidas y de igual forma evitar reproducir sus vicios. Hoy la CPEUM, especialmente desde su artículo primero, proyecta un estado constitucional basado en los derechos humanos, en el que, por efecto de la articulación del principio pro persona con las obligaciones asignadas a todas y todos los servidores públicos de la República Mexicana, las leyes secundarias y la política pública deben depurarse a sí mismas y depurar las prácticas sociales contra derechos e incrementar al mismo tiempo las leyes, políticas y prácticas que favorecen a éstos últimos.

Esa especie de instrucción contenida en el artículo primero luego de la reforma constitucional del verano de 2011, constituye al mismo tiempo el marco jurídico y el método para emprender la redacción de una constitución local. A diferencia del resto de los estados, que ya tienen una que, seguramente, está siendo o tendrá que ser armonizada con la CPEUM, en la CDMX tenemos la oportunidad de redactar un documento constitucional que no solo armonice con la CPEUM sino que incluso la rebase —la potencie, es decir— por el carril de los derechos humanos.

Una constitución para la Ciudad de México es una oportunidad sin precedente para reorganizar la administración pública local; para revisar, por ejemplo, si sigue siendo útil la tradicional división de la administración por materia —salud, seguridad, educación, economía— o si sería mejor discutir un modelo más acorde con la complejidad social que está mostrando el nuevo siglo; que aborde los problemas con una perspectiva estructural, de segundo nivel y según núcleos problemáticos, un poco a la manera en la que intentó hacerlo el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en la administración de Marcelo Ebrard. Ello haría posible, por ejemplo, ver las interacciones que desde una perspectiva de seguridad humana se dan entre movilidad, protección civil, seguridad ciudadana y protección del medio ambiente; o bien, desde una perspectiva de acceso a la justicia, las interacciones que seguramente existen entre las variables que producen desigualdad, los movimientos sociales y el uso de los sistemas de justicia en todas sus ramas, incluidos los problemas penitenciarios. La idea es que con una mirada estructural de la administración pública sea posible diseñar políticas integrales que maximicen los efectos positivos y minimicen los negativos de lo que en cada núcleo problemático se decida, en torno a una concepción solida del valor de lo público.

También es una gran oportunidad para trascender hacia modelos de gobernanza que incluyan la participación de las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, el empresariado y las y los ciudadanos en general en el diseño de los programas de gobierno, en la construcción de presupuestos con perspectivas de derechos humanos, de género y de infancia. Y sin duda, es una gran oportunidad para cerrar los espacios de discrecionalidad que hoy permiten la corrupción, el tráfico de influencias, la simulación y los conflictos de interés; y para pensar en desterrar para siempre el paternalismo y el asistencialismo que tienen arraigado a los actuales órganos de gobierno del Distrito Federal todavía en el siglo XX.

El diseño jurídico y político de la Ciudad de México como un Estado Constitucional de Derechos es lo que está en juego con la nueva Constitución; en lo que ésta resulte veremos si de verdad ésta es una ciudad de vanguardia, que ya se sabe en el siglo XXI, o si seremos otra versión del viejo DF sólo que con otro nombre.

 

@LGlzPlacencia

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