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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
El valor de la independencia en tiempos de desconfianza
Nombramientos como los que representan un Ministro de la Corte y una potencial Fiscal General, en un momento de alta desconfianza, requieren valorar con extrema severidad que la independencia de quienes sean electos quede absolutamente garantizada. Debe tratarse por tanto, de personas cuyos vínculos con el estado, con el gobierno, con los partidos, con el mercado y con los poderes fácticos, sean explícitos y tan poco significativos como para que en cualquier actuación que tengan ya en funciones, frente a éstos, no haya sombra de duda sobre su imparcialidad.
Por Luis González Placencia
9 de marzo, 2015
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El momento por el que estamos pasando en México está señalado por una elevada desconfianza ciudadana en el gobierno, en las instituciones, en la política y en los políticos. No tengo que abundar en ello, pero la sensación de que en el país no hay una comunicación honesta y fluida entre el gobierno y la realidad cotidiana de miles de personas que siguen buscando a sus desaparecidos, llorando a sus muertos, esperando respuesta a los escándalos por conflictos de interés y corrupción, es cada vez mas fuerte.

En ese contexto, lo esperable es que se enviaran señales de que hay un interés legítimo por producir confianza, por reforzar los vínculos con la ciudadanía y por respetar en serio los derechos humanos. De hecho, la coyuntura que representan los relevos en cargos que tienen como mandato procurar e impartir justicia son una excelente oportunidad para mostrar un legítimo interés por que las cosas cambien.

¿Por qué tanto insistir con el tema de Eduardo Medina Mora y Arely Gómez? No se trata desde luego de nada personal. Muchos de quienes nos hemos opuesto a sus nombramientos como candidato a la Corte y como Procuradora, respectivamente, apenas les conocemos, pero sabemos de él y ella por su obra y perfiles públicos. Nadie pone en tela de juicio sus méritos profesionales. Simplemente, se han planteado circunstancias que, en este momento, en este país, exigen una interpretación más rigurosa de los requisitos necesarios para ocupar cargos de tan alta relevancia.

En el caso del embajador, es claro que hay en su historia actuaciones que ponen en duda su imparcialidad ante temas que están íntimamente relacionados con sus posibles intervenciones en el máximo tribunal del país —y que han sido prolijamente expuestas en la petición que mas de 20 mil personas firmamos en change.org y que fue entregada el jueves pasado en el Senado. Por lo que toca a la ex senadora, no puede simplemente obviarse que ante la Cámara Alta representó al PRI, partido político al que también pertenece el Presidente de la República. Ambas personalidades tienen, además, vínculos —él de amistad, ella familiares— con altos ejecutivos de Televisa, empresa inevitablemente ligada a temas irresueltos como el de la Casa Blanca.

Nombramientos como los que representan ambos casos, un Ministro de la Corte y una potencial Fiscal General, en un momento de alta desconfianza, requieren valorar con extrema severidad que la independencia de quienes sean electos quede absolutamente garantizada. Es claro que constitucionalmente, la Corte es —y la Fiscalía debe ser— independiente del resto de los poderes; pero es imprescindible establecer los candados para lograr que lo que está en la Constitución se garantice en el quehacer cotidiano de estas instituciones. Así, se puede decir, la independencia tiene una dimensión formal, pero también una funcional.

En el primer caso, ésta está planteada en la ley; en el segundo, la independencia descansa en la posibilidad de que quien es titular de esos puestos sea verdaderamente independiente. Una democracia que genera certidumbre puede darse el lujo de confiar en que la independencia formal de las instituciones será capaz de garantizar la independencia funcional de sus titulares y de sus organizaciones —porque la ley en efecto somete el actuar del funcionario; incluso, si no fuera así, la institucionalidad prevé lo necesario para que se denuncie, investigue y sancione efectivamente a quien compromete la independencia.

Nuestra democracia, sin embargo, no sólo no genera certidumbre; está continuamente lidiando con la desconfianza. El contexto nebuloso en el que suelen moverse la política y el mercado, la evidente impunidad frente a la corrupción y el descrédito de los políticos, hace necesario que se pongan el énfasis en los candados que garanticen la independencia funcional, para que sea ésta la que apuntale a la formal. Para ello no basta evaluar la trayectoria profesional de las candidatas y candidatos, sino su potencial de independencia para procurar y administrar justicia efectiva incluso —o mejor, principalmente— en casos que involucren a quienes hoy se consideran intocables. Debe tratarse por tanto, de personas cuyos vínculos con el estado, con el gobierno, con los partidos, con el mercado y con los poderes fácticos, sean explícitos y tan poco significativos como para que en cualquier actuación que tengan ya en funciones, frente a éstos, no haya sombra de duda sobre su imparcialidad.

Evidentemente la capacidad profesional es muy importante, pero en tiempos de alta desconfianza, es imprescindible agotar también un perfil que envíe un mensaje de certeza, de efectiva independencia personal y de compromiso con lo público. Frente a este estándar, cabe preguntarse si Arely Gómez —quien hoy por hoy tiene la mejor posición para ser Fiscal General— y Medina Mora —quien es parte de la terna de la que este martes 10 se decidirá al próximo Ministro de la Corte— resultan, en efecto, los mejores perfiles.

 

@LGlzPlacencia

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