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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
¿El delito se combate con política social?
Por Alejandro Hope
19 de diciembre, 2011
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Al gobierno federal se le acusa a menudo de confiar sólo en la fuerza, de concentrarse en los síntomas de la crisis de seguridad y no en sus causas estructurales. En particular, el reclamo es no contar con una estrategia de política social para modificar las condiciones que permiten la expanión del delito.

¿Es justa la crítica? No del todo: hay varios programas federales con una clara orientación de seguridad (Escuela Segura, Rescate de espacios públicos, etc.) y muchos más que, en algunas circunstancias (en Ciudad Juárez, por ejemplo), han sido desplegados para enfrentar la crisis de violencia.

Pero, asumiendo que todo eso fuera insuficiente, ¿qué debería hacer el gobierno? ¿Qué tipo de intervenciones sociales debería poner en marcha para reducir la inseguridad y la violencia? La respuesta es bastante más complicada de lo que parece a primera vista.

Y es más complicada porque, en primer lugar, no hay una relación directa y automática entre desarrollo socioeconómico y reducción del delito. Es cierto, sin duda, que las sociedades más prósperas y más igualitarias tienden a ser también más seguras. Pero es igualmente cierto que las sociedades más seguras son también más prósperas y más igualitarias: no es evidente el sentido de la causalidad. O más bien, podría existir un tercer factor (cierto nivel de desarrollo institucional, por ejemplo) que explique por igual seguridad, prosperidad y equidad.

Existen, asimismo, numerosos ejemplos de sociedades tradicionales esencialmente seguras, al menos en el sentido de no sufrir de violencia criminal, aún si subsisten otras formas de violencia (conflictos de tierra, violencia intrafamiliar, etc.). Más acceso a satisfactores materiales no hace necesariamente más segura a una sociedad. Hay de hecho alguna evidencia de que, en algunas fases de desarrollo, el crecimiento económico está asociado a un incremento del delito (al fin y al cabo, con más crecimiento, hay más cosas que robar).

Por otra parte, en todo momento  y en toda sociedad, una porción mayúscula de los delitos es obra de una fracción minúscula de la población. Como les comentaba en una entrada reciente, no más de unos cuantos miles de personas son responsables, en cualquier momento dado, de un porcentaje elevadísimo de los actos de violencia criminal en México. La inmensa mayoría de los pobres, los ninis, los marginados y los desempleados no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata.

Eso tiene una implicación de fondo: para propósitos de seguridad, buena parte del presupuesto invertido en programas sociales de corte general se desperdicia. En gigantesco número, los beneficiarios no cometerían delitos sin importar si reciben o no algún tipo de apoyo ¿Eso significa que esas intervenciones no merecen presupuesto? No necesariamente: si un programa social se justifica en sus propios términos, si reduce la pobreza o mejora las condiciones de salud o tiene algún otro tipo de efecto social positivo, adelante. Si además tiene algún impacto positivo sobre los índices delictivos, qué mejor. Pero, por lo regular, los escopetazos presupuestales no son la mejor manera de prevenir los escopetazos físicos

Es mucho mejor idea direccionar los recursos hacia poblaciones con mayor propensión a cometer delitos. Por ejemplo, los usuarios dependientes a los opiáceos (heroína y similares). Son muy pocos, pero tienden a cometer una cantidad excepcional de delitos (sobre todo patrimoniales). Por ello, las llamadas terapias de sustitución o mantenimiento, donde se les provee de manera controlada sustitutos a la heroína como metadona o buprenorfina o aún heroína médica (de manera experimental en algunos países europeos), son tremendamente costo-efectivos: cuestan relativamente poco y previenen muchos delitos. Ya existen en México de manera limitada: ampliarlos sería una buena manera de bajarle a ciertas formas de crimen sin tirar bala.

Algunos programas de reinserción social de presos, con intervenciones múltiples y sostenidas dentro y fuera de la cárcel (atención psicológica, capacitación laboral, etc.), pueden ser igualmente efectivos. No son baratos y no sirven para todos los reclusos, pero hay alguna evidencia de que pueden reducir de manera significativa la reincidencia, sobre todo de primodelincuentes (los que están en el bote por primera vez).

Hay algunas intervenciones un poco más generales, pero aún con cierto grado de focalización, que pueden dar buenos resultados. Por ejemplo, la ampliación de la jornada escolar en secundaria, sobre todo en comunidades con altos índices delictivos, da buenos frutos por un mecanismo muy directo: deja menos horas sin supervisión a adolescentes y por tanto, reduce las oportunidades para que se metan en broncas. Según me comentaron recientemente, ese programa parece estar teniendo buenos efectos en Ciudad Juárez.

Para el largo plazo, la atención perinatal (médica y psicológica) para madres adolescentes parece ser una buena idea. En mismo sentido, los talleres de auto-control y disciplina impartidos a niños de primaria en comunidades de riesgo pueden tener buenos resultados diez años después.

Más en el terreno del desarrollo urbano, el cierre de algunas calles al tránsito de vehículos puede evitar algunos delitos (después de un arma, el instrumento más útil para un delincuente es un vehículo para darse a la fuga). Asimismo, hay algunas formas de recuperación de espacio urbano, englobadas en lo que se conoce como prevención del delito mediante diseño ambiental (CPTED por sus siglas en inglés), que pueden tener efectos disuasivos (a veces por razones muy obvias: se abre el espacio y se reducen los lugares para esconderse).

No busco hacer una lista exhaustiva. Hay muchas intervenciones sociales más para las cuales existe evidencia de efectividad (aquí les dejo una lista parcial). Cualquier propuesta seria en materia de seguridad debe incoporar algunas. Sin embargo, hay que entender las limitaciones: se trata de programas altamente focalizados, dirigidos a poblaciones específicas de infractores actuales o potenciales, con efectos que en ocasiones sólo son visibles en el mediano y largo plazo. No sustituyen la acción de las instituciones de seguridad y justicia.

El delito y la violencia se combaten en muchos terrenos y con muchos instrumentos: la política social es uno, pero no es el primordial. Suponer lo contrario es vivir en terrenos de la fantasía.

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