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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
El Ministro Franco nos debe más que una disculpa
Si el ministro Fernando Franco hubiese hecho su trabajo respecto a la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley de Salud Pública de Baja California, que niega el acceso a guarderías a las y los niños con “discapacidad dependiente”, se habría dado cuenta de que no le pagan por dar su opinión, sino por controlar jurídicamente lo que dice, por aplicar a su propios prejuicios los controles constitucionales exigibles para que sus decisiones respeten, protejan, promuevan y garanticen derechos.
Por Luis González Placencia
9 de febrero, 2015
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Hace un par de días se hizo pública la posición que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, asumió en la discusión del proyecto que presentó la también Ministra Olga Sánchez Cordero, respecto a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la CNDH en contra de los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Baja California. Para hacerlo sencillo, el artículo 147 de la Ley de Salud Pública de ese estado niega el acceso a guarderías a las y los niños con “discapacidad dependiente”; la Ministra propone declararlo inconstitucional, pero el Ministro Franco no está de acuerdo. En realidad, lo importante no es el desacuerdo; lo que ha llamado la atención son las razones que esgrimió el Ministro Franco para apoyar la constitucionalidad de la norma en cuestión. Del acta de la sesión transcribo un párrafo que es una verdadera joya y remito el resto de lo dicho por el Ministro al video que hizo público El Universal el día de la sesión. Dice Franco González Salas, sobre el concepto de discapacidad dependiente:

“Estuve buscando y me encontré una que me parece que es muy sólida por la organización que lo maneja, porque precisamente se dedica a este tipo de problemas, que es el Teletón. El Teletón define la discapacidad dependiente de los niños, como la limitación que presenta el niño o niña que tiene daño cerebral severo, por lo cual requiere de la ayuda total de un familiar para la alimentación, vestido, comunicación, higiene y traslado“. (p.29)

Del video se desprende que, una vez que el Ministro Franco dio por válido el concepto de discapacidad dependiente, dijo además que las y los niños que no la tienen pueden afectarse al ver a las y los niños que sí la tienen y que asisten a la misma guardería. Como se puede apreciar, al exponer sus argumentos el Ministro recurre a lugares comunes como el “está documentado”, y a generalizaciones como “nos presentan a todos un impacto muy fuerte cuando los vemos y vemos sus condiciones”.

Probablemente, en la posición del Ministro no hay mala fe; por el contrario, hay que reconocer que representa la visión que sobre la discapacidad tiene la mayoría de quienes se formaron en los siglos XIX y XX: asistencial, patologista, medicalizante y en razón de ello, excluyente. Desde ese punto de vista, el Ministro Franco sería uno más de los miles de personas a las que hay que capacitar para que aprendan que lo que llamamos discapacidad es no más que una expresión de la diversidad humana. Pero no, el Ministro no puede ser considerado una más de esas personas.

Al Ministro se le olvidó que debe obedecer la Constitución, y lo cierto es que una lectura cuidadosa, sólo del artículo primero constitucional, le habría bastado para enderezar su opinión. Primero, porque sabría que tiene obligaciones precisas que observar: respetar y proteger los derechos humanos, para empezar, lo que desde luego le supone conocerlos. Seguramente, ello le habría llevado a preguntarse si las niñas y los niños con discapacidad dependiente tienen derechos humanos y en dónde están positivados esos derechos. Por fortuna también el artículo primero le habría indicado buscar en los tratados firmados y ratificados por México. De haberlo hecho, seguramente se habría encontrado con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y con la Convención de los Derechos del Niño (CDN), las cuales desde luego habría tenido que leer. Si así hubiera sido, se habría percatado de que en razón de la CDPD, no es justificable distinguir entre formas de discapacidad y que frente a los principios de interés superior de la infancia y de autonomía progresiva contenidos en la CDN, tanto el concepto de discapacidad dependiente, como la norma que lo contiene resultan inconvencionales. Se habría percatado de las razones por las que se exige a los estados miembros que sean incluyentes, que eviten la institucionalización de las niñas y los niños, que diluyan las diferencias sostenidas en características constitutivas de la identidad —como es el caso de la discapacidad— y que todo ello significa no separar, no patologizar ni excluir a las personas con discapacidad. Es decir, se habría dado cuenta de que lo que discapacita, en un caso como este, son las categorías utilizadas, las normas que las contienen y las practicas que dichas normas protegen.

Atendiendo a su obligación constitucional de interpretar pro persona —que significa interpretar pro derechos— sabría que cualquier disposición normativa, política pública e incluso cualquier discusión técnica o científica debe tamizarse frente a los derechos de las personas. En consecuencia, se habría dado cuenta también de que su obligación de promover los derechos le exigía que, más allá de su propia opinión, su posición fuese convergente con lo establecido por las citadas convenciones, porque eso constituye su estándar y además porque su posición contribuiría a enviar un mensaje a los poderes legislativo y ejecutivo de Baja California que no entienden cómo tratar la discapacidad, para que también esos poderes respeten la Constitución. Finalmente, tendría claridad de lo que significa que la Suprema Corte de Justicia sea una garantía, y por que ello hace de las y los ministros garantes de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La lectura del último párrafo del propio artículo primero le habría indicado que cualquier distinción que afecte derechos en razón de atributos como la discapacidad es discriminatoria y que ello atenta contra la dignidad humana.

A la luz de ese estándar, sabría que su deber era ir más allá del Teletón al juzgar las normas denunciadas como inconstitucionales, y es altamente probable, por tanto que hubiese coincidido con el sentido del proyecto de la Ministra Sánchez Cordero.

En otras palabras, si el ministro Franco hubiese hecho su trabajo, se habría dado cuenta de que no le pagan por dar su opinión, sino por controlar jurídicamente lo que dice, por aplicar a su propios prejuicios los controles constitucionales exigibles para que sus decisiones respeten, protejan, promuevan y garanticen derechos. El Ministro Franco ofendió la dignidad de las niñas y los niños con discapacidad y me parece que lo justo es que asuma las consecuencias de haberlo hecho. Hace unos días twiteé que nos debía una disculpa, pero luego de analizarlo más a fondo, creo que nos debe mucho más que eso.

 

 

 

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