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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
El Presidente, la Corte y el Senado, ¿una elección a favor del interés público?
El Presidente ha enviado ya una terna al Senado, como lo marca la ley, para que se elija al próximo Ministro de la SCJN. Si bien hay razones para que la polémica se haya centrado en la postulación del embajador Eduardo Medina Mora como parte de esa terna, lo que no encaja bien en un sistema de pesos y contrapesos es, precisamente, que sea el titular del ejecutivo quien por ley haga la propuesta al Senado, pues cualquiera que sea electo tendrá que demostrar que no le debe el puesto al presidente y que tampoco se lo debe a las y los senadores que hayan votado a favor de su elección.
Por Luis González Placencia
23 de febrero, 2015
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¿Dónde hallar el punto de inflexión que da lugar a la desconfianza institucional y al descrédito de la política? La pregunta pierde sentido si se plantea que, en nuestro país, las instituciones probablemente nunca han generado confianza y la política tampoco ha sido una actividad acreditada.

Sería ingenuo pensar que el entramado institucional no sirva a la política ¿pero hasta qué punto es razonable que así sea? En un estado de derechos existen controles que colocan límites expresos para crear balances: la división tradicional de poderes, la existencia de órganos autónomos, el debido proceso legal. Estamos hablando de reglas cuyo respeto otorga legitimidad a los actos de quienes ejercen el poder público, administran la hacienda pública, aplican la fuerza pública. Sin embargo, todo ello no funciona si de entrada la política no se compromete seriamente con una posición éticamente sólida, que evite que los políticos instrumentalicen esos controles y hagan de ellos una fachada que encubra y legitime un actuar interesado.

De eso se trata precisamente el conflicto de interés: éste aparece cuando alguien utiliza el poder que tiene, sea este de naturaleza económica, política, social y hasta religiosa, para influir en decisiones que a la postre le traerán un beneficio personal o de grupo. Desde esa perspectiva, la institución es vista como una instancia que se puede intervenir para enderezar su mandato, no en aras del interés público, sino para preservar o acrecentar el poder propio, o para beneficiarse o beneficiar —o evitar dañar— selectivamente a algunos.

Recientemente se ha hablado mucho sobre lo que el conflicto de interés implica cuando se crea un círculo de beneficios mutuos —recibir la autoridad regalos a cambio de privilegios a la hora de otorgar a un particular un contrato / obtener el particular un contrato en situación privilegiada y en reconocimiento otorgar a la autoridad un regalo— pero quiero ahora ocuparme de un modo particular del conflicto de interés cuando se da dentro del ámbito institucional.

En el pasado reciente hemos visto cómo, ante la necesidad de elegir a quienes desempeñan funciones de control dentro del propio gobierno, y desde otras instancias del estado, la tentación de influir con frecuencia raya incluso en el cinismo. En el caso de los órganos colegiados —el INE, o el IFAI por ejemplo— el tema de las cuotas es abiertamente planteado al grado de que los partidos políticos reclaman un número de designaciones para su propio interés, lo que termina marcando a los candidatos con el color del partido que los propone. En los órganos unipersonales, aún cuando se haya intentado tener equilibrios partidistas, la elección difícilmente se decanta por el perfil ideal y con frecuencia, el reparto de cuotas se desplaza hacia los puestos que en diversos niveles de la organización pueden reportar algún tipo de beneficio a cualquiera de los partidos que consideran haber contribuido con la elección del titular. En ambos casos es indignante observar cómo los gobernantes o los legisladores se congratulan, no por haber logrado que a un determinado puesto llegara el mejor perfil, sino porque pudieron colocar ahí a quien les deberá el favor, o a quien representará su interés, cuando así lo requieran.

Dos cosas me sorprenden en estos casos: la primera es que ocurran una y otra vez sin que haya mayores consecuencias —los vimos en el IFE, en el IFAI y en la CNDH; la segunda es que esa posibilidad de influir sea considerada como un triunfo de la política, y en casos como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso sea legal la posibilidad de ejercer esa influencia.

El tema me parece relevante porque el Presidente de la República ha enviado ya una terna al Senado, como lo marca la ley, para que se elija al próximo Ministro de ese órgano de justicia. Si bien hay razones para que la polémica se haya centrado en la postulación del embajador Eduardo Medina Mora como parte de esa terna, lo que no encaja bien en un sistema de pesos y contrapesos es precisamente, que sea el titular del ejecutivo quien por ley haga la propuesta al Senado, pues cualquiera que sea electo, tendrá que demostrar que no le debe el puesto al presidente y que tampoco se lo debe a las y los senadores que hayan votado a favor de su elección.

El asunto es importante porque, por lo pronto, la terna ya está en la Cámara de Senadores, lo que significa que, lo que resta, es que frente a la posibilidad real de que el presidente Enrique Peña Nieto logre colocar un ministro en la Corte, las y los senadores tendrán que actuar para garantizar que esa elección no pase por alto que hoy la Corte está dividida y que el perfil que elijan determinará hacia donde se inclinará la balanza. De ello dependerá también el rumbo que por la vía jurisprudencial siga la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos y más allá, si el país logra superar el formalismo y el parroquialismo jurídico del que padece hace años y que tanto daño a causado a la causa de los derechos humanos. De no ser así, no habrá por qué sorprenderse de la desconfianza institucional y del descrédito de la política; será este caso uno más de un conflicto irresuelto a favor de un interés que, sin duda, no es el interés público.

 

@LGlzPlacencia

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