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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
Transformar la CNDH
Con notables excepciones, las comisiones de derechos humanos han sido todo menos lo que se esperaba de ellas; han sido, más bien, una costosa burocracia que poco ha abonado a resolver el grave problema de violaciones que se vive en México desde hace mucho tiempo.
Por Luis González Placencia
20 de agosto, 2019
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En otras colaboraciones he planteado que el momento actual hay que entenderlo en términos de un cambio de régimen y no sólo como otra transición presidencial. Para el actual gobierno, su propia llegada al poder no debe ser vista como alternancia, sino como la superación de una cierta visión del Estado —la neoliberal— por la vía de otra distinta: la popular.

En ese sentido, resulta importante entender que los parámetros con los que funcionaba el régimen neoliberal, los que le dieron identidad y sentido, estarán siendo revisados y estará siendo cuestionada su funcionalidad, de cara a los nuevos fines del Estado. Si el horizonte de interés cambió —o pretende ser cambiado— desde la lógica de lo privado en el periodo neoliberal hacia otra de lo colectivo en el periodo popular, la ley, las instituciones, las prácticas y hasta el modo de denominar las cosas, seguramente será objeto, como ya lo está siendo, de transformación.

Los nuevos nortes no son claros, pero acusan traslados que deberíamos estar dispuestos a reconocer: del check & balance a la autocracia, del libre mercado a la autarquía, de la sociedad civil al pueblo, del conocimiento científico a la voluntad popular, del servidor público a los siervos de la nación. La cuarta transformación no necesita de la ciudadanía, de los expertos, de la burocracia, ni de los contrapesos porque, mientras posea el apoyo del pueblo es, por así decirlo, autosustentable. De ahí que el discurso del presidente López Obrador nos tome con tanta frecuencia descolocados; es como si, habituados a jugar futbol, la cancha y las reglas de este deporte se hubiesen trasformado, por efecto del voto mayoritario, en un campo de béisbol con las reglas y las características de este otro deporte. Los pocos futbolistas que no votaron por esta transformación, siguen pidiendo que haya árbitros, jueces de línea, que se pateé el balón y que no se metan las manos.

Pero hoy la realidad es otra y es por ello que las formas de participación a las que estábamos habituados, así como las instituciones que desde el presidente De la Madrid hasta el presidente Peña tuvimos, hoy se encuentran en serio cuestionamiento.

Este es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, en lo personal, creo que hay razones para ser autocríticos. A decir verdad, las comisiones de derechos humanos han sido todo menos lo que se esperaba de ellas; han sido, más bien, una costosa burocracia que poco ha abonado a resolver el grave problema de violaciones que se vive en México desde hace mucho tiempo. Con sus excepciones notables, de la mano del Ejecutivo en turno, las y los Ombudsmen poco han servido como contrapeso real al poder, muy a pesar de las múltiples recomendaciones que han emitido y que les han sido aceptadas, así como de la presencia de los respectivos gobernadores en sus informes anuales.

Más a fondo, habría que ver si el enfoque de atención individual, que atomiza el carácter estructural de las violaciones a los derechos humanos, ha sido más efectivo que la mera solución, caso por caso, de una importante cantidad de situaciones violatorias que en realidad tienen causas, patrones y hasta perpetradores comunes. Lo mismo vale decir del abandono de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que, nuevamente salvo honrosas excepciones, poca atención ha recibido del sistema Ombudsman mexicano. E incluso, también es necesario recordar la tensa relación que la gran mayoría de comisiones, procuradurías y defensorías de los derechos humanos del país han tenido con las más serias organizaciones de la sociedad civil en el tema; las que, por cierto, tampoco tienen una relación pacífica entre sí.

De ahí que una defensa a ultranza de una institución a la que por tantos años hemos criticado resulte, por lo menos, insuficiente. Nada garantiza, es cierto, que la revisión legislativa que hoy se hace de ella arroje el resultado que el país necesita, pero no puede negarse que ésta es una gran oportunidad para revisar sus propósitos, para evaluar su efectividad y, sobre todo, para efectuar una reingeniería que adecue la institución al nuevo entorno político. Sin más intención que la de reflexionar desde la que hoy es y pretendo siga siendo por el resto de mi vida profesional, mi trinchera académica, apunto algunas direcciones que, a vuelo de pluma, propongo tomar en cuenta:

  1. Cuando Carpizo diseñó la CNDH del periodo de Salinas, lo hizo con una enorme conciencia de la fuerza del presidencialismo mexicano de la época. La CNDH no nació autónoma, ni el nombramiento de su presidente se hizo acorde con los Principios de París. Como solía afirmarlo el célebre jurista campechano, la fuerza del Ombudsman provenía directamente de la fuerza del Ejecutivo: un Ejecutivo fuerte respaldaba y daba fortaleza a un ombudsman igualmente fuerte. En otras palabras, la fuerza política de un Ombudsman nombrado por el hombre más fuerte del régimen daba al primero la autoridad suficiente para denunciar a los servidores públicos frente al segundo y para exigir, a través de la figura del propio presidente de la República, la respectiva sanción, que era con lo que bastaba entonces.
  2. El traslado del nombramiento de los titulares de la CNDH y de los nacientes órganos públicos de defensa de derechos humanos al poder legislativo, sólo sirvió para politizar este procedimiento que, en la mayoría de los casos, siguió siendo controlado por el Ejecutivo, con el agravante de que, al ser el Ombudsman elegido por los partidos, permitió la instauración de un sistema de cuotas que operó y ha operado en la mayoría de los casos, nombrando visitadores y otros funcionarios relevantes al interior de las instituciones, lo que dividió el poder dentro de ellas y redujo su eficiencia a un sofisticado sistema de simulaciones que instrumentalizó las recomendaciones, mal utilizó las amigables composiciones y convirtió a unas y otras en objeto de negociación política, en desmedro de las víctimas.
  3. Por su parte, y aun cuando la consecución de autonomía para la CNDH y los demás OPDH fue un logro innegable en un sistema que pretendía estar basado en una lógica de check and balance, lo cierto es que ésta ha dependido más de su ejercicio, que de su proclamación. Las y los ombudsmanen autónomos han demostrado serlo con base en características que son asunto del perfil profesional y no de la constitucionalidad de la autonomía (Carpizo es, otra vez, un buen ejemplo): una autoridad moral construida a través de la capacidad de investigación, de la capacidad de demostración y de la capacidad de argumentación. En un régimen autocrático, la autonomía habría que construirla desde ese lugar, porque pensar en ella en términos de un modelo de contrapesos, sería prácticamente un suicido político.
  4. Es necesario cambiar el enfoque hacia los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y construir teóricamente su relación con los derechos civiles y políticos, así como con los derechos de emancipación identitaria. En el entorno actual, los DESCA son directamente violados por el mercado, al amparo de las libertades de empresa y de consumo, e indirectamente por el Estado, a través de la corrupción (las banderas de la 4T). Si queremos tomarnos en serio la defensa de derechos humanos hay que ir directo a las realidades económicas que los producen: las ausencias del Estado y la particularización de lo público.
  5. Lo público, por tanto, delimitado por los derechos humanos todos, debe construirse como el patrimonio del pueblo y constituir el objeto privilegiado de atención de un defensor del pueblo. Defender al pueblo, por tanto, es defender su patrimonio, que a su vez es defender lo público, delimitado, como he dicho, por los derechos humanos.

Quiero decir con esto que hay mucho más que hacer que rasgarse las vestiduras frente a la posible transformación de la CNDH actual en una Defensoría del Pueblo. A reserva de abundar en ello en otros textos y en otros momentos, me queda claro que si no empezamos por reconocer que las circunstancias políticas han cambiado y que con ellas también se irán transformando las instituciones, las leyes, las políticas y las practicas que, ni más ni menos, desde el propio Estado impulsa la 4T, no quedará más que el espacio para enfadarse, lamentarse y frustrarse porque hoy las circunstancias son muy otras. Tenemos que dejar las reacciones emocionales para convertirlas en estrategias eficientes que sean capaces de trascender el puro rechazo visceral hacia la construcción de una sociedad que sepa reconocer que, lo que dejamos atrás no es, en absoluto, el paraíso.

@LGlzPlacencia

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