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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
CONAPRED, cuándo sí y cuándo no. Parte 1
No encuentro razones para que CONAPRED haya intervenido en ninguna de las formas en las que lo hizo en el caso de Nicolás Alvarado; debió dejarlo pasar y a lo sumo, una declaración de su presidenta habría bastado para hacer un llamado general a la prudencia.
Por Luis González Placencia
4 de octubre, 2016
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El pasado viernes, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y CONAPRED realizaron un interesante encuentro para discutir la polémica situación que se suscitó con motivo de un artículo periodístico que el escritor Nicolás Alvarado publicó en torno a la muerte del cantante Juan Gabriel. En realidad, mas allá de este caso en particular, tal como lo explicó Alejandra Hass, presidenta del organismo nacional para prevenir la discriminación, el tema de fondo emerge cuando se tienen en cuenta las solicitudes que esa institución ha recibido para pronunciarse contra jerarcas de la iglesia católica alrededor de su activismo contra a los matrimonios igualitarios. En otras palabras, la cuestión es cuándo debe Conapred intervenir—y cómo debe hacerlo— y si, cuándo y por qué debería abstenerse.

En aquella muy interesante discusión en la que participó medio centenar de especialistas apenas hubo tiempo para argumentar; por ello aprovecho este espacio de Phronesis para abonar a la discusión en aras de hallar criterios que permitan saber con un cierto nivel de certeza cuando sí y cuando no actuar.

Comienzo analizando el caso de Nicolás Alvarado. Reconozco que la posición que sostendré ahora es una variación, ligera pero determinante, sobre la que sostuve en mi intervención inicial en aquel encuentro. Antes, en la discusión hubo quedado claro que un servidor público está obligado a no discriminar. Sobre este punto sólo añadiría que se trata de una obligación reforzada porque en atención al último párrafo del artículo primero constitucional —que se refiere a todas y todos habitantes y transeúntes del territorio nacional, y no sólo a los servidores públicos— en realidad esa obligación la tiene todo México. Otro punto de acuerdo, planteado en la discusión es que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que reconoce límites pero, como bien lo puntualizó Jesús Rodríguez Zepeda, de esos límites están exentos las obras de arte y las opiniones de los periodistas.

El asunto no era entonces dilucidar si Nicolás Alvarado, en ese momento Director de TV UNAM, era o no servidor público —porque lo era— sino si su colaboración en Milenio la habría hecho en ese carácter, anulando con ello la protección que merecería su pieza si se la considerara únicamente un trabajo periodístico. Mi opinión fue al principio que no, que no había actuado como funcionario público, pero Ricardo Raphael discrepó y con mucho tino nos invitó a mirar el texto, en el que, en efecto, Alvarado plantea su posición como director de la televisora universitaria.

Ricardo me hizo pensar en un procedimiento básico en la investigación de violaciones a derechos humanos: antes de juzgar es necesario ir a la evidencia. Y la evidencia en este caso es la pieza periodística que publicó Alvarado sobre aquel domingo. En efecto, Nicolás Alvarado hablaba de sí mismo como director de TVUNAM. Sin embargo, una lectura cuidadosa del texto permite ver que lo que ahí se contiene es el testimonio de alguien —un periodista— que manifiesta su propio prejuicio, lo hace público y sin embargo cuenta cómo ese prejuicio no le impidió homenajear en el medio bajo su dirección al ídolo popular. Digamos que en esa pieza hay dos historias. La primera es una suerte de mea culpa, irónica y provocadora, en la que Nicolás Alvarado le pone razones a lo que es predominantemente irracional y subjetivo: el gusto. Obtiene esas razones de la conversación con su amigo Pacho, quien le provee los términos de referencia: es este último, y no Nicolás, quien primero habla de joterías y quien introduce la palabra clasismo, implicando que quien no gusta de Juan Gabriel es porque es clasista.

Alvarado hace un silogismo simple: PM: A los clasistas no les gusta Juan Gabriel; pm: A mi no me gusta Juan Gabriel, ergo yo soy clasista. Sin embargo, ante la posibilidad de que se confunda su posición con homofobia, introduce una reserva a través de una metáfora que es ambigua: las lentejuelas, que pueden serlo tanto de la homosexualidad, como de lo que el llama naques, que es en el fondo la razón que esgrime para sostener su rechazo al cantante. Como periodista, Nicolás se arriesga en este punto por dos razones: la primera porque parece no darse cuenta de que —usando las palabras vertidas en su texto— tan grave como juzgar a alguien por joto, es juzgarlo por naco. La segunda porque no calcula —creo— que cuando uno se mete con el ídolo, lo hace también con los idólatras. Abundaré sobre esto en otra entrega, pero por ahora solo diré que ninguno de estos dos errores califica para que se considere su actitud como discriminatoria. Pueden tratarse de faltas éticas, pero no dan para ser consideradas como discursos homófobos o incitadores al odio. No es más que la historia que cuenta, no exenta de ironía y provocación, cómo el escritor se descubre a sí mismo clasista.

Pero la otra historia, la que subyace al texto y de la que nadie habló es la de la instrucción que gira Alvarado a su equipo para que se realice un programa sobre Juan Gabriel; una historia de la que apenas da cuenta en el mismo texto, invitando al público a mirarlo en el portal de la televisora por internet y por televisión, en el canal y horario destinado al espacio en el que sería transmitido el programa. Esta otra historia lo que cuenta es cómo, a pesar de su propio prejuicio, su calidad de director de un medio público estuvo por encima de su disgusto personal por el famoso cantautor.

En síntesis, la pieza no es más que la narración de un hecho pasado, de su testimonio de ese almuerzo de domingo publicado en un medio periodístico, como artículo periodístico, en el que el periodista se observa a sí mismo y cuenta cómo su disgusto por el cantante nunca fue suficiente para no hacerle un espacio en TVUNAM. Esta consideración basta para calificar la pieza como un artículo periodístico y no como la opinión de un servidor publico, porque aunque en ella expresa el propio servidor público tal opinión, lo que se cuenta no es cómo se utilizó esa opinión para censurar el espacio de la televisión universitaria al cantante popular, sino exactamente al contrario, de qué manera el prejuicio del mismísimo director no fue siquiera considerado como razón para censurar dicho espacio. Visto contrario sensu, Nicolás Alvarado cuenta una historia de éxito: la de quien puede poner entre paréntesis sus propios prejuicios, para contra ellos, ejercer la función pública de acuerdo con parámetros de interés público —y con ello me refiero a que la cultura es de interés público, no que la muerte de Juan Gabriel en sí misma lo sea. Es una pena que otro prejuicio le haya orillado a renunciar y que el Rector Graue lo haya permitido.

Dicho lo anterior, no encuentro razones para que CONAPRED haya intervenido en ninguna de las formas en las que lo hizo en este caso; debió dejarlo pasar y a lo sumo, una declaración de su presidenta habría bastado para hacer un llamado general a la prudencia y a hacerse cargo de las consecuencias que implica a un escritor referirse a las personas de formas que pueden resultar despectivas. Y aunque en efecto varias personas interpusieron quejas ante ese organismo por haberse sentido aludidas por el texto de Alvarado, CONAPRED debe ser técnicamente solvente para desestimarlas en tiempo y forma. ¿Cuál es la lección que puede extraerse de este primer caso? Creo que hay una posible: cuándo el presunto discriminador ejerza una profesión relacionada con la libertad de expresión, las quejas y los procedimientos formales no son la solución.

 

@LGlzPlacencia

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