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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
Límites y alcances del sistema de justicia penal
Por Luis González Placencia
11 de julio, 2017
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Recientemente, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha declarado que el repunte de la delincuencia que se vive en la capital tiene que ver con la implementación del sistema de justicia adversarial. Esta posición no es nueva y en general coincide con el argumento que hace ya muchos años se ha enderezado en contra del debido proceso al que se acusa de hipergarantista.

La idea detrás de esta posición supone que un exceso en los derechos de las personas que son acusadas de cometer delitos produce un efecto de impunidad, pues es este superávit de derechos el que dificulta las detenciones, complica la formulación de acusaciones y “facilita” que la defensa, y especialmente las y los juzgadores, dejen en libertad a presuntos delincuentes que ponen en riesgo el orden social. El propio doctor Mancera ha usado la imagen de la “puerta giratoria” que en el pasado ha servido a las y los detractores del ya no tan nuevo sistema de justicia para decir que mientras la policía y las fiscalías se esfuerzan en “meter” presos a los delincuentes, la defensa y la judicatura los dejan en libertad.

Con esa perspectiva, a poco menos de una década de que la reforma penal constitucional fuera aprobada, y menos de un año antes de que hubiese sido implementada, el propio jefe de Gobierno al frente de la CONAGO busca liderar un movimiento de gobernadores que proponga modificaciones al sistema, para reforzarlo y hacerle ajustes, dice, no porque las autoridades lo estén haciendo mal, sino debido a la orientación del propio sistema.

En este contexto, en días recientes se ha levantado una polémica en torno al anuncio que se ha hecho desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avanza que unas dos mil personas que hoy están privadas de la libertad saldrán de prisión gracias a la aplicación de criterios que se relacionan, de nuevo, con el nuevo modelo, popularmente conocido como “modelo de juicios orales”.

Hay que decir que todos estos argumentos y el propio anuncio de la Corte encuentran respaldo en la opinión pública que, con toda razón, busca la protección frente a una violencia que se vive como amenaza cotidiana en muchas partes del país y, de modo especial, en la posición que hace mucho tiempo vienen sosteniendo organizaciones de víctimas que han trabajado para que el sistema se endurezca.

No obstante, creo que estas apreciaciones son aventuradas. En todo el mundo se ha probado que los sistemas penales basados en una lógica de pesos y contrapesos, donde se limita el prejuicio y se someten las sentencias a las pruebas y la pericia de sus actores para hacerlas valer, no solamente generan mayor certidumbre a presuntas víctimas y presuntos victimarios, sino que obstaculizan notablemente la corrupción. Evitan la saturación de los juzgados, la sobrepoblación de las prisiones y sobre todo, reducen las violaciones a los derechos humanos. Para decirlo de un modo sencillo, los sistemas de corte adversarial son multiprotectores, porque al centrarse en los derechos protegen tanto a las víctimas del delito como a las víctimas de violaciones a derechos humanos, protegen al propio sistema de las sobrecargas a las que de otra manera éste se vería expuesto y envían un mensaje de certeza que tiende a la reducción de la impunidad.

Pero para que ello ocurra, el sistema debe funcionar correctamente y ello depende, en gran medida, de cómo haya sido implementado. Me parece que una de las grandes lecciones de la reforma penal constitucional de 2008 es que los ocho años que se dieron para su implementación no sirvieron para mucho. El sentido garantista de la reforma no ha arraigado en los operadores, quienes en lo general siguen teniendo una mentalidad inquisitiva, prejuiciosa, que sigue pensando que su objetivo es erradicar el delito metiendo delincuentes a la cárcel.

Esta posición —que se halla no solamente en la policía y en las y los fiscales, sino también en muchos miembros de la judicatura y, oportunistamente, en el discurso que vemos y veremos en los políticos, camino a sus campañas electorales— desconoce o quiere desconocer que las razones del delito no están en qué sistema penal es el que tenemos, sino en el sistema social en el que vivimos, en las desigualdades y en las carencias, por el lado de la delincuencia común o residual, y en la lógica de los mercados ilegales por el de la delincuencia organizada. Ni el viejo, ni el nuevo sistema han logrado resolver todos los delitos que se denuncian y ambos están muy lejos de procesar todos los delitos que se cometen. Pero a favor del sistema adversarial hay que decir que, si bien juega —como el inquisitivo— un rol simbólico en la reducción del delito, posee tres ventajas importantes si se implementa bien: 1) es capaz de resolver todos los delitos de los que conoce con un grado de certeza mucho mayor que los sistemas inquisitivos, 2) es capaz de reducir notablemente las violaciones al debido proceso o, en su defecto, de subsanarlas a tiempo y 3) es capaz de reducir la corrupción y de motivar su denuncia.

Concluyo diciendo que estos últimos argumentos son empíricamente demostrables y que, por ello, cualquier intento de modificación al sistema debe antes ponerlos a prueba, someterlos a una evaluación que nos permita saber no a cuántas personas encarcela o deja en libertad, sino su capacidad de respuesta efectiva en la resolución de conflictos penales, así como la responsabilidad que cada uno de sus actores —policía, fiscales, defensores, jueces y ejecutores de penas— tiene respecto de ella.

 

@LGlzPlacencia

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