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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Contra las masacres
Por Alejandro Hope
25 de noviembre, 2011
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El siete de octubre de este año, a raíz de las masacres en Veracruz, escribí lo siguiente:

El grupo implicado en esa masacre (el cartel de Sinaloa, presuntamente) puede sentirse satisfecho: fue al territorio del rival, mató a 35 personas, logró que el gobierno federal movilizara efectivos adicionales a la plaza de los adversarios (presuntamente los Zetas), les dificultó la vida y no pagó ningún precio por todo lo anterior.

Desde su perspectiva, matar a decenas de personas de un jalón no genera ningún costo adicional para el grupo responsable (tal vez sea incorrecta esa apreciación, pero en este asunto, la percepción es lo que cuenta).

Mientras no se pinten rayas en la arena, van a seguir multiplicándose atrocidades como la de ayer o la de hace algunos días.

Los acontecimientos de los dos últimos días confirman mis pronósticos. No es que yo sea Nostradamus, pero era obvio que iban a ocurrir masacres como la de Culiacán y, sobre todo, la de Guadalajara. Si los peones del cártel de Sinaloa fueron a Veracruz, mataron a mansalva a 35 personas y el único efecto fue detonar un operativo que le dificulta la vida a los Zetas, ¿por qué los Zetas no habrían de intentar lo mismo en Jalisco? La lógica del acto es impecable.

Entonces, antes de que al gobierno federal se le ocurra lanzar una operación coordinada Jalisco o algo por el estilo, va mi propuesta alternativa para prevenir masacres futuras. Ya la he presentado en otras entradas de este blog, pero la repito porque no me hacen caso y francamente soy muy necio:

  • El Secretario de Gobernación convocaría a una conferencia de prensa para el lunes que entra, transmitida en cadena nacional (y retransmitida varias veces durante el día). Flanqueado por los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, así como por la Procuradora General de la República y el Director General del CISEN, haría los siguientes anuncios: a) el gobierno federal no va a tolerar una sola masacre más; b) a partir del anuncio, todo incidente con ocho o más víctimas mortales va a ser atraído inmediatamente por la PGR (cuenta para estos propósitos el homicidio de ocho o más personas en más de un incidente cuando sea cometido por el mismo grupo, el mismo día, en el mismo municipio o zona metropolitana); c) las investigaciones de esos casos estarán conducidas de manera directa por el titular de la SIEDO y el comisionado de la Policía Federal, con el apoyo irrestricto de todas las unidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas; d) el grupo criminal que cometa la siguiente masacre se va a convertir en el blanco prioritario de persecución del gobierno federal durante los seis meses subsiguientes al acto y va a ser objeto de acoso sistemático con recursos extraordinarios, en todos los frentes, por todas las vías legales, en todo el territorio nacional.
  • De manera paralela, se gestionaría que el gobierno de Estados Unidos, al más alto nivel, haga un anuncio similar e igualmente espectacular. En una conferencia de prensa conjunta, los titulares de los departamentos de justicia y seguridad interna, así como los directores de la CIA, la DEA, el FBI, ICE, CBP y cualquier otra agencia pertinente que se les ocurra, anunciarían que van a brindar asistencia extraordinaria al gobierno de México en todos los incidentes con ocho y más víctimas y que, en caso de ocurrir, le darían atención prioritaria al grupo responsable y a sus asociados de su lado de la frontera.
  • Para reforzar la comunicación, se enviarían representantes de todas las dependencias de seguridad a los 30 principales centros penitenciarios del país para repetir el mensaje. Se organizarían también actos públicos en las 30 ó 40 poblaciones con mayor presencia de la delincuencia organizada y se lanzaría una campaña de medios con el mismo mensaje. El gobierno de Estados Unidos haría lo propio de su lado, en sus prisiones y con sus pandillas.
  • Si algún grupo desoye la advertencia y comete una masacre, se procedería a lanzar una investigación particularmente vigorosa en contra de los responsables y se tomarían de manera inmediata medidas como las siguientes: a) trasladar a varias decenas de presos del grupo responsable a reclusorios lejos de su área de influencia; b) establecer un número extraordinario de puestos de control en las carreteras que conduzcan a las ciudades fronterizas que utilice el grupo para contrabandear drogas a Estados Unidos (ejemplo: si son los Zetas, se instalan retenes en las carreteras que conducen a Nuevo Laredo y Piedras Negras); c) clausurar todos los giros negros y todas las narcotienditas que se le tengan identificados al grupo; d) realizar una redada en varias poblaciones en contra de todas las células conocidas de la banda; e) concentrar todos los esfuerzos de captura de capos en contra de los dos o tres principales dirigentes de la organización criminal seleccionada; f) acelerar los procesos de extradición de personas vinculadas al grupo; y g) cualquier otra medida disruptiva que se le ocurra a las autoridades. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos podría a) reforzar severamente las inspecciones aduaneras en los puertos de entrada que habitualmente utilice el grupo, b) concentrar personal de la Patrulla Fronteriza y de otras agencias en las zonas entre los puertos de entrada seleccionados, y, c) lanzar en su teritorio una redada masiva en contra de los distribuidores de drogas y otras personas asociadas al cártel infractor, similar a la realizada luego del asesinato del agente de ICE en febrero pasado.
  • Una vez lanzada la operación en contra del grupo que no hizo caso a la primera advertencia, se repetiría todo el ejercicio de comunicación descrito arriba, proveyendo detalles de la ofensiva en curso y señalando que el siguiente blanco sería el grupo que cometa la siguiente masacre.
  • Para garantizar la continuidad y credibilidad de la estrategia, se solicitaría a todos los precandidatos presidenciales que declaren públicamente que, de ganar las elecciones, van a mantener como prioridad la prevención de masacres y van a dar atención prioritaria a los grupos que las cometan (quiero ver al guapo o guapa que se niegue a hacerlo). Asimismo, se gestionaría con la CONAGO para que dispongan recursos de las policías estatales para la persecución del grupo prioritario.
  • Si en un plazo de seis meses no hubiera incidentes con ocho o más víctimas, la regla se apretaría: ahora las baterías se apuntarían en contra del primer grupo que botara seis o más cadáveres de un jalón y así sucesivamente (a partir de tres, por ejemplo, se podrían incluir homicidios particularmente brutales o públicos). Se repetiría todo el proceso hasta regresar a un equilibrio de baja violencia.

¿Estoy seguro de que una estrategia de este tipo funcionaría? Por supuesto que no. Pero al menos tendería a alinear correctamente los incentivos: en la situación actual, cometer una salvajada sólo tiene ventajas para los delincuentes. Las masacres intimidan a la población y a las autoridades locales, golpean duro la estructura de los enemigos y, como se vio en el caso de Veracruz, acaban dirigiendo la acción federal en contra de los rivales.  Y todo eso a costo cero: los delincuentes no corren ningún riesgo adicional de ser capturados por las autoridades o por sus rivales si matan a una o a 26 personas. Desde su perspectiva, a partir del muerto dos, todo es gratis.

En cambio, la propuesta de ocho y más actuaría como una suerte de impuesto sobre el homicidio marginal: el muerto ocho les saldría carísimo (y lo sabrían). Y eso tendería no sólo a evitar hechos como los de Guadalajara o Culiacán, sino también a contener algunas de las peores formas de violencia indiscriminada: previsiblemente, no entrarían rafagueando a un bar, no arrojarían una granada en contra de una multitud y no pondrían coches bomba, por temor a pasarse de la cuota.

Eso, por supuesto, no significa acabar con todas las formas de violencia criminal. Pero si implica poner una raya a los peores actos. Como pocas cosas, las masacres, como las de Guadalajara o Culiácán o antes las de Veracruz o Monterrey, generan zozobra entre la población, ahondan la sensación de miedo, golpean la imagen del país y, sobre todo, refuerzan la percepción de impunidad de los delincuentes: si un grupo criminal puede matar sin mayores consecuencias a 26 personas y arrojar los cadáveres en una de las avenidas más transitadas de la segunda ciudad del país, entonces va a concluir que no tiene más límite que su imaginación.

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