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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
Las fichas del poder
La designación de Areli Gómez González en la PGR y la propuesta de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN me parecen medidas con las que el Presidente y su gobierno buscan reconstruir la confianza: la confianza en su poder para mantener el control, como una muestra clara de las certezas que necesitan quienes se han beneficiado de un México en paz, cuando ello significa no un país sin conflicto social o con justicia y derechos, sino un estado que puede mantener a raya a quienes, en su visión de las cosas, quieren desestabilizarlo.
Por Luis González Placencia
2 de marzo, 2015
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La reciente designación de Areli Gómez González para ocupar el puesto de Procuradora General de la República, tras la salida de Jesús Murillo Karam de esa dependencia, da mucho qué pensar. No soy partidario de las teorías de la conspiración, pero lo cierto es que una retrospectiva en torno a cómo ha jugado el gobierno federal sus fichas a lo largo del sexenio deja mucho espacio a la especulación y a la sospecha.

Primero, aunque nadie duda de las credenciales de la ex senadora, no puede pasarse por alto que desde su escaño representó a un partido político; no a cualquier partido, sino justo al que está en el poder, que ahora la nombra en voz del titular del Ejecutivo. Tampoco puede obviarse su relación familiar con un dos altos ejecutivos de Televisa —sus hermanos Leopoldo y Bernardo Gómez— empresa con la que el gobierno se ha visto una y otra vez envuelto en relaciones que generan suspicacia. En cualquier democracia seria, esas dos cuestiones deberían ser suficientes para que no se justifique que el gobierno federal la coloque ahora en una posición que la perfila como a nadie para ocupar el poderoso puesto de Fiscal General, al que los artífices de la reforma que lo crea pensaron dotado de autonomía, precisamente para evitar que hubiese cualquier tipo de línea que comprometiera su independencia. Aunque la propuesta tendrá que ser ratificada en el Senado, eso, como sabemos, no es garantía de que la intervención del poder legislativo evite un nuevo conflicto de interés.

Inevitablemente, esta designación hay que leerla junto a la propuesta del embajador Eduardo Medina Mora para ocupar un puesto de Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, coincidentemente amigo del más poderoso de los hermanos Gómez, Bernardo, vicepresidente de Televisa.

Dicen que en política no hay casualidades, y si se piensa además en el reciente nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública —que a todo mundo menos a la OCDE pareció una llamarada de petate— así como en la imposición de cuotas en el INE —que en el marco de estos días ha logrado que una mayoría de consejeros afines al PRI y sus satélites haya puesto en jaque la credibilidad del recientemente renovado Instituto Nacional de Elecciones— difícilmente es posible negar que haya en todos estos movimientos una estrategia debidamente diseñada.

Como he dicho, no soy partidario de las teorías de la conspiración, pero llama la atención que en un contexto en el que una importante cantidad de analistas coinciden en que la mejor posibilidad que tiene el presidente Enrique Peña Nieto de recuperar la confianza en el gobierno es dar un golpe de timón, la primera oportunidad que se presenta para sustituir al desgastado y cansado ex procurador Murillo no se haya aprovechado para dar una señal inequívoca de que su gobierno tiene un interés genuino en resolver los casos que han marcado su administración.

Otros opinadores han planteado que quien aconseja al titular del ejecutivo federal se le ha pasado por alto que la sociedad mexicana ya no es la misma a la que estaba acostumbrada el viejo PRI y que ingenua y torpemente le proponen a su jefe medidas que le irán costando menos y menos credibilidad.

Sin embargo, creo que las cosas plantean una cosa distinta. Creo que en efecto, estas medidas están destinadas a recuperar la confianza, pero no en las víctimas, ni en la sociedad en general, sino en el gran empresariado, un sector que también perdió la certeza en la capacidad del gobierno de mantener el control del estado y para el cual un gobierno sólido es vital. Por lo demás, difícilmente puede dejarse del lado el rol que este sector juega, en tanto que uno de los principales poderes fácticos, como uno de los grandes electores, dada su gran capacidad de penetración y la influencia que es capaz de generar.

Como dije, la designación de la ex senadora Gómez González, da mucho qué pensar, porque dice mucho acerca de la lectura que el gobierno federal está haciendo del caso Ayotzinapa, sobre el cual parece más bien apostar a que el abandono gubernamental radicalice el movimiento, le haga perder respaldo y finalmente lo desgaste hasta el punto tal en el que logre construir la legitimación necesaria para reprimirlo. Después de todo, es desde el empresariado donde se han alzado las voces reclamando que todo vuelva a la normalidad.

En efecto, me parece que el Presidente y el gobierno buscan reconstruir la confianza: la confianza en su poder para mantener el control, como una muestra clara de las certezas que necesitan quienes se han beneficiado de un México en paz, cuando ello significa no un país sin conflicto social o con justicia y derechos, sino un estado que puede mantener a raya a quienes, en su visión de las cosas, quieren desestabilizarlo.

Por eso, finamente, me parece necesario observar seriamente más allá del gobierno, ahondar más en las relaciones interesadas que existen entre el estado y el mercado, especialmente en cómo han sido construidas estas relaciones por actores en concreto, cuyas historias de vida son concomitantes a los intereses que promueven, defienden y protegen. En este contexto, el gobierno y el estado distan mucho de ser instituciones con mandato en la preservación del interés público; han asumido más bien el rol de instrumentos para la protección de la oligarquía; desde esa perspectiva, me temo, están logrando su objetivo.

 

@LGlzPlacencia

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