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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
El derecho a la buena administración
Hoy, frente al proceso de redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, se abre una posibilidad para que en dicho documento se incorpore el derecho a la buena administración y para que se amplíen sus alcances con miras a ejercer un estricto control del gobierno, desde mecanismos diversos de participación ciudadana.
Por Luis González Placencia
9 de mayo, 2016
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Una de las consecuencias mas importantes de los procesos de transformación del Estado moderno, de cara a los nuevos movimientos sociales ocurridos en el último tercio del siglo pasado, tiene que ver con la horizontalización de las relaciones entre el propio Estado y las y los ciudadanos. De modo breve, cada vez es mayor la exigencia de participación ciudadana en las decisiones que tienen que ver con lo público y cada vez es menos tolerado que la autoridad tome decisiones unilaterales, especialmente si sus contenidos son autoritarios, aunque también frente a aquéllas que podrían considerarse democráticas.

A la luz de estas transformaciones, a la exigencia de que las autoridades cumplan bien con su mandato se han añadido nuevas exigencias como la transparencia o la rendición de cuentas.

En Europa, por ejemplo, esta necesidad de controlar a la autoridad desde la ciudadanía es la que da origen a la figura sueca del Ombudsman; su influencia en el derecho administrativo se dejó sentir en otros países de ese continente y de modo más o menos intuitivo se identificó a sus contenidos con un conjunto de practicas de gobierno que, por ser respetuosas de la legalidad, por orientar su servicio a la atención de la ciudadanía y por entregar buenos resultados, paulatinamente fueron dando forma al concepto de buena administración. Luego de recurrir a este último en variadas ocasiones como fundamento de diversas decisiones jurisdiccionales, la buena administración alcanzó rango de derecho fundamental al ser positivado como tal en la Carta Europea de Derechos del año 2000, con lo que es ahora un derecho válido y vigente para toda la Unión Europea.

Desde entonces, el derecho a la buena administración ha sido objeto de un desarrollo doctrinal que ha ido ampliando sus alcances y que se centra en la obligación general del Estado de hacer buen gobierno. Así planteadas las cosas, la positivación de este derecho cambió la perspectiva de la discrecionalidad de la autoridad de modo radical, pues por efecto del mismo, esa discrecionalidad solo tiene sentido en la medida en la que beneficia el resto de los derechos de la ciudadanía y por ende, al bien público. Poco a poco, este derecho contuvo otros más, como el derecho de petición, el derecho a la información y, de acuerdo con el desarrollo alcanzado en la Sindicatura de Greuges en Cataluña, en esa región del estado Español la buena administración ha incluido también el derecho de las y los ciudadanos a que quienes sean nombrados como titulares de la administración pública tengan un perfil técnico especializado y no tengan compromisos que desvíen sus actos del interés público.

Hoy, frente al proceso de redacción de una nueva Constitución para la Ciudad de México, se abre una posibilidad para que en dicho documento se incorpore ese derecho y para que se amplíen sus alcances con miras a ejercer un estricto control del gobierno, desde mecanismos diversos de participación ciudadana.

En el contexto de los problemas que enfrentamos, además de los contenidos que este derecho posee en el ámbito europeo, habrá que perfeccionar los criterios para que los nombramientos que realizarán el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se apeguen a criterios verificables de formación profesional y de experiencia en los temas que constituirán sus mandatos, así como a un perfil ético que bien podría recoger el sentido de la iniciativa ciudadana conocida como Ley3de3.

De este derecho puede extraerse también el derecho a que el dinero público sea distribuido y gastado con plena justificación y anteponiendo las prioridades que habría que fijar con base en una perspectiva de derechos humanos, lo que en buena medida significa otorgar al presupuesto finalidades relacionadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto como a evitar y sancionar las prácticas de tortura, detención arbitraria y en general todas las que atentan contra la integridad de las personas. Finalmente del derecho a la buena administración también se pueden hacer derivar mecanismos periódicos de evaluación ciudadana del desempeño de las y los servidores públicos, de los que se sigan, según aplique, juicios políticos, procedimientos de revocación de mandato, de responsabilidad administrativa y hasta procedimientos penales, todo ello de frente al derecho de las y los ciudadanos a tener un gobierno eficaz y eficiente, pero sobre todo, responsable de sus actos y decisiones.

Sin duda, la incorporación de este derecho y el desarrollo de garantías que lo hagan exigible se convertiría en una herramienta legal y procedimental muy importante en la lucha contra la corrupción y, por ende, en la recuperación ciudadana de los fines del gobierno, en la erradicación de las cuotas y los moches, en la reordenación del gasto público, y en la paulatina generación de un nuevo funcionariado público realmente comprometido con la ciudadanía y con el bien público.

Incorporar este derecho otorgaría una dimensión ética a nuestra frágil democracia y sin duda contribuiría a elevar la calidad de la misma.

 

@LGlzPlacencia

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