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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
10 apuntes sobre la nueva política de seguridad
Por Alejandro Hope
18 de diciembre, 2012
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El día de ayer, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Presidente Enrique Peña Nieto presentó las líneas generales de su política de seguridad y justicia. El tema da para mucha tinta y muchos bits, pero van algunos comentarios iniciales:

1. El principal cambio es de énfasis. El Presidente omitió cualquier referencia a la delincuencia organizada o al desmantelamiento de los grupos criminales (el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador Jesús Murillo Karam mencionaron al narcotráfico de pasada). En varios momentos, en cambio, se refirió a “la recuperación de la paz y tranquilidad”. Incluso, señaló como objetivo prioritario “reducir la violencia” y, en particular, “disminuir  los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones.”

2. Si el número de homicidios, secuestros y extorsiones va a ser la métrica primordial para evaluar la política del nuevo gobierno, se vuelve absolutamente indispensable garantizar la integridad, confiabilidad y transparencia de las cifras oficiales. No estaría de más empezar con una auditoría pública a las bases de datos de incidencia delictiva (y las de mortalidad del INEGI, de una vez) y replicarla de manera periódica. Y en el mismo tenor, habrá que preocuparse sobremanera si se dejan de publicar cifras mensuales de incidencia delictiva.

3. Sobre las líneas de acción, no sé qué haya de novedoso en la primera (la planeación). Planes hubo por montones en el sexenio de Calderón, en los cuales se asignaban “responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento para cada institución del Gobierno de la República”, inclusive a nivel de operativos específicos (¿O alguien cree que el Ejército y la Marina mueven tropas sin planes operativos?). En el gobierno anterior, la política de seguridad y justicia no pretendía “ser reactiva”, pero luego la maldita realidad se interponía y barría con los mejores planes.

4. Ídem para la segunda línea de acción (la prevención). Da la impresión de que empaquetaron varios programas existentes y denominaron a la suma (115 mil millones de pesos) presupuesto de prevención del delito. De todos los programas específicos mencionados en el discurso presidencial, el único que suena novedoso es la promoción de empresas sociales (¿Funciona esa medida para prevenir delitos? Lo ignoro). Los demás formaban parte, de una forma o de otra, del componente social de la estrategia de seguridad de Calderón (vean esto, si no me creen).

5. El tercer componente (protección y respeto a los derechos humanos) es interesante, aunque tampoco resulta deslumbrantemente innovador. Ya ha habido programas nacionales de derechos humanos y, hasta donde entiendo, las distintas dependencias federales cuentan con múltiples protocolos de actuación (que no se respeten, es otro asunto).No entiendo muy bien eso de impulsar “la legislación en las materias de atención a las víctimas, reparación del daño y uso legítimo de la fuerza” ¿No se suponía que los dos primeros puntos ya estaban atendidos al desistirse el Poder Ejecutivo de la controversia constitucional en contra de la Ley de Víctimas? Las propuestas sobre desaparición forzada y personas no localizadas suenan alentadoras y ameritan un aplauso. Y, sobre la propuesta de “depuración y reestructuración del Instituto Nacional de Migración”, no queda más que preguntar: ¿otra vez?

6. La cuarta línea de acción (la coordinación) es, a mi juicio, el corazón del anuncio. La nueva administración parece apostar a que puede mejorar de manera sustantiva la relación entre dependencias federales y con los demás niveles de gobierno. Sin embargo, el cambio parece más de tono que de sustancia: el Presidente Peña, de manera bastante deliberada, abandonó el lenguaje de confrontación que caracterizó la relación de Felipe Calderón con los gobiernos estatales. Buena noticia, pero me pregunto si será suficiente para alterar la dinámica de las relaciones entre niveles de gobierno.

En concreto, no hay gran cosa en esta materia, salvo el anuncio de que “el territorio nacional se dividirá en cinco regiones operativas”. Suena bien en principio, pero dudo que resulte funcional. Esa misma idea se consideró durante el gobierno de Calderón y se abandonó a los pocos meses. Por dos razones: a) no encaja esa división con la estructura territorial de las dependencias de seguridad, particularmente con la de las Fuerzas Armadas. El Ejército tiene doce regiones militares y la Marina siete regiones navales (en ambos casos, las regiones están subdivididas en múltiples zonas). Establecer una estructura intermedia entre esas regiones y los estados mayores respectivos rompería la línea de mando y acabaría dificultando aún más la coordinación; y, b) la distribución por regiones acaba siendo arbitraria, decidida más por razones de contigüidad que de uniformidad de los problemas o de lógica operativa (por ejemplo, los problemas de seguridad de Veracruz son probablemente más parecidos a los de Coahuila que a los de Puebla). En consecuencia, no le deparo mucho futuro a la idea de “regionalizar el combate a la inseguridad”.

7. La transformación institucional propuesta podría acabar socavando la coordinación deseada. Por una razón sencilla: es inevitable un conflicto semipermanente entre la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Ayer, tras la reunión del CNSP, el Secretario Osorio afirmó en una entrevista que el nuevo cuerpo “será responsable de fortalecer la seguridad en municipios e instalaciones estratégicas como aeropuertos, puertos y fronteras.” Pregunta: ¿qué dependencia es responsable hoy de la seguridad en los aeropuertos? Si adivinaron, ya pueden entender por qué la relación entre PF y Gendarmería va a ser menos que amistosa.

También sobre la Gendarmería, ¿exactamente cómo se va financiar a una fuerza de 10,000 elementos (inicialmente)? La partida anunciada la semana pasada (1500 millones de pesos) no alcanza ni para el arranque: para la PF, se tiene proyectado un presupuesto de 32 mil millones de pesos para 2013 y cuenta con algo menos de 37,000 elementos. La única manera de que cuadre el círculo es que se transfieran a la Gendarmería elementos de SEDENA y SEMAR, con todo y presupuesto para servicios personales. Pero de ser así, la diferencia de remuneración entre policías federales y gendarmes va a ser monumental. Un integrante de la PF gana en promedio el doble que un soldado y un marino, pero sin las prestaciones a las que tienen acceso los miembros de las Fuerzas Armadas (ISSFAM, vivienda, etc.). Los gendarmes estarían en el peor de los mundos: con sueldos bajos, pero sin los beneficios del sistema de seguridad social militar. Tener policías de primera y policías de segunda no parece la mejor receta posible para asegurar la colaboración entre cuerpos de seguridad.

Sobre el mando único, ya se intentó (en 2010) y ya se trabó en el Congreso por oposición de un buen número de alcaldes (panistas, priístas, perredistas y otros). No veo muchas razones para que no suceda lo mismo en esta ocasión. Pero, como bien afirma el Presidente Peña, los estados y municipios que quieran avanzar en esa dirección pueden hacerlo por la vía de convenios. Ojalá varios se animen.

La decisión de fortalecer a la PGR es loable, pero por ahora no es más que intención. No hubo ningún anuncio concreto sobre la Policía Federal Ministerial, los agentes del Ministerio Público o los peritos (salvo una instrucción vaga de “fortalecer su capacidad de actuación”). Asimismo, no se puede más que aplaudir la decisión de acelerar “la implementación del nuevo modelo de justicia penal acusatoria”, pero el aplauso hubiera sido más nutrido si el concepto genérico hubiera estado acompañado de ideas concretas. Ídem para el tema del arraigo.

El anuncio más interesante de esta sección fue la idea de establecer tiempos límites para la “consolidación y restructuración total de las policías estatales.” Lo que no quedo muy claro es que pasaría si se rebasan esas fechas perentorias (digo, no sería la primera vez) ¿Se retirarían los operativos federales? ¿Se reducirían las transferencias federales? ¿O todo se quedaría, como hasta ahora, en regaño y periodicazo? Ojalá sea cualquiera de las dos primeras, pero me temo que va a ser la última.

8. La sexta línea de acción (la evaluación) pareció relleno. No tiene ningún contenido específico o idea concreta. Me dio la impresión de que fue añadida de último minuto al discurso, sin mucha elaboración previa

9. Varios temas brillaron por su ausencia. Como ya se señaló, no hubo mayores referencias a la delincuencia organizada, el narcotráfico o las drogas. Tampoco a varios asuntos que el Presidente Peña ha abordado reiteradamente, en particular el combate al lavado de dinero y las labores de inteligencia. Los temas de cooperación internacional (y, en particular, con Estados Unidos) quedaron relegados ¿Mensajes deliberados u omisiones por presiones de tiempo? Lo ignoro.

10. En resumen, creo que fue un buen discurso en un buen evento, bien armado, bien empaquetado, políticamente astuto. Estuvo, sin embargo, corto de ideas. Y las ideas que si presentó (la Gendarmería o la regionalización) ameritan una discusión de fondo. El resto fue más lista de intenciones que política pública, más una propuesta de campaña que un programa de gobierno. Como punto de arranque no está mal, pero, como bien dice Carlos Puig en su columna de hoy, “lo de ayer —seamos honestos— no es una estrategia; ni nueva ni vieja”.

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