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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
La conspiración de los derechos: ¿paranoia, perfidia o estupidez?
Nada más riesgoso en un momento de tanta incertidumbre y confusión como el que se vive hoy en México, que presentar en público mentiras con apariencia de verdades, como lo han hecho personas asociadas a la causa de la seguridad en contra de personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales en la materia.
Por Luis González Placencia
2 de noviembre, 2015
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Hace ya varios años que un grupo de personas asociadas a la causa de la seguridad, a las que se han unido recientemente articulistas afines a su modo de pensar, han venido argumentando que personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales en la materia, poseen vínculos sospechosos que les relacionan con agentes desestabilizadores extranjeros cuyo interés es afectar la imagen del gobierno mexicano y medrar con las historias de las víctimas.

En ese afán dan cuenta de relaciones que vinculan a estas personas, OSC y OIDH desde el pasado, que hablan de jugosas cantidades de dinero recibidas por concepto de reparación de daños, y de intereses por impulsar candidaturas y obtener beneficios políticos. Con dolo, han construido un supuesto conflicto de interés a partir de hechos verdaderos y verificables —es decir, relaciones que sí existen o existieron, o casos en los que varios de los involucrados efectivamente participaron— que maliciosamente y sin pruebas articulan mediante la tergiversación o de plano la invención de otros hechos y relaciones que no existen, nunca existieron o ya se modificaron. Sus razones se basan en argumentos ad hominem que, a través del intento de descalificación de las personas, organizaciones y organismos a los que acusan, pretenden descalificar también sus causas, así como los resultados que sus investigaciones e intervenciones ofrecen.

Cabe decir desde ya que, como ciudadanas y ciudadanos, tienen derecho a pensar y decir lo que quieran, pero si han de llevar al ágora sus apreciaciones, lo menos que se espera es que asuman las responsabilidades que conlleva tener una voz pública, lo que en este caso exige someter sus acusaciones al rigor de la prueba. Nada más riesgoso en un momento de tanta incertidumbre y confusión como el que se vive hoy en México que presentar en público mentiras con apariencia de verdades. Siempre, desde luego, es posible que su fuente sea la ignorancia o la paranoia, pero con más razón, por ello mismo, es obligado demostrar que se actúa mas allá de la estulticia o de la malicia.

No sorprende que estas personas piensen como lo hacen, porque igual de irreflexiva y malintencionadamente se han pronunciado en el pasado a favor de lo peor del autoritarismo mexicano y en contra de una agenda de derechos humanos; tampoco sorprende la imprecisión técnica sobre las atribuciones de las y los funcionarios de los organismos internacionales porque su parroquialismo jurídico ha sido igualmente notable. Más bien preocupa que, a sabiendas de que su objetivo es puramente mediático, lancen con la certeza que la impunidad le otorga a esa suerte de legitimidad originaria que irreflexivamente se cree posee quien se arroga la representación de la sociedad civil, una campaña que saben que tendría efecto en las desafortunadamente muchas personas que ven en la situación actual de los derechos humanos del país un lastre que ya quisieran superar, en las víctimas de las violaciones a delincuentes consumados o en potencia, y en sus defensores y defensoras a agitadores profesionales.

No se trata desde luego de negarles el derecho a opinar, sino de exigirles que se hagan cargo de las consecuencias que sus opiniones pueden generar en un contexto en el que lo que se requiere es precisamente lo contrario: solidaridad y apoyo para las decenas de miles de víctimas que hay en México y para el puñado de ciudadanas y ciudadanos que dedican sus vidas a buscarles verdad, justicia y reparación.

Es de lamentar que haya quienes descalifican con tal impunidad el quehacer que con evidente beneficio público tienen personas y organizaciones que han luchado por años por un México menos desigual, haciendo lo que el estado mexicano no ha podido o se ha negado a hacer, atendiendo y dando voz a víctimas sin luz pública, y buscando para ellas y ellos lo que no han hallado en las instituciones publicas a pesar de que están obligadas a garantizar sus derechos.

Si bien este embate malintencionado muestra que pertenecer a la sociedad civil no otorga por sí mismo legitimidad de origen —y que el valor de las organizaciones y del discurso de sus líderes hay que tasarlo en función de la veracidad de sus argumentos, porque de ello deriva, sin duda, la honestidad de sus objetivos— por fortuna, mas allá del agravio —si es que alguna mella les hizo la escaramuza— esas personas, organizaciones y organismos falsamente acusados siguen y seguirán sin duda trabajando por el interés superior de los derechos humanos, al lado, como siempre, de las víctimas.

 

@LGlzPlacencia

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