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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
Drogas y fantasías en Guatemala
Por Alejandro Hope
8 de marzo, 2012
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Sorpresas te da la vida: Otto Pérez Molina, general retirado guatemalteco, egresado de la Escuela de las Américas, derechista furibundo, con fama de represor y partidario de la mano dura, se ha convertido a últimas fechas en el darling de un sector de la opinión progresista latinoamericana, europea y estadounidense (vean ejemplos aquí, aquí y aquí).

¿Por qué un tratamiento tan amable a un personaje que está en las antípodas ideológicas de varios de sus porristas? Porque Pérez Molina, recién inaugurado Presidente de Guatemala, se ha pronunciado reiteradamente por lo que llama “la despenalización de las drogas”. Nótese que no ha hecho nada, salvo hablar del tema y prometer llevarlo a una cumbre de países centroamericanos, que hay poca o nula precisión en la propuesta y que no queda claro a que drogas se refiere en específico (¿A todas las que hoy están en el régimen internacional de control? ¿A la marihuana? ¿A la cocaína?).

Eso no importa: bastaron un par de pronunciamientos genéricos de Pérez Molina para ponerlo en un pedestal, borrar su reputación de represor, darle una tremenda visibilidad internacional y lograr que Estados Unidos se fije en Guatemala (y, tal vez, obtener más asistencia económica y militar como resultado). Queda claro que de falta de astucia, no lo puede acusar nadie.

Pero queda claro también que, en muchos sentidos, el debate internacional sobre política de drogas es menos serio de lo que debiera ser y que, por momentos, es más una discusión sobre gestos simbólicos que sobre políticas concretas.

Piensen en el caso específico de Guatemala. Nuestro vecino del sur pasa por una muy seria crisis de seguridad: su tasa de homicidio es dos veces superior a la de México, es enorme la incidencia de delitos violentos (secuestro, extorsión, robo), y el fenómeno pandilleril tiene una escala inmensa. Los recursos del Estado guatemalteco no alcanzan para hacer frente a esa crisis: entre las fuerzas armadas y la Policía Nacional Civil, se llega apenas a 30,000 elementos para un país de 14 millones de habitantes.

La crisis se ve agravada sin duda por el tráfico de drogas. Hay diversas bandas criminales (guatemaltecas, hondureñas, mexicanas y colombianas) que utilizan el territorio guatemalteco para almacenar y traficar cocaína que va dirigida al mercado estadounidense, y que recurren de manera creciente a la violencia extrema en sus operaciones.

En sentido estrícto entonces, Guatemala no tiene un  problema de drogas: tiene un problema de cocaína. Los guatemaltecos probablemente se verían beneficiados si se pudiera comerciar libremente esa sustancia (la cual, en condiciones de legalidad, se enviaría directamente de los Andes a los mercados de consumo sin paradas intermedias).

Ahora, ¿existe alguna probabilidad de que ese escenario se materialice en el corto o aún en el mediano plazo (digamos, una década)? Ninguna, por dos razones: 1) la oposición a legalizar o regular el comercio de cocaína es abrumadora en todos o casi todos los países de la Tierra y, sobre todo, en los países consumidores (van aquí encuestas recientes en Estados Unidos y Canadá), y 2) nadie ha definido con precisión un régimen regulatorio alternativo para la cocaína (Transform, un think tank británico favorable a la reforma de la política de drogas, reconoce el problema en este reporte, tal vez el más sofisticado en la materia).

Bueno, pero sí se podría legalizar la marihuana en el corto plazo, ¿no? Sí, tal vez (aunque apuesto doble contra sencillo a que no hay un cambio radical en el régimen internacional de control de cannabis antes de 2020). Pero eso ni le va ni le viene a Guatemala: la producción de marihuana es muy limitada (probablemente no mayor a unas cuantas decenas toneladas al año), dirigida en lo fundamental a surtir a un pequeño mercado nacional ¿Se reduciría la violencia asociada al narcotráfico? Muy poco, si es que algo ¿Se liberarían recursos para combatir otros delitos? No realmente: los esfuerzos de erradicación o de control del comercio de marihuana son muy limitados de por sí (y de hecho, Guatemala podría tener que dedicar más recursos a esas tareas si se impusiese un régimen de regulación legal muy estricto).

Pero, bueno, la marihuana sería el primer paso. Luego, habiendo aprendido a regular la marihuana, vendría naturalemente la legalización/regulación de la cocaína, heroína y metanfetaminas ¿no? Pues no necesariamente. Es perfectamente factible un escenario como el siguiente: se legaliza la marihuana,  no baja mayormente la violencia y persiste un importante mercado negro debido a regulaciones estrictas e impuestos elevados, pero crece y, sobre todo, se hace más visible el consumo. En esas circunstancias, podría sobrevenir una reacción conservadora que liquidaría por un buen rato la posibilidad de legalizar/regular cualquier otra sustancia. Y aunque no la hubiera, previsiblemente tendrían que pasar varios años antes de que la población (tanto en los países de consumo como en los de producción y tránsito) se sintiera lo suficientemente cómoda para dar el brinco del comercio legal de la marihuana al de la cocaína.

Entonces, ¿de que se trata todo esto? ¿Para que dedicar tanto tiempo y espacio a discutir algo que no va a suceder en el futuro previsible, al menos no en las modalidades requeridas para cambiar de fondo la ecuación de seguridad en Centroamérica (y en Colombia y en México)? Por razones simbólicas, porque se rompe el “consenso” de la política prohibicionista y porque abre la puerta a un posible “debate” sobre el régimen internacional de drogas.

Todo eso está muy bien, pero no resuelve el problema de fondo. Pueden Guatemala o Colombia o México tener todos los debates que quieran, pueden llevar el tema a todos los foros pertinentes, pueden impulsar todas las iniciativas diplomáticas que se les ocurran, pero eso no cambia el hecho básico de que el régimen internacional de control de las drogas ilegales, con la posible excepción de la marihuana, va a permanecer más o menos intacto por un buen rato adicional (y aún para la marihuana, el camino todavía es bastante largo).

¿Qué hacemos de aquí a entonces? ¿Qué medidas tomamos para reducir el daño y los costos que impone el tráfico ilegal de drogas en un sinfín de países, pero sobre todo en naciones altamente vulnerables como las centroamericanas? ¿Qué ideas concretas se nos ocurren para el aquí y el ahora?

Esas son las preguntas que deberían ocupar la mayor parte de nuestra imaginación y energía, y no disquisiciones sobre debates hipotéticos que, aunque sucedan, van a acabar en frustración en el futuro previsible.

El presidente Pérez Molina  ha sido suficientemente astuto para apropiarse de un tema medio huérfano, con posibles réditos positivos para su gobierno y su país. Pero supongo que no es ingenuo y que no asume que la legalización de las drogas está en el horizonte político visible. La discusión real e inmediata sobre seguridad, drogas y narcotráfico está en otra parte: eso lo sabe Pérez Molina y eso lo debiéramos de asumir también nosotros.

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