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Plata o Plomo
Por Alejandro Hope
Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedi... Alejandro Hope es un investigador obsesionado con las drogas, el delito y varios puntos intermedios. No es legalizador, pero tampoco prohibicionista. Cree en racionar el castigo, pero no se le ocurre que la inseguridad se arregla nada más con escuelas y hospitales. Cuando no bloguea, dirige el Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo\\\", iniciativa conjunta en materia de seguridad pública del IMCO y MéxicoEvalúa. Síguelo en @ahope71 (Leer más)
El impacto del pacto compacto
Por Alejandro Hope
18 de octubre, 2011
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Gran ámpula han levantado las declaraciones del Presidente Calderón al New York Times. Como Héctor Aguilar Camín, pienso que el argumento presentado por el Presidente es mucho más matizado que los titulares en la prensa nacional que siguieron a la entrevista. No obstante, los priístas se sienten ofendidos por la afirmación más o menos incontrovertible de que algunos de ellos (y no sólo ellos) piensan que es necesario algún tipo de arreglo con los narcotraficantes para reducir los niveles de violencia. El ruido ha alcanzado suficientes decibeles como para que el New York Times hiciera algo que probablemente rara vez hace: publicar en español la transcripción completa (en español) de la entrevista (incluyendo una breve sección que el Presidente pide que sea “off the record”).

Más allá de lo que dijo o no dijo el Presidente y de lo que los priístas opinen o no sobre un posible pacto con narcotraficantes, el tema amerita una discusión de fondo: ¿se puede “pactar” con delincuentes? ¿El cumplimiento de la ley puede estar sujeto a alguna forma de negociación?

En primer lugar, hay que tener claro lo que significa “pactar” en este contexto. Supongo que nadie está pensando en un pacto formal, notarizado y apostillado, con acto solemne, alusiones a Juárez (el prócer, no la ciudad) y pluma conmemorativa. Lo que se discute es tolerar algunas conductas ilegales (traficar cocaína, por ejemplo) a cambio de un comportamiento razonablemente discreto y pacífico por parte de los delincuentes. El arreglo anterior puede estar, por supuesto, aderezado con una contrapartida económica para los funcionarios pactantes, pero la corrupción abierta es, hasta cierto punto, un asunto tangencial. El tema de fondo es si, en algunas circunstancias, resulta moral y legítimo que la autoridad, con pleno de conocimiento de causa, permita violaciones a la ley.

La pregunta es en cierto sentido ociosa. Si los recursos fueran ilimitados, sería por supuesto una inmoralidad suprema dejar pasar hasta la más mínima transgresión. En el planeta Tierra, donde la escasez es una constante, hay que fijar prioridades y ese ejercicio obliga a permitir algún grado de ilegalidad. No hay que escandalizarse ante ese hecho: todas las policías y todas las fiscalías de todos los países del mundo lo hacen todos los días del año ¿No se pasean decenas de prostitutas por las calles de Londres o París o Ginebra, a plena vista de la policía? ¿No se instalan a diario puestos ilegales en la Quinta Avenida de Nueva York? ¿No trabajan miles de inmigrantes ilegales en los restaurantes de Madrid, Amsterdam o Estocolmo? ¿Por qué se permiten violaciones tan flagrantes a la ley? ¿Por qué las autoridades no detienen y procesan a los infractores? Por una razón muy sencilla: porque policías, fiscales y jueces tienen cosas mejores que hacer (como capturar y juzgar a homicidas, por ejemplo).

La “tolerancia cero” es una fantasía cruel, inaplicable e inaplicada (en Nueva York, bajo Giuliani, nunca se persiguió con igual vigor a todas las formas de ilegalidad). No me parece que el Presidente Calderón la pregone. Más bien, argumenta que hay ciertas formas de delito que hacen imposible algún tipo de acomodo con los delincuentes, no por lo que quiera o no quiera la autoridad, sino porque la actividad misma requiere de control territorial y, por tanto, de violencia y de policías capturadas. El Presidente ubica al narcomenudeo en esa categoría.

El argumento no es absurdo. El narcomenudeo tiende a ser, en efecto, mucho más violento por peso de ingreso que el tráfico de drogas a gran escala. Tres razones determinan esa condición: hay más transacciones, más participantes y más visibilidad. En consecuencia, todo mundo está más expuesto y todo mundo está más armado. Sin embargo, hay de narcomenudeo a narcomenudeo: la venta de drogas en Polanco se realiza mediante entrega a domicilio tras llamada a celular (al menos, eso me cuentan); la venta de drogas en el sector Delicias de Ciudad Juárez se da en las esquinas, en plena vía pública. En un caso, la actividad es discreta, en el otro, es flagrante. Supongo que no es necesario explicar porque el segundo modelo es mucho más violento y disruptivo que el primero.

Considerando que, en un país medianamente libre, no se puede suprimir la venta de drogas, es un objetivo legítimo de política pública empujar el narcomenudeo del modelo flagrante al modelo discreto. Y hay maneras de hacerlo: allí está, por ejemplo, la experiencia de High Point, Carolina del Norte (replicada después en decenas de ciudades), donde con sólo cinco detenciones, la policía local logró en 24 horas clausurar permanentemente un mercado de drogas en vía pública que había funcionado durante dos décadas. Notoriamente, el éxito de la intervención dependió de no detener a la mayoría de los narcomenudistas, a pesar de que se contaba con pruebas suficientes para enviarlos al frío un muy buen rato ¿Se consiguió con ello eliminar el comercio de drogas ilegales? Por supuesto que no, pero si se consiguió que se diera en modalidades mucho menos tóxicas para la comunidad circundante (ya se los he recomendado, pero lean este libro de David M. Kennedy para una descripción a detalle de esa y otras intervenciones similares).

El asunto rebasa con mucho el tema específico del narcomenudeo. Hay formas y modalidades de delito que son mucho peores que otras. Si no se puede eliminar el delito, ya sea por falta de recursos o porque se desea preservar un marco de libertades públicas (hay que recordar que nadie en el siglo XX fue tan eficaz combatiendo a la delincuencia organizada como Benito Mussolini), el objetivo debe ser reducir los daños que provoque. Y eso significa concentrar recursos en los peores actos, en los peores transgresores, en las modalidades más nocivas, así sea al costo de tolerar otras formas menos tóxicas de ilegalidad.

México no puede destruir a la delincuencia organizada, pero si puede modular su comportamiento, hacerla menos violenta, menos destructiva, menos capaz de dañar a inocentes. Si eso es pactar con el crimen, súmenme a los pactantes y díganme donde pongo la firma.

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