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Phronesis
Por Luis González Placencia
Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos... Luis es psicólogo de formación, sociólogo de profesión y filósofo de vocación. Los últimos treinta años, la vida le ha permitido construir una aproximación vivencial de los derechos humanos. Es académico, presidente fundador de ConectaDH, primer Think Tank especializado en política pública y derechos humanos en México, y Director Ejecutivo del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional A. C. Actualmente es Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Phronesis (Φρόνησις), que hace referencia en Aristóteles a la sabiduría práctica, a la comprensión necesaria para pensar y actuar para cambiar las cosas, virtud ausente en la política de hoy. (Leer más)
Una última cuestión sobre el aborto
Por Luis González Placencia
13 de septiembre, 2016
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Finalizo esta serie argumentando sobre la relación entre la ciencia y el derecho en el caso del aborto. Para ello, identifico los momentos en los que podría darse esa relación que básicamente son dos: el que tiene que ver con los límites que marcan el periodo en el que se puede suspender el embarazo y el momento en el que, después de ese límite, se puede hacer una excepción a la prohibición de hacerlo.

Comienzo planteando una premisa: establecer un criterio jurídico con fundamento en una consideración de hecho corre el riesgo de constituir una falacia. A diferencia de los hechos, que son susceptibles de explicación, las normas no se explican, se justifican. Un hecho natural es susceptible de explicación científica, pero sería incorrecto tratar de justificarlo; por ejemplo, los terremotos pueden explicarse científicamente, pero sería absurdo decir que son justos o son injustos. Lo mismo ocurre en el caso de una norma: no se puede decir si un derecho es verdadero o es falso, sino si se justifica o no se justifica su inclusión en el marco jurídico. La necesidad de un derecho no deviene, por ejemplo, de el numero de personas que lo requieren; de hecho puede haber ninguna persona beneficiaria del derecho y sin embargo éste ultimo tener vigencia y validez.

Por ello, en el caso del aborto, los límites que marcan el periodo en el que se puede suspender el embarazo sin consecuencias jurídicas no debería fundarse en un criterio científico; el fundamento debe ser un acuerdo jurídico, que para ser válido no tiene que ser cierto (verdadero o falso), sino razonable (justificable o no). Dado que una una norma —que es abstracta y generalizable—, no puede derivarse de un hecho, —que es contingente y particular— la regulación debe poder evitar la casuística y con ello, cualquier discusión acerca de cuestiones que están a debate, aún si se trata de un debate científico. Aunque hay evidencia de que la corteza cerebral se desarrolla hacia las doce semanas y que eso sugiere que a partir de ese momento podría el feto sentir dolor, esta aserción constituye una generalización, lo que significa que no es posible afirmar categóricamente que ello ocurre siempre y en todos los casos a las doce semanas. Dar por sentado que ese límite se basa en un argumento científico puede conducir al absurdo de querer probar científicamente en un juicio, es decir, caso por caso, que el neo córtex ya se había formado o no, dependiendo de la tesis que se quiera sostener y a partir de ello determinar si se cometió o no el delito de aborto, lo que significa hacer depender de un hecho del que las mujeres no poseen control, no sólo su derecho a decidir, sino el deber del estado de sancionar la comisión de un delito. Recuérdese que estamos hablando de las condiciones de protección de un derecho fundamental, lo que debe prevalecer sobre la discusión sobre el momento en el que el Estado puede ejercer su deber de sancionar.

Acudir a criterios de razonabilidad, por otra parte, supone basarse no tanto en donde hay divergencia de opiniones, sino donde hay convergencias. Por ejemplo, todos coinciden en que luego de los tres meses el producto es viable, lo que hace razonable que a partir de ese momento, y no antes, suspender el embarazo se convierta en un hecho punible, no sólo para la madre, sino incluso también para quien la asiste. Luego de las doce semanas el consenso en torno a la necesidad de proteger al feto concuerda en que ya para entonces hay ya un ser que, en tanto capaz de sentir dolor, hace injustificado el daño que puede producirle la interrupción del embarazo; solo entonces la decisión deja de ser un asunto privado para convertirse en un tema de relevancia pública.

No obstante, esa condición no es suficiente para considerar al feto como un sujeto de derechos, aunque, como en el caso de los animales o de las plantas, puede sin duda ser objeto de protección jurídica, lo que le garantiza viabilidad. Sobre esa base es que es jurídicamente válido que en casos en los que la madre, en tanto ella sí, persona sujeta de derechos, está en riesgo de perder la vida debido al embarazo, la interrupción del mismo luego de las doce semanas no sea motivo de sanción.

En ambos casos, el saber científico sólo constituye un referente de razonabilidad, pero no funda —ni debe fundar— la prohibición o permisión del aborto, so pena de anular el carácter abstracto de la norma que les subyace y atarla a la casuística y a la contingencia del mundo del ser.

Hay otros casos en los que las normas admiten excepciones que se justifican en situaciones de hecho, como el ya citado caso en el que está en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada, o bien cuando hay malformaciones del feto incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación; pero su relevancia jurídica no está en el estatus científico del hecho —los análisis que advierten el riesgo de muerte, la malformación o que prueban que hubo una penetración forzada—, sino en que estas situaciones son violatorias de derechos: los dos primeros casos implican una amenaza a los derechos fundamentales a la vida e integridad y a la salud de las mujeres, el segundo a su libertad sexual. En otras palabras, no es el estatus científico del hecho, sino la naturaleza violatoria de un derecho que ese hecho representa la que es jurídicamente relevante. La ciencia solo prueba que el hecho existe o no —establece la premisa fáctica—, pero la decisión sobre si ese hecho es relevante para la ley ya no es científica, sino jurídica y su fundamento está en las obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos que tiene el estado frente a la ciudadana en cuestión.

Como lo he planteado en mis textos anteriores, mi argumento está basado en derechos fundamentales y en lo que estos representan para un Estado Constitucional que, debo insistir, no protege a las personas, sino que protege sus derechos. Desde esta perspectiva el problema tiene que ver únicamente con los criterios de razonabilidad que fijan cuándo la decisión de seguir o no con el embarazo debe ser un asunto privado, lo que significa establecer hasta dónde las mujeres tienen derecho a decidir, y a partir de qué momento se torna el embarazo de alguien un asunto público, o en otras palabras, cuándo se justifica que el estado expropie la decisión a las mujeres a favor del feto.

 

@LGlzPlacencia

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