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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
Duarte y la criminalidad organizada de Estado
No habíamos conocido evidencia de que servidores públicos del más alto nivel en la estructura de un estado de la República se hubiesen organizado para manipular las reglas que la ley determina para el uso de dinero público destinado a obra social. Hasta que se documentó el caso de Veracruz.
Por Luis González Placencia
30 de mayo, 2016
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Para Daniel, Claudia y Arturo, con solidario respaldo y afecto

 

Cuando en los años 80 se dieron las condiciones para subvertir las relaciones existentes entre las esferas del Estado y el Mercado a favor de este último, apenas se vislumbraban los cambios que este nuevo contexto tendría respecto de la actividad criminal. Aunque ya para entonces era clara la dimensión comercial de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de bienes, no encuentro antecedentes que previeran que la subordinación del Estado al interés del Mercado terminaría por engendrar en nuestro país un tipo de actividad criminal propia de ésta, la mas reciente fase de la modernidad; me refiero a la criminalidad organizada de Estado.

No es que sea nuevo que el Estado se involucre en hechos criminales en contra de sus ciudadanos; de hecho, las violaciones graves a los derechos humanos que, justo son violaciones a derechos humanos porque son imputables al Estado, dan cuenta del traslape que en casos como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales tienen estos actos que en la medida en la que se han incorporado a los códigos penales son también constitutivos de delitos. Me refiero más bien a un tipo de delincuencia económica en la que la propia estructura del estado, sus funcionarios, sus reglas y procedimientos, se utilizan para obtener beneficios particulares.

Evidencia de este tipo de delincuencia la habíamos visto en una modalidad de menor entidad, aunque no menos importante, que implica el uso de la estructura municipal para obtener beneficios para grupos criminales “convencionales”, como cuando estos últimos usurpan las funciones del estado y usan a las policías para extorsionar, secuestrar o asesinar en su nombre. Pero hasta ahora, aunque a nivel de rumores constituía una especie de secreto a voces, no habíamos conocido evidencia de que servidores públicos del más alto nivel en la estructura de un estado de la República se hubiesen organizado para manipular las reglas que la ley determina para el uso de dinero público destinado a obra social.

Gracias a la importante y detallada investigación de Arturo Ángel publicada en este mismo portal en tres entregas la semana pasada, sabemos que en Veracruz una decena de servidoras y servidores públicos de alto nivel en el gobierno de Javier Duarte participaron de una actividad que concluyó en el desvío de más de 645 millones de pesos que supuestamente debieron usarse para diversas ayudas sociales. El asunto no es para nada menor porque da cuenta de varias cuestiones que deben ser analizadas con mas detalle y que a continuación esbozo.

Primero, los servidores públicos involucrados conocen —es su obligación conocer— el procedimiento legal para el otorgamiento de licitaciones, lo cual significa que saben que, por tratarse de dinero publico, ninguna licitación debe convocarse sin que exista una necesidad para ello; esto supone haber identificado esas necesidades de manera puntual y haber construido las justificaciones para que dichas licitaciones se convocaran en los términos de ley.

En el caso de Veracruz, el destino que habría tenido el dinero parece en principio justificar los contratos que se abrieron a concurso, lo que a su vez implica dos cosas: las necesidades eran reales, lo que quiere decir que se tenía claridad de la obligación del Estado frente a ellas y que no obstante, las y los funcionarios públicos involucrados aceptaron participar de una simulación que las dejaría deliberadamente insatisfechas; o bien, que esas necesidades fueron inventadas ex profeso, lo que en su caso, añade un componente de mayor perversidad tratándose, como se trata, de una de las entidades federativas con mas pobreza en el país.

Segundo, el diseño mismo del mecanismo de defraudación da cuenta del nivel de previsión con el que se efectuaron estas operaciones, es decir, a sabiendas de que la ley exigía abrir a concurso público contratos mayores a seis millones de pesos, las y los servidores públicos convocantes dividieron los contratos y permitieron que a las licitaciones accedieran “por invitación” empresas recién constituidas que tenían acuerdos entre ellas para alterativamente “ganar” o “perder” los concursos, de modo que en algún momento todas fueran beneficiadas. Sin prejuiciar sobre el nivel de participación de las y los involucrados en los hechos, puede existir una responsabilidad directa de las y los convocantes en la partición de los contratos y otra más por acción, si es que tuvieron que ver en la constitución de las empresas o en la facilitación para que así ocurriera, o bien por omisión si no verificaron la autenticidad de las mismas, las relaciones entre ellas, y las múltiples coincidencias de las que el reportaje de Animal Político dio cuenta.

Tercero, la existencia de esta red de 21 empresas fantasma, el otorgamiento por vías similares de 73 contratos en cuatro secretarías de Estado cuyos titulares son personas cercanas Duarte y el hecho de que todo ello hubiese ocurrido a lo largo de un año, entre 2012 y 2013, da cuenta de la sistematicidad del hecho por una parte, y de su permanencia en el tiempo, por la otra.

Estamos hablando entonces de dos grupos intersectados cuyas acciones convergen en actos que pueden presumirse delictivos.

Por una parte, un grupo identificado de servidoras y servidores públicos que diseña un mecanismo para injustificadamente fragmentar contratos, permitir el acceso a las respectivas licitaciones de un grupo también limitado de empresas que se constituyen antes de la licitación y desaparecen luego de obtener los recursos previstos en dichos contratos y que, al no dar seguimiento al destino de los recursos otorgados, pone en duda la legitimidad misma de las necesidades que fueron el origen de tales contratos.

Por el otro lado, hablamos del grupo de 21 empresas que se constituyó mediante el engaño a personas, haciéndose pasar por gente del gobierno que acudía a ellas para resolverle problemas económicos y sociales, que se trata de empresas que comparten direcciones físicas y electrónicas falsas, que están constituidas por personas con relaciones entre sí que harían presumible el conflicto de interés, pero sobre todo, como ya se dijo, que se constituyen antes del concurso y desaparecen una vez obtenido el dinero de los contratos. El cruce entre ambas operaciones sugiere el nexo entre ambos grupos, aparece como el posible motivo para los actos del grupo de funcionarios y apunta hacia un gana/gana de todas las personas involucradas.

Esta configuración constituye una red que utiliza la estructura del estado, sus funcionarios y sus procedimientos, para desviar recursos públicos con fines privados, para robar, con apariencia de legalidad, dinero público. No omito decir que la cercanía de las y los servidores públicos involucrados es un indicio que señala hacia el titular del Ejecutivo local, el gobernador Javier Duarte.

En mi opinión, la responsabilidad por estos actos se agrava porque detrás de ellos están personas a las que el pueblo veracruzano les paga por su servicio público.

Siguiendo a un afamado penalista alemán, el profesor doctor Claus Roxin, este entramado constituye lo que él llama un aparato organizado de poder, lo que implica nexos entre el autor (mediato ) detrás del autor (inmediato) con la participación de inductores que aseguran la conexión entre ambos.

Como dije, el tema no es menor y amerita en serio una investigación que tenga en cuenta esta perspectiva, de modo que las consecuencias no se limiten solo a los ejecutores —que al final como dice Roxin, son sólo agentes fungibles— sino que alcancen también a quien parece poseer el dominio sobre toda la organización criminal, es decir, el gobernador Duarte.

Daniel Moreno, Claudia Ramos, Arturo Ángel y su equipo en Animal Político ya hicieron su parte; toca ahora a las autoridades investigar penalmente los hechos que valientemente este portal ha denunciado.

 

@LGlzPlacencia

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