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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
De Ministros y Magistrados Presidentes. Parte 3
Si la reforma de 2011 y la resolución sobre el caso Rosendo Radilla mostró lo que podría hacer una Suprema Corte armada con los derechos humanos, no mostró desafortunadamente lo que en verdad era ese órgano en el país: un grupo con apenas alguna y algunos ministros que ganaron una importantísima pero igualmente endeble batalla a una mayoría de sus compañeros que siguen poseyendo una mentalidad jurídica conservadora, letrista, soberbia y reactiva a la transformación que significa el tránsito a un Estado Constitucional de Derechos.
Por Luis González Placencia
26 de octubre, 2015
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La elección de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es tan o más importante que la elección del Presidente de la República. No sólo formalmente hablando, sino porque en la medida en la que buscamos transitar hacia un modelo de democracia centrado en los derechos humanos, el rol de la Corte ha devenido fundamental.

Desde 1994, la reforma judicial ha caminado por una vertiente que ha sacado a las y los jueces del rol pasivo y complaciente que hubieron jugado en prácticamente todo el siglo XX. Especialmente después de junio de 2011, el papel de la SCJN devino esencial como la más alta garantía de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. Su importancia se hizo manifiesta cuando unos meses antes resolvieron el famoso Expediente Varios 911 sobre el caso Rosendo Radilla, en el que dejaron claro que el Estado Mexicano debe sujetarse a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que fueron poniendo límite al fuero militar.

El significado político de esas decisiones es evidente y quedó aún más claro con la defensa que ante el Poder Ejecutivo hicieron, respectivamente y en su momento, el entonces ministro presidente Juan Silva Meza y la ministra Olga Sánchez Cordero ante el presidente Felipe Calderón: la razón jurídica como límite al poder presidencial. El mismo sentido creo que puede atribuirse a la histórica decisión, establecida también en ese Expediente Varios, de atribuir a los jueces locales el poder de ejercer control difuso, tanto de la convencionalidad como de la constitucionalidad de las leyes sobre las que, en razón de los conflictos que les toca resolver, deben pronunciarse. También ahí el mensaje político es claro: la razón jurídica como límite, esta vez, a la razón política. Esa resolución y la reforma que acaeció de inmediato fortalecieron como nunca antes el marco constitucional de derechos humanos y dejaron ver la relevancia del Poder Judicial —con la Corte al frente— al que, de acuerdo con la propia Constitución, corresponde custodiarlo.

Pero si esa resolución mostró lo que podría hacer una Corte armada con los derechos humanos, no mostró desafortunadamente lo que en verdad era ese órgano en el país: un grupo con apenas alguna y algunos ministros que ganaron una importantísima pero igualmente endeble batalla a una mayoría de sus compañeros que siguen poseyendo una mentalidad jurídica conservadora, letrista, soberbia y reactiva a la transformación que significa el tránsito a un Estado Constitucional de Derechos.

Quizá por ello no tuvo que pasar mucho tiempo antes de que lo logrado en la reforma de 2011 comenzara a hallar obstáculos. La primera y más sorprendente muestra de ánimo contrarreformista no vino —o al menos no expresamente— del Ejecutivo o del poder político, sino del propio Pleno de la Corte donde, con una notable pobreza de argumentos, se afirmó que frente a las restricciones impuestas por la Constitución, los derechos humanos contenidos en tratados ratificados por México quedarían subordinados a aquéllas. Con ello se eliminó el potencial del principio pro persona que habría echado abajo, por ejemplo, el arraigo, a pesar de habérsele considerado constitucional. Desde entonces, poco a poco hemos visto otras decisiones de la Corte que muestran un denodado perfil autoritario que desdibuja la fisiología de la reforma en derechos humanos y que pone alarmantes focos amarillos sobre su actuación.

Y es que ya, el más reciente nombramiento del ahora ministro Eduardo Medina Mora dejó ver que al Ejecutivo le importa la Corte, pero no en el sentido que ese órgano tiene para un democracia constitucional.

En unas semanas, dos destacados miembros de ese órgano dejarán su puesto: la ministra Sánchez Cordero, una de las dos mujeres que hoy tiene la Corte, y el ministro Silva Meza, su ex presidente que, al igual que la ministra, ha mostrado compromiso y valor con los derechos humanos. En otras palabras, el cambio que viene no puede ser visto como una sustitución en la que basta solamente acreditar el perfil legal de las o los aspirantes. Será, como en la última ocasión, un momento importante para saber qué piensan en el Ejecutivo y en el Senado sobre la reforma de 2011 y sobre el rol de custodio que respecto a ella tiene ese máximo órgano judicial. Será también oportunidad para probar que en la mirada del presidente Enrique Peña hay mujeres que, mucho más que representar una cuota de género, son juristas progresistas, que entienden y saben defender los derechos humanos y que son capaces de honrar, con un trabajo independiente y sólido, una designación que hoy significa también una obligación de revertir la marcha atrás que estamos dando. Pronto veremos pues, si el Presidente y luego el Senado están pensando en una Corte pro o contra derechos.

En la SCJN, o en los tribunales superiores de justicia, el modelo de balances que hemos venido configurando ha reposicionado a los jueces y les está dando la posibilidad de ejercer mucho poder. Sin embargo, si ese poder no se ejerce a través de los derechos y con la finalidad de contener el autoritarismo del propio estado, así como los intereses particularistas de la política, el mercado y los poderes fácticos, entonces lo que habremos hecho es, simplemente, crear un nuevo vehículo de legitimación útil a esos intereses que, disfrazado de justicia, legalizará una vez más en México la imposición, el dominio y la exclusión.

 

@LGlzPlacencia

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